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Ayer el Ministerio Público (MP) comunicó la detención de once señalados por la comisión de delitos consignados en el caso “Diario Militar”, en el cual se detalla una recopilación de información sobre el seguimiento, capturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas de personas durante los años ochenta por parte de las fuerzas de seguridad guatemaltecas.
En tal contexto, algunos diputados se expresaron en contra de la aprehensión de los vinculados y cuestionando los argumentos que utilizó el ente investigador para realizar las detenciones. Además, se refirieron a las acciones de la Procuraduría de los Derechos Humanos, comparando la situación con Juan Solórzano Foppa y Aníbal Argüello, quienes fueron aprehendidos recientemente por un caso a cargo de la Fiscalía de Delitos Electorales.
Álvaro Arzú Escobar, diputado por el partido Unionista se pronunció en redes sociales sobre la detención de las personas referidas en el caso, “«Se debe citar y no aprehender» decían hace 8 días, hoy celebran arresto de ancianos con serios problemas de salud por un expediente por el que en 24 años no han evadido la justicia”, comentó Arzú Escobar; del mismo modo reiteró su apoyo con los implicados “¡Mi solidaridad héroes de guerra, defendieron la soberanía del país y nos salvaron del comunismo!”, expuso el legislador.
Por su parte, el diputado Aníbal Rojas, de VIVA, secundó el tweet de Arzú, destacando: “Y no veo a los de la PDH verificando que se respeten sus derechos humanos igual que a Foppa”.
En la misma línea, el exdiputado Juan Ramón Lau, señaló: “en dónde están estos !!! –haciendo referencia a la fotografía de la PDH-, Dónde está el derecho de igual??”.
A las manifestaciones de los legisladores, se unió el abogado Giovanni Fratti, quien señaló en redes sociales: “Diario militar es doc (Sic) falso que no tiene cadena de custodia legal, adquirido con dinero sucio de wola, ong de extrm izq (Sic) para mantener persecución ilegal contra el ejército violando ley de reconciliación nacional y la amnistía! MP tiene a guerrilleros persiguiendo a militares!!!”, aseveró.
Mientras que la Fundación Contra el Terrorismo expuso que El Diario Militar no es un documento auténtico y es una “Falsificación elaborada con el propósito de ganar $10 millones en resarcimientos”.
ORGANIZACIONES SE PRONUNCIAN A FAVOR DE LAS FAMILIAS DE VÍCTIMAS DEL DIARIO MILITAR
Ante la captura de los doce individuos, familiares de víctimas del caso Diario Militar emitieron un comunicado a través de las redes de la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Guatemala (Famdegua). En él, los afectados explican que desde hace más de 37 años han luchado por esclarecer los hechos. Según relatan, desde las detenciones ilegales de sus familiares se acercaron al sistema de justicia, quien les negó la atención. Debido a la falta de apoyo por la Justicia, se avocaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual en 2012 dictó una sentencia que demandó al Estado guatemalteco investigar los hechos y a sus implicados.
“Con alta expectativa y confianza en que la justicia prevalecerá e impedirá que la impunidad continúe en este caso, saludamos al sistema de justicia, en especial, a la Fiscalía de los Derechos Humanos del Ministerio Público, por lo accionado contra altos mandos del ejército de Guatemala. Sobre todo, porque la justicia transicional, sobre delitos de lesa humanidad, es una cuenta pendiente en Guatemala”, refiere el texto.
Del mismo modo, demandan al Estado la garantía de la integridad de los familiares de las víctimas y sobrevivientes que son atacados continuamente por miembros del pacto de corruptos e impunidad por medio de listas y ataques en redes sociales por su trabajo en favor de los derechos humanos. A la comunidad internacional piden la continua observación para garantizar el debido proceso judicial y acompañar a las familias.
Tomando en cuenta el contexto anterior, Hijos e Hijas por la Identidad y Justicia contra el Olvido y Silencio (H.I.J.O.S Guatemala) se solidarizó con las familias afectadas por los actos plasmados en el Diario Militar.
“Nos solidarizamos, reivindicamos y acuerpamos la lucha y la valentía de las y los familiares en su búsqueda de justicia como derecho irrenunciable, pues confirma nuevamente que siempre hemos dicho la verdad: nuestros padres, madres y familiares fueron detenidos y desaparecidos por el ejército de Guatemala y sometidos a graves vejámenes para impedir transformaciones justas en el país y proteger los privilegios de los grupos criminales de poder económico y político”, expresó H.I.J.O.S.
La organización pide justicia para los familiares, del mismo modo exigen la aplicación de la ley a quienes atacaron, torturaron, desaparecieron a guatemaltecos. Para el grupo, este tipo de casos históricos ha obstaculizado la construcción de una Guatemala con justicia social.
“Exigimos que los ex militares y torturadores detenidos confiesen el paradero de nuestros y nuestras familiares a quienes detuvieron y desaparecieron, y que nos devuelvan los restos de nuestros seres queridos para darles un entierro digno”, piden los miembros de la agrupación.
Por otro lado, se dirigieron a la fiscal general, María Consuelo Porras, para que garantice la autonomía y el correcto accionar de los y las fiscales a cargo del caso sin ser influenciados por las cúpulas de poder con las que se relaciona el Ministerio Público. Al gobierno de Alejandro Giammattei se le exigió la no interferencia en el proceso y de “abstenerse de defender y justificar al ejército genocida como lo ha hecho hasta ahora”.
EL CASO
Según el ente investigador, el Diario Militar, también conocido como “Dossier de la Muerte”, es un compendio de 73 hojas tamaño oficio que presenta información sobre actos de violencia de lesa humanidad contra enemigos internos de las fuerzas de seguridad entre 1983 y 1985. A raíz de la investigación del Ministerio Público (MP) se descubrió que la milicia guatemalteca de los ochentas secuestró, torturó, violó sexualmente, ejecutó y trasladó a centros clandestinos de detención a más de 183 personas.
El documento militar está dividido en seis secciones. Las primeras cinco contienen información sobre la organización de archivos de inteligencia, con listas de cateos efectuados en diferentes casas y organizaciones de derechos humanos; la sexta consta de un registro de 183 personas sometidas a lo que describió el Ministerio Público como “diversos actos de tortura, tratos crueles inhumanos y degradantes, y en algunos casos ejecución extrajudicial”.
La Fiscalía de Derechos Humanos determinó la comisión de delitos contra deberes de humanidad, asesinato, asesinato en grado de tentativa y desaparición forzada.
“La Fiscalía de Derechos Humanos reitera su compromiso en la investigación de violaciones a Derechos Humanos, en el contexto del Conflicto Armado Interno, con respeto a los principios de debida diligencia, objetividad y en la búsqueda de la verdad de los hechos en cumplimiento de la Constitución Política de la República de Guatemala y los Convenios y Tratados Internacionales ratificados por Guatemala, atendiendo a los principios de libre consentimiento y de la buena fe, y la norma pacta sunt servanda”, comunicó el MP.
Personal de esta fiscalía en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), realizó 17 allanamientos, ejecutando 11 órdenes de aprehensión en contra de los sindicados dentro del proceso penal. Ayer, aproximadamente a las 12:00 horas, se levantó la reserva legal de los señalados conforme a la ley.
Los detenidos según lo comunicado por el MP son:
1.- Gustavo Adolfo Oliva Blanco
2.-José Daniel Monterroso Villagrán
3.- Edgar Corado Samayoa
4.- Marco Antonio González Taracena
5.- Enrique Cifuentes de la Cruz
6.- Víctor Augusto Vásquez Echeverría
7.- Juan Francisco Cifuentes Cano
8.- Eliseo Barrios Soto
9.- Edgar Virgilio de León Sigüenza
10.- Mavilio Aurelio Castañeda Betancourth
11.- Rone René Lara
PDH VERIFICÓ SITUACIÓN DE LOS DETENIDOS
Por la tarde la Procuraduría de los Derechos Humanos visitó el Centro de Detención Preventiva para Hombres y Mujeres interior Brigada Militar Mariscal Zavala, para constatar las condiciones carcelarias de los detenidos por el caso Diario Militar.
“Las personas detenidas el 27 de mayo por su presunta participación en el secuestro, desaparición forzada, ejecución extrajudicial y otros crímenes de lesa humanidad, al igual que todo sujeto procesado, tienen derecho al debido proceso y respeto a sus garantías individuales”, puntualizó el magistrado de conciencia, Jordán Rodas.
Se encontró que todas las personas detenidas son de edad avanzada, la PDH mencionó que René Lara de 74 años, Enrique Cifuentes de 63 años, Daniel Monterroso 73 años y Edgar Virginio De León de 71 años se encuentran privados de libertad en el nuevo sector de aislamiento todos en una sola celda, durmiendo en el suelo solo con dos colchonetas. Los otros 2 detenidos del presente caso, Víctor Vásquez de 80 años y Marco Antonio González Taracena de 84 años se encuentran en el Centro Médico Militar, por padecimientos de salud.
Según lo comunicado, los individuos cuentan con abogados particulares y se les orientó acerca del ingreso de medicamentos por padecimiento de salud. Respecto a los hallazgos, la Procuraduría recomendó a las autoridades del Sistema Penitenciario (SP) el abastecimiento de colchonetas, tanto para la población privada de libertad como para el personal de la guardia penitenciaria.
LaHoraGT
