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La abogada Leyli Santizo, exmandataria de la Cicig, fue ligada a proceso se??alada del delito de colusi??n.
El Gobierno de EE. UU. volvi?? a mostrar este martes 8 de marzo su preocupaci??n por la ola de capturas de exfiscales anticorrupci??n, as?? como por los procesos encaminados por parte del Ministerio P??blico (MP)??en contra de jueces independientes,??mediante una serie de ???ataques descarados??? en contra de la administraci??n de justicia.
El pronunciamiento de Washington se da en momentos en que dos exfiscales de la Fiscal??a Especial contra la Impunidad (Feci) y una exmandataria de la extinta Comisi??n Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) fueran ligadas a proceso penal por casos que, en principio, el MP mantuvo bajo reserva judicial.
???Estados Unidos est?? profundamente preocupado por los continuos y descarados ataques de la procuradora -Fiscal- general de Guatemala, Consuelo Porras, contra el sistema de justicia de Guatemala a trav??s de arrestos y detenciones por motivos pol??ticos de servidores p??blicos actuales y anteriores que luchan contra la corrupci??n???, se??al?? Ned Price, portavoz del Departamento de Estado de EE. UU.
El comunicado agrega que ???los informes de retrasos repetidos y poco comunes en las audiencias de lectura de cargos, la retenci??n de informaci??n a los abogados defensores, la negativa a celebrar audiencias p??blicas y la filtraci??n de detalles de casos sellados a entidades en l??nea plantean serias preocupaciones con respecto a la imparcialidad de estos procedimientos???.
Agrega que, ???adem??s del arresto de al menos seis fiscales anticorrupci??n anteriores y actuales, otros fiscales se han visto obligados a huir del pa??s y contin??an los esfuerzos para eliminar la inmunidad de jueces y fiscales anticorrupci??n adicionales???.
???Estados Unidos hace un llamado al Gobierno de Guatemala para que respete los derechos humanos de todas las personas, incluso garantizando juicios justos y asegurando la seguridad personal y el trato justo y transparente de todos los actores del sector de la justicia???, enfatiza el comunicado del Departamento de Estado.
El documento concluye que ???los esfuerzos de la fiscal general -Consuelo Porras- para atacar a los fiscales anticorrupci??n y otros fiscales siguen una tendencia preocupante de corrupci??n y el debilitamiento de las instituciones y los procesos democr??ticos en Guatemala???.
Preocupaci??n generalizada
Hace unos d??as, la Comisi??n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) mostr?? preocupaci??n por los casos que, seg??n su percepci??n, son parte de un plan de persecuci??n judicial en contra de jueces y fiscales que lucharon contra la corrupci??n y la impunidad en Guatemala.
Entre los casos que enumera la CIDH en su pronunciamiento est?? la captura de Willy Racanac L??pez y Paola Mishelle Escobar Qui????nez, auxiliares fiscales de la Feci por el supuesto delito de abuso de autoridad, un hecho ocurrido el 16 de febrero pasado.
Agrega que, adem??s, ???se gir?? una orden de captura en contra de Rudy Antonio Herrera Lemus, exagente fiscal, y Aliss Noem?? Mor??n, exauxiliar fiscal, quien el 17 de febrero se present?? ante el Juzgado Tercero Penal y se encuentra bajo prisi??n provisional???. Estas personas participaron en la investigaci??n del Caso Comisiones Paralelas 2020.
Recuerda el caso de??Eva Siomara Sosa, exfiscal de la Feci,??quien el 15 de febrero reci??n pasado fue detenida luego de presentarse ???voluntariamente??? ante el Juzgado Tercero Penal tras conocer que exist??a una orden de captura en su contra.
Refiere que el 10 de febrero ??ltimo ???se tuvo conocimiento de la detenci??n de Leily Santizo, exmandataria de la Cicig. Seg??n la informaci??n, ambas se encontrar??an detenidas sin que hasta la fecha se haya llevado a cabo la audiencia de primera declaraci??n y, seg??n lo indicado, las investigaciones ser??an una represalia por su trabajo???.
???Tanto Eva Siomara Sosa como Leily Santizo lideraron casos de alto impacto y anticorrupci??n durante el mandato de la Cicig???, refiere el pronunciamiento que agrega que ???la detenci??n de Leily Santizo tambi??n estar??a relacionada con la labor que actualmente desempe??a como defensora de operadores y operadoras de justicia reconocidos por su desempe??o independiente???.
???La informaci??n disponible indica que las abogadas no habr??an sido informadas de las acusaciones en su contra ya que el expediente se encuentra bajo reserva judicial. Al respecto, el Estado indic?? que no resultaba ???posible ahondar en detalles???, pero que las ??rdenes de aprehensi??n solicitadas ???se basaron en indicios suficientes que el juez analiz?? para autorizarlas???.
Adem??s,??menciona que el 9 de febrero reci??n pasado,??la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declar?? procedente una solicitud de antejuicio y retirar la inmunidad de Pablo Xitumul de Paz, juez de Mayor Riesgo C,??al tiempo que se orden?? continuar con las diligencias de antejuicio en contra de Erika Aif??n, jueza de Mayor Riesgo D, quienes son beneficiarias de medidas cautelares otorgadas por la CIDH.
???Por su parte, el Estado de Guatemala se??al?? que no se criminaliza a funcionarios, jueces o abogados, sino que se pretende el estricto cumplimiento de la ley y del debido proceso. Asimismo, inform?? que a toda persona acusada se le permite una defensa apropiada???, dice el pronunciamiento; sin embargo, la Corte se??ala que el antejuicio en Guatemala se est?? utilizando como un mecanismo de intimidaci??n.
???Si bien el antejuicio constituye una garant??a constitucional a favor de las y los operadores de justicia a fin de que no sean indebidamente sometidos a proceso penal, la CIDH ha observado que, en el contexto guatemalteco, dicho procedimiento es empleado como mecanismo para intimidar, amedrentar y/o eventualmente retirarles de sus cargos???, pero ante eso el Estado se??al?? que, ???a trav??s de los procedimientos establecidos en su legislaci??n, resguarda plenamente la estabilidad en el desempe??o de los cargos, as?? como su independencia judicial???.
Postura del MP
En tanto, la Fiscal??a se??al?? que ???el Ministerio P??blico tiene la obligaci??n de investigar todas las denuncias que se presentan, el no hacerlo representar??a corrupci??n. En ese sentido, todas las investigaciones se realizan con estricto apego al principio de legalidad, de forma objetiva, imparcial y garantizando el respeto a los derechos humanos de las partes procesales???
A??ade que ???realizar una investigaci??n y cumplir con la funci??n del Ministerio P??blico jam??s puede catalogarse como criminalizaci??n pues ninguna persona es superior a la la ley y es a trav??s de la investigaci??n que se establece la posible responsabilidad en la comisi??n de un delito y es un juez de garant??as quien resuelve???.
A??ade que ???el Ministerio P??blico en cumplimiento a su mandato legal y constitucional debe investigar y velar por el estricto cumplimiento de la ley, siendo parte de un sistema de justicia en el cual cada instituci??n tiene un rol espec??fico, tal es el caso de la programaci??n de audiencias, a la cual hace menci??n el pronunciamiento, situaci??n que no depende del Ministerio P??blico???.
