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La Corte de Constitucionalidad resolvió confirmar un fallo judicial que anula un año y medio de investigación de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad sobre corrupción por sobornos.
Esta decisión de la CC beneficia a 19 ex funcionarios cuestionados: la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, el ex ministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi, el ex ministro de economía Acisclo Valladares y los ex diputados Estuardo Galdámez, Boris España (recién designado como corrupto por el gobierno de Estados Unidos), Gustavo Arnoldo Medrano, Juan José Porras Castillo, Mirna Magnolia Figueroa de Coro, Marco Antonio Orozco, Haroldo Quej, Gudy Rivera, Marvin Estuardo Díaz, Amílcar Aleksander Castillo, Edgar Cristiani, Emilenne Mazariegos, Manuel García Chutá, Gustavo Adolfo Echeverría, Valentín Gramajo y Ernesto Herrera (diputado al Parlacen).
El fallo de la CC confirma la sentencia emitida por el juez décimo de lo penal, Víctor Cruz. Este último decidió dejar sin efecto un cúmulo de pruebas de cargo contra los funcionarios que, según la FECI, habrían participado en la repartición de sobornos a cambio de la aprobación de un paquete de leyes, entre las que destaca una normativa de telecomunicaciones y la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia acordada por los ex candidatos presidenciales Alejandro Sinibaldi y Manuel Baldizón.
Con esta resolución de la CC, se anulan las declaraciones rendidas como prueba anticipada a la FECI y el allanamiento a las oficinas de una empresa de telecomunicaciones. Los acusados se ven favorecidos pues el Ministerio Público tendría que realizar una nueva investigación y recabar las pruebas de nuevo para continuar con el proceso.
La ponente del fallo de la CC que confirma lo resuelto por el juez Cruz es la magistrada Dina Josefina Ochoa. Los magistrados que aprobaron el fallo fueron: Roberto Molina Barreto, Dina Josefina Ochoa Escribá, Néster Mauricio Vásquez Pimentel, Leyla Susana Lemus Arriaga y Rony Eulalio López Contreras.
Firma de la resolución de la CC que anuló la investigación de FECI.
Caso “Subordinación del Poder Legislativo”
Una investigación conjunta de la FECI y la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala sostenía que “los diputados de la bancada Patriota recibían y cumplían con las instrucciones emitidas por la entonces vicepresidenta, Ingrid Roxana Baldetti Elías, en reuniones sostenidas horas antes de las sesiones plenarias acerca de las decisiones que debían ejercer como legisladores, respondiendo así a intereses individuales, partidistas y hasta empresariales”.
Según la FECI, en la vicepresidencia de la República se recibieron maletas con dinero en efectivo para repartir dinero a los diputados del partido patriota. (Diapositiva presentaciòn FECI/Cicig)
Los investigadores concluyeron que se acordó el pago de sobornos de Q50 mil bimensuales por cada diputado. Este dinero habría sido entregado en dinero en efectivo, en maletas que se resguardaban en la propia Vicepresidencia de la República de aquel entonces.
Los diputados que repartían el dinero de los sobornos eran llamados “jefes de línea” o “brochas”. Según la Feci, estos fueron los legisladores que repartieron sobornos. (Foto: diapositiva caso presentado por Feci/Cicig)
Según la investigación de la FECI, “el dinero era repartido través de algunos diputados de confianza que eran denominados entre ellos como “jefes de línea” o “brochas”. Éstos, además de estar encargados de la repartición del dinero al resto de diputados, (pagos referidos por los mismos como “las champurradas”), también se encargaban de trasladar las instrucciones que emanaban de la señora Ingrid Roxana Baldetti Elías. Esta forma de operar se dio desde que inició la legislatura 2012-2016, lo cual permitió aprobar determinados paquetes de leyes”.
Sandoval: “Es frustrante”
El titular de la FECI, Juan Francisco Sandoval, indicó que el fallo de la CC afecta el trabajo de investigación realizado del 10 de noviembre de 2017 a abril de 2019. Sin embargo, añadió que la persecución penal es irrenunciable y que se preparan para repetir las diligencias y obtener los testimonios del ex diputado Cristiani, trabajadores de la SAAS y la asistente de Baldetti que no fue procesada, así como de otros posibles implicados que ahora pudieran tener interés en colaborar con la investigación.
La FECI ha estado bajo ataque político desde que varias fuerzas políticas se coludieron para expulsar del país a la CICIG y revertir todos los juicios derivados de su trabajo.
La FECI había solicitado que se retirara el derecho de antejuicio al juez Víctor Cruz por anular los medios de investigación del caso “Subordinación de Poderes”. Sin embargo, tanto la Corte Suprema de Justicia como la CC rechazaron la solicitud de la FECI para iniciar una investigación de este juez.
¨Todavía está pendiente otra recusación presentada contra el juez Cruz pues según la FECI, podría haber beneficiado a uno de los funcionarios señalados a cambio de que éste contratara a su hermana en una entidad gubernamental. “Es frustrante pero vamos a seguir trabajando”, aseguró el fiscal.
“Estamos viendo retrocesos muy fuertes”
“Las últimas resoluciones de la CC son preocupantes”, dijo el activista en contra de la corrupción, Edie Cux. “Estamos viendo cómo personas específicas dirigen la CC para limitar el combate a la corrupción. Esta era una de las investigaciones más importantes de FECI y este fallo se trae abajo la investigación”.
Para el analista, el golpe no se cirscunscribe a un solo caso sino que abarca la totalidad de los esfuerzos en contra de la impunidad. “Estamos viendo retrocesos muy fuertes”, aseguró. “Va a ser muy difícil que se procese a altos funcionarios o personajes destacados involucrados en ilícitos”.
El daño de este tipo de acciones trasciende a la administración de justicia. “El Estado de Derecho pende de un hilo. Si la CC deniega la búsqueda de justicia, lo que podemos esperar es más subdesarrollo, más impunidad y eso afecta la vida de las personas en todo nivel, como estamos viendo ahora con la pandemia”, puntualizó.
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