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La Secretaría de Política Criminal del Ministerio Público (MP), dirigida por María Teresa Centeno, adquirió productos de farmacia, químicos y de bioseguridad a la empresa Roca Importadores S.A. (ROCAIMSA), lo cual llama la atención porque la hija de la representante legal de la compañía es pareja sentimental del hijo de Centeno.
Ana Cristina Roca es la representante legal de la empresa en mención, según consta en los registros del Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (Guatecompras).
ROCAIMSA obtuvo durante 2020 un total de 12 contratos con distintas entidades del estado, entre municipalidades, un instituto y ministerios, por los cuales apercibió Q153,509.50. Siete de esos contratos fueron para el Ministerio Público, por un monto de Q106,644.50.
La razón social tiene registrados al menos 7 nombres comerciales entre ellos, ROCAIMSA, quien ha sido proveedor del MP durante la pandemia del Covid-19 de productos de desinfección.
VÍNCULOS FAMILIARES
Ana Cristina Roca es madre de María Fernanda Ríos Roca, quien a su vez es la pareja sentimental de Rodrigo Vásquez Centeno, hijo de la funcionaria del MP, María Teresa Centeno, explicó una fuente a La Hora, que conoce de la situación pero que solicitó el anonimato.
En la cuenta de la red social Facebook de María Ríos Roca se observó el catálogo de productos que ofrecen como mascarillas, caretas, trajes de bioseguridad, químicos y desinfectantes, entre otros, los cuales son comercializados por ROCAIMSA.
LAS COMPRAS
La secretaria de Política Criminal del MP, María Teresa Centeno solicitó compras de productos farmacéuticos, químicos y médicos al departamento de Tesorería, provenientes de la empresa ROCAIMSA, propiedad de la familia Roca.
En total fueron 7 compras hechas a dicha entidad comercial, que en suma hacen un total de Q106,644.5
DETALLE DE PRODUCTOS
Compra de cajas de guantes, batas descartables, trajes de bioseguridad, Trajes de protección Tallas S, L, M y XL, mascarillas KN-95, amonio en presentación de galón y alcohol desinfectante.
Estos productos se destinaron para uso de la Secretaría de Política Criminal y en los diversos escenarios criminalísticos por el personal de escena del crimen a nivel nacional de la dirección de investigaciones criminalísticas del MP.
La adquisición más elevada fue por Q63,750 por la compra de 750 trajes de bioseguridad, dentro del proceso se postularon 6 empresas que fueron descartadas, porque según la Directora de Investigación Criminal Operativa, María Mendoza Sierra, los productos no ofrecían las características técnicas requeridas y las ofertas presentadas eran de otra calidad, para los intereses del MP, se consta en los documentos de Guatecompras.
Posterior a esa compra, se aceptó una propuesta más, esta vez fue de la empresa ROCAIMSA, quien presentó la licitación de 750 trajes por un costo de Q85 por unidad, lo que da en total Q63,750. El resto de las compras oscila entre los Q2 mil y Q10 mil.
En otra de las compras hechas por el MP correspondiente al 6 de julio de 2020, se observa la adquisición de 84 mascarillas KN-95 a un precio unitario de Q24.00 el valor total de esa adquisición fue de Q2,016. En el perfil de la red social Facebook de Fernanda Roca se observó que el precio por unidad es de Q25, por docena Q23.00 y el ciento por un valor de Q20.00.
Sin embargo, en otra compra registrada el 4 de noviembre de 2020 se adquirieron mil mascarillas KN-95 a un precio de Q10.00 la unidad. Un “descuento” bastante significativo con relación a los precios estipulados de Q20.00 por cada ciento.
Las mascarillas que se asemejan a ese precio son las que tienen la especificación “quirúrgica” con un valor de Q7.00 la unidad.
CENTENO FUE NOMBRADA POR FISCAL PORRAS
La Fiscal General, Consuelo Porras nombró a María Teresa Centeno como Secretaria de Política Criminal MP en enero de 2020. Centeno reemplazó en el cargo a Julio César Cordón Aguilar, quien presentó su renuncia al cargo por motivos profesionales
El MP informó, por medio de un comunicado, que Centeno fue designada como Secretaria de Política Criminal por su destacada trayectoria, capacidad y reconocida honorabilidad.
María Teresa Centeno ocupó el cargo de Primera Subsecretaria General del Ministerio Público desde mayo de 2018, cuando María Consuelo Porras asumió como Fiscal General.
Tiene una maestría en derecho penal y estudios de doctorado en derecho y en sociología. A lo largo de su carrera ocupó puestos de Fiscal de Menores y en la Procuraduría General de la Nación (PGN) fungió como jefa del Medio Ambiente y de la Unidad de la Mujer.
ANALISTAS OBSERVAN UN CLARO TRÁFICO DE INFLUENCIAS
Ante los hechos presentados, La Hora consultó al presidente de Acción Ciudadana (AC), Manfredo Marroquín si dentro de estas negociaciones podría haber tráfico de influencias, a lo que respondió, “eso abiertamente, es una contratación con conflicto de interés, tráfico de influencias y muchas prácticas reconocidas como corruptas”.
Marroquín añadió que es una pena que estas situaciones se den en el MP, ya que debería ser la entidad que ponga el ejemplo.
“Es una pena que el Ministerio Público es el que esté dando ese tipo de malos ejemplos a otras instituciones del Estado, y que también la Contraloría brilla por su ausencia porque no tiene capacidad de identificar estas malas prácticas y sancionarlas ejemplarmente”, manifestó.
Foto La Hora
El presidente de AC enfatizó en que esto representa un retroceso en las instituciones del Estado. “Estar dando el ejemplo con una funcionaria de alto nivel del Ministerio Público es una pena y es parte del retroceso que están sufriendo las instituciones del Estado por la corrupción”.
Por otro lado, Luis Linares, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES) señaló que estas son prácticas inaceptables. “Definitivamente cae en conflicto de intereses y por lo tanto en acciones que no son aceptables, porque se puede presumir a partir de la participación de una persona con vínculos por afinidad o consanguíneos con funcionarios de gobierno, dada la tradición y práctica reiterada, de manipulación de las adquisiciones públicas, esto pone en duda la forma correcta y probidad que pueda haber en ese tipo de negociaciones”.
Para Linares, lo correcto es que los funcionarios se abstengan de favorecer a personas vinculadas con ellos mismos.
“Yo creo que aparte de los impedimentos de ley, una norma básica en la democracia y en la función pública ejercida con principios democráticos es la autocontención de parte de funcionarios, en este caso aun cuando no hubiera prohibición legal lo correcto es que un funcionario se abstenga de favorecer a personas o incluso pedirles a personas vinculadas con el que no participen en este tipo de procesos”, remarcó.
LaHoraGT
