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Luego de la aprobación por parte del Congreso de la República de las reformas a la Ley de Contrataciones del Estado (LCE), el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), a través de un comunicado, recomienda al presidente Alejando Giammattei, vetarlo por contener disposiciones que abren espacios para abusos y corrupción. Además, aseveran que las mismas son contrarias a los esfuerzos por la formalización económica.
“Debido a las deficiencias graves y carencia de estudios técnicos que respalden y justifiquen las reformas a la LCE aprobadas en el Decreto No. 4-2021, el Icefi recomienda al presidente de la República vetarlo de conformidad con el derecho que le confiere el artículo 178 de la Constitución Política de la República, devolviéndolo al Congreso con observaciones, las cuales deben fundamentarse en los análisis técnicos que emitan los entes rectores en la materia, especialmente del Ministerio de Finanzas Públicas y la SAT”, enfatiza el documento.
Además, exponen que, en caso el presidente Giammattei atienda la recomendación de vetar el Decreto No. 4-2021 y lo devuelva con observaciones, el Icefi recomienda al Congreso de la República instalar una mesa técnica abierta y transparente en la que se analice y discuta con el debido rigor técnico la ruta hacia una reforma estructural del sistema de adquisiciones públicas, y no limitarse a reformas legislativas parciales y mal diseñadas.
“La experiencia ha demostrado la conveniencia de que, en estos espacios técnicos, además de la participación de las entidades del Estado con las principales responsabilidades y rectorías en materia de adquisiciones públicas, se invite a la sociedad civil organizada, incluyendo a la academia y a los centros de investigación y pensamiento con capacidad técnica de análisis y propuesta”, añaden.
DECISIONES NO DEBEN RESPONDER A INTERESES POLÍTICOS
El Instituto asevera que, las decisiones de interés y relevancia para la política fiscal, como reformar la LCE, deben fundamentarse en criterios técnicos, y no responder a intereses políticos como el cumplimiento de promesas de campaña electoral, el cabildeo o la presión de sectores como la Anam, orientándose siempre a fortalecer la transparencia fiscal, la lucha contra la corrupción y a mejorar las capacidades de las entidades del Estado.
En este momento en que la sociedad exige una mayor transparencia y control sobre el gasto público ante los diversos casos de corrupción, malos manejos y despilfarro del erario nacional, la sanción de este Decreto acrecentará la desconfianza ciudadana en el gobierno central y las municipalidades, y debilitará más la legitimidad de quienes ostentan el poder público.
REFORMA TENDRÁ EFECTOS PERJUDICIALES
De acuerdo con el Icefi, la reforma al artículo 43 de la LCE, la cual eleva los montos límite para la modalidad de Compra de baja cuantía de Q25,000.00 a Q100,000.00, y para la modalidad de Compra directa de Q90,000.00 a Q200,000.00, tendrá efectos perjudiciales.
“Los estudios y análisis del Icefi sobre la corrupción en el norte de Centroamérica, muestran que las operaciones de adquisición pública son el blanco más frecuente de fraudes, y dentro de estos, destacan el abuso de mecanismos opacos, poco competitivos y poco controlados como la compra de baja cuantía, especialmente cuando se fraccionan compras y contrataciones con la intención de evadir los controles que aplican a las otras modalidades de adquisición pública establecidas en la LCE”, enfatiza el Instituto.
En tal sentido, remarcan que, la reforma aprobada facilita estos abusos y dificulta el trabajo de la Contraloría General de Cuentas para fiscalizar las operaciones.
ARGUMENTOS PARA REFORMAR LA LEY SON PREOCUPANTES
En el documento señalan que, el Icefi ve con preocupación los argumentos de los ponentes y defensores de la reforma. En esa línea se detalla que la Anam sostiene que muchas municipalidades tienen dificultades para cumplir con los requisitos y controles que la LCE establece para las modalidades competitivas y transparentes, como la cotización pública, la licitación pública, el contrato abierto o la subasta electrónica inversa, y por ello era conveniente elevar el límite de las modalidades de compra de baja cuantía y compra directa.
En contraste a ello, el Icefi considera que este argumento es contrario a la obligación que entidades estatales adquirientes, y proveedores y contratistas privados mejoren y desarrollen capacidades para cumplir con requisitos mínimos de transparencia como la oferta electrónica, una medida importante para transparentar las adquisiciones públicas.
Por ello, lamentan que la reforma aprobada, pues a decir del Instituto, es un claro retroceso en estos esfuerzos –transparencia en adquisiciones públicas–.
OTROS EFECTOS NEGATIVOS
En el comunicado, el Icefi advierte que, además de ampliar los espacios para el abuso y la corrupción, y de constituir un retroceso en los esfuerzos por modernizar y transparentar las adquisiciones públicas, la reforma tiene efectos negativos en otros campos de la política fiscal como la tributación.
Explican que, uno de los objetivos explícitos es permitir que proveedores y contratistas no estén obligados a emitir factura electrónica por operaciones en compra de baja cuantía por montos mayores, lo cual, a criterio del Instituto, es contraproducente por ir en sentido contrario a los esfuerzos de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) por generalizar el uso de la factura electrónica, como mecanismo de formalización económica y de regularización tributaria.
LA APROBACIÓN
El 28 de abril, con 82 votos a favor y 24 en contra, la alianza oficialista avaló la iniciativa que impulsó la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam). El pleno de diputados al Congreso de la República aprobó el Decreto 4-2021 que reforma a la Ley de Contrataciones del Estado, aumentando el monto de compras por cotización de Q90 mil a Q200 mil, así también se modifica la recepción de ofertas para licitaciones de baja cuantía.
LaHoraGT
