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El presidente del Congreso, Allan Rodríguez, convocó para esta tarde la Sesión Solemne en donde se buscaba juramentar a ocho de los diez magistrados titulares y suplentes electos a la Corte de Constitucionalidad (CC), período 2021-2026. No obstante, la magistrada Gloria Porras, designada por el Consejo Superior Universitario (CSU), no pudo tomar juramento.
Durante la sesión se esperaba que fueran juramentados cuatro magistrados titulares y cuatro suplentes de la CC; quedando pendiente la del magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Néster Vásquez, ya que el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala aún no resuelve impugnaciones en contra de su designación.
PORRAS NO FUE JURAMENTADA
Porras fue designada por parte del CSU y se esperaba que fuera juramentada, pero el presidente del Congreso Allan Rodríguez anunció que habían sido notificados de un amparo que no permitía la juramentación de la magistrada electa Gloria Porras.
En ese contexto, el abogado Raúl Falla de la Fundación Contra el Terrorismo, pocas horas antes del inicio de la Sesión Solemne aseguró en su cuenta de Twitter que otorgaron un amparo provisional para que el Consejo Superior Universitario (CSU) conozca las impugnaciones presentadas durante en proceso.
Sobre esto el abogado expresó en redes sociales: “Se conoce el otorgamiento de un amparo provisional otorgado a un candidato a la @CC_Guatemala por el Consejo Superior Universitario, ante la negativa de conocer el recurso de reposición. Ello equivale a que Gloria Porras, no puede ser juramentada y quedará sin antejuicio. Cárcel”.
Horas antes se difundió en redes sociales que un amparo interpuesto en contra del Consejo Superior Universitario (CSU) por Guatemala Inmortal, organización representada por la abogada Amanda Santizo y que buscaba frenar la juramentación de la Magistrada Gloria Porras. Había sido solo aceptado para su trámite por parte de la Sala Sexta de los Contencioso Administrativo.
Santizo presentó el amparo contra el CSU el pasado 26 de marzo, debido a que se rechazó una impugnación que ella misma planteó contra la reelección de la magistrada titular Gloria Porras para el periodo 2021-2026 a la Corte de Constitucionalidad (CC), en ese momento argumentó que “se cometió una violación constitucional”, al rechazar su objeción.
La abogada Amanda Santizo presentó el amparo ante la CC contra Congreso de la República aduciendo que existe amenaza de que la autoridad impugnada juramente a Gloria Porras quien por enfrentar actualmente un proceso de antejuicio vulnera el artículo 113 de la Constitución Política de la República.
EL SEGURO DEL DECRETO
“En su oportunidad, recibida la comunicación pertinente por parte de la Asamblea del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, el Congreso de la República emitirá el Decreto que integre a los profesionales del derecho designados como magistrados titular y suplente por dicho Colegio, luego de la conclusión de los procesos de impugnación que fueron planteados. AI cumplirse los presupuestos establecidos en el artículo 156 de la Ley de Amparo y de Constitucionalidad, concurrirán todos los profesionales que hayan sido designados como Magistrados Titulares y Suplentes, en tanto no existan acciones o incidencias legales que modifiquen cada caso particular”, decía el artículo 2 del decreto de integración de la CC y este fue el argumento utilizado para no juramentar a Porras.
AL MENOS 19 AMPAROS RODEARON PROCESO
La juramentación se dio en medio de un total de 19 amparos que han sido interpuestos en contra de la designación de algunos magistrados designados que hoy fueron juramentados en el Congreso.
Una de las acciones interpuestas durante el proceso de elección fue, la de los diputados Orlando Joaquín Blanco Lapola y Carlos Alberto Barreda en contra del Congreso, en donde señalaron el “incumplimiento del Congreso de la República de Guatemala, de la obligación de realizar una “Convocatoria expresa” de conformidad con lo establecido en el Artículo 154 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad.
Manfredo Roberto Marroquín y Eddie Josué Cux también accionaron en contra del Congreso por la asignación de Magistrados titular y Suplente para la Corte de Constitucionalidad período 2021-2026 contenido en el Acuerdo 9-2021. Dicho organismo designó a Dina Ochoa como Magistrada titular y Luis Rosales, como suplente.
Así como la acción interpuesta por el abogado Alfonso Carrillo Marroquín, quien, a través de un amparo, señaló al Presidente de la República y Consejo de Ministros por la omisión de convocar al proceso de elección de Magistrados Titular y Suplente a la Corte de Constitucionalidad, en inobservancia del plazo para la integración oportuna de la Corte.
Además de la omisión de elaborar y publicar con suficiente antelación el perfil del puesto exigido a los aspirantes al cargo. Amenaza inminente, futura y cierta que la autoridad denunciada tome la participación de candidatos que no hayan calificado y que no cumplan con los méritos que establece laLey.
Así también la amenaza inminente, futura y cierta, que la autoridad recurrida incluya y tome en consideración candidatos al cargo de Magistrado Titular y suplente sin que haya examinado y documentado la vida de cada aspirante.
El Ejecutivo designó a Leyla Lemus, como magistrada titular y a Juan José Samayoa como magistrado suplente.
También se interpusieron acciones en contra de la CSJ, una de ellas fue interpuesta por Álvaro Montenegro Muralles y Ramiro Manuel Marín Guerra, esta por la designación del abogado Roberto Molina Barreto como magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad designado por parte de la Corte Suprema de Justicia, quien consideran que, no reúne las condiciones exigidas en los artículos 113 y 270 de la Constitución Política de la República de Guatemala y 151 y 152 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, para ocupar dicho cargo, y porque en el proceso de designación se cometieron arbitrariedades que solo pueden ser subsanados vía acción constitucional de amparo.
CONGRESO SÍ JURAMENTÓ A MOTO
El Congreso hoy argumentó que no podían juramentar a Porras porque estaban pendientes de resolver impugnaciones, pero esa no fue la situación en la juramentación a Mynor Moto.
El Colegio de Abogados notificó al Congreso que había imputaciones en proceso y aun así procedieron con la juramentación, aunque luego Moto nunca pudo tomar posesión. Esa vez, el exjuez fue amparado provisionalmente por la Sala Primera de Apelaciones.
Esto sucedió el 26 de enero, cuando la Junta Directiva, de manera apresurada y ajustada, realizó la juramentación de Mynor Mauricio Moto Morataya, como magistrado titular de la Corte Constitucionalidad, previamente magistrados de la CC dieron trámite a un amparo ante la amenaza de dicha juramentación y además, en ese entonces existían 6 apelaciones contra el proceso pendientes de resolver.
Dicho amparo fue aceptado para su trámite, sin embargo, al momento de notificar al Congreso del informe requerido, el Legislativo se rehusaba a recibirlo. El notificador de la CC arribó al parlamento a las 18:00 horas y no fue hasta casi 45 minutos después que fue recibido, luego de las presiones ejercidas por algunos diputados de la oposición y aún así el exjuez fue juramentado.
LaHoraGT
