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Jacobo Salán Sánchez se enfrenta de nuevo a la Justicia y ahora lo hace por el caso “Dossier de la Muerte”.
El comienzo de la audiencia de primera declaración de 12 militares en situación de retiro por el caso “Diario Militar” o “Dossier de la Muerte” se pospuso para el miércoles 2 de abril, debido a la inasistencia por enfermedad de implicados y a la entrega voluntaria de Jacobo Esdras Salán Sánchez, quien tenía vigente una orden de detención en ese expediente.
La sala del Juzgado de Mayor Riesgo “B” estaba llena y entre los asistentes figuraba Salán Sánchez, quien fue asesor del expresidente Alfonso Portillo, acompañado de un abogado.
La presentación fue voluntaria y por ese acto se pidió anular la orden de detención.
El juez Gálvez no concedió la petición de libertad para Salán Sánchez y en su lugar fue capturado al finalizar la audiencia y enviado a la prisión de Mariscal Zavala junto a otros implicados.
Hay cinco detenidos que se encuentran en hospitales públicos y privados bajo custodia.
Salán Sánchez durante la audiencia fue señalado por la Fiscalía de “perseguir a investigadores” que avanzan en las pesquisas del “Dossier de la Muerte” y no se descarta que sea denunciado.
El militar en situación de retiro no es la primera vez que comparece ante un juez. Actualmente está procesado por el traslado de Q30 millones al Crédito Hipotecario Nacional, provenientes de la sustracción de Q120 millones del Ministerio de la Defensa Nacional en 2001. Ese dinero llegó al expresidente Alfonso Portillo, de quien fue asesor de seguridad.
Por el traslado millonario Salán Sánchez continúa ligado a proceso penal por peculado.https://2f4724d9bbe72d75875c414303ef461a.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html
El 5 de junio del 2014, el Tribunal Segundo de Sentencia Penal lo condenó por ese desvío millonario, pero el 24 de marzo del 2015, la Sala Tercera de Apelaciones del ramo Penal anuló la sentencia.
El miércoles próximo, la Fiscalía de Derechos Humanos empezará a imputar los hechos de desapariciones forzadas, ocurridas en la década de 1980 de líderes sindicales, dirigentes estudiantiles y de organizaciones políticas.
Estos actos están consignados en un documento elaborado por el Ejército de Guatemala y liberado en 1999 por el Archivo Nacional de Seguridad de Estados Unidos.
PrensaLibre
