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El secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, publicó en su cuenta de Twitter que la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, y el secretario general del Ministerio Público (MP), Ángel Pineda, fueron incluidos en la lista de actores corruptos y no democráticos de la sección 353 del informe sobre personas extranjeras que han participado en acciones que socavan procesos o instituciones democráticos, actos significativos de corrupción, u obstrucción de investigaciones sobre dicha corrupción en El Salvador, Guatemala y Honduras.
“En apoyo de las aspiraciones democráticas del pueblo salvadoreño y guatemalteco, estamos nombrando a cinco Magistrados de la Corte Suprema de El Salvador, el Fiscal General Porras de Guatemala y el Secretario General Pineda a la lista de Actores Corruptos y No Democráticos de la Sección 353”, escribió Blinken.
Estados Unidos anunció acciones contra siete funcionarios de Centroamérica “por socavar la democracia y obstruir investigaciones sobre actos de corrupción”, según un comunicado del Departamento de Estado.
El documento dice que Estados Unidos “está comprometido a apoyar a la gente del norte de Centroamérica fortaleciendo la democracia, el estado de derecho y la rendición de cuentas, que son las claves para un futuro mejor. Para avanzar en esta prioridad, hoy estamos agregando siete perpetradores a la lista de Actores Corruptos y No Democráticos de los Estados Unidos, bajo la sección 353 de la Ley de Compromiso Mejorado Estados Unidos-Triángulo Norte, que generalmente hace que los perpetradores no sean elegibles para visas y admisión a los Estados Unidos”.
Añade que estas designaciones responden a acciones recientes que socavaron la democracia y obstruyeron las investigaciones de corrupción en El Salvador y Guatemala.
La lista transmitida al Congreso detalla los siguientes ataques a la democracia y a las medidas anticorrupción:
Guatemala
“María Consuelo Porras Argueta de Porres, actual Fiscal General de Guatemala, obstruyó las investigaciones de actos de corrupción al interferir con las investigaciones penales. El patrón de obstrucción de Porras incluyó ordenar a los fiscales del Ministerio Público (MP) de Guatemala que ignoraran los casos basados en consideraciones políticas y socavar activamente las investigaciones llevadas a cabo por el Fiscal Especial Contra la Impunidad, incluido el despido de su fiscal principal, Juan Francisco Sandoval, y el traslado y el despido fiscales que investigan la corrupción”, dice el comunicado.
En el caso de Ángel Arnoldo Pineda Ávila, actual secretario general del MP, EE. UU. afirma que “obstruyó las investigaciones de actos de corrupción al interferir en las investigaciones anticorrupción. El MP ha abierto una investigación sobre las acusaciones de que Pineda interfirió en una investigación anticorrupción. Se alega que Pineda alertó a los objetivos de la investigación sobre los casos que se estaban construyendo en su contra”.
El documento añade que Estados Unidos “seguirá utilizando las herramientas a nuestra disposición para promover la rendición de cuentas por los ataques a las aspiraciones democráticas del pueblo centroamericano. Continuaremos asociándonos con funcionarios gubernamentales que demuestren su dedicación a combatir la corrupción y fortalecer la gobernabilidad democrática, incluso como parte de una política general para abordar las causas fundamentales de la migración irregular. Y continuaremos apoyando al pueblo de El Salvador y Guatemala en su esfuerzo por contribuir y beneficiarse de las instituciones democráticas, generar oportunidades económicas equitativas y crear el futuro que desean para ellos y sus familias”.
Prensa Libre consultó al Ministerio Público y a la Presidencia de Guatemala sobre su postura ante esta designación de Estados Unidos, pero hasta el momento no han comentado al respecto.
En El Salvador
Elsy Dueñas de Avilés, Oscar Alberto López Jerez, Héctor Nahún Martínez García, José Ángel Pérez Chacón y Luis Javier Suárez Magaña, actuales Magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema también fueron incluidos en la lista de actores corruptos y no democráticos de la sección 353 del informe sobre personas extranjeras que han participado en acciones que socavan procesos o instituciones democráticos, actos significativos de corrupción, u obstrucción de investigaciones sobre dicha corrupción en El Salvador, Guatemala y Honduras.
Según el comunicado, los magistrados “socavaron procesos o instituciones democráticas al aceptar nombramientos directos a la Sala por parte de la Asamblea Legislativa, en un proceso que parece haber contravenido la constitución salvadoreña. Los cinco magistrados anteriores fueron destituidos abruptamente sin causa legítima luego de que el 1 de mayo se sentara la Asamblea Legislativa recién elegida. Una vez instalados, los nuevos Magistrados declararon constitucional su instalación por la Asamblea Legislativa. Los Magistrados socavaron los procesos o instituciones democráticos al aprobar una controvertida interpretación de la Constitución que autorizaba la reelección del Presidente -Nayib Bukele- a pesar de una prohibición expresa en la Constitución que prohibía mandatos consecutivos a la Presidencia”.
PrensaLibre
