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Si bien es cierto que el Gobierno mexicano se ha negado a otorgar más visas, cabe puntualizar que esto no significa que no haya agentes desplegados actualmente.
A pesar de que los Gobiernos de México y EE.UU. aseguran haber adoptado un “nuevo enfoque” en sus relaciones a partir del fin de la ‘Iniciativa Mérida’, Washington no abandona su política de injerencia sobre los asuntos de seguridad que atañen a su vecino del Sur.
Destaca la insistencia del Gobierno de Joe Biden en que elementos de la Agencia Antidrogas de EE.UU. (DEA, por sus siglas en inglés) tengan garantías para operar en territorio mexicano. Hay molestia en la Casa Blanca porque durante meses el Gobierno de López Obrador se ha negado a otorgar visas a una veintena de agentes.
El asunto es clave para la Administración norteamericana. De hecho, el embajador de EE.UU. en México, Ken Salazar, destacó durante su primera conferencia de prensa que para su país es un “tema central” que agentes de la DEA y de otras corporaciones estadounidenses puedan trabajar.
La cuestión fue abordada durante el Diálogo de Alto Nivel sobre Seguridad, realizado en Ciudad de México a principios de octubre, sin embargo, las partes no lograron llegar a un acuerdo.
Desde entonces, Ken Salazar, a quien el presidente López Obrador se refirió como un “muy buen representante de EE.UU. y un hombre respetuoso” el pasado 8 de octubre desde el Palacio Nacional, se ha dedicado a cabildear con altos funcionarios del Gobierno mexicano para destrabar el otorgamiento de permisos.
La Administración de López Obrador prioriza la puesta en marcha de programas sociales para disuadir a la población de involucrarse en actividades ilícitas. De ahí su resistencia a autorizar más visas a agentes de la DEA.
El despliegue de agentes de EE.UU. en México contrasta con el “nuevo enfoque” que ambos Gobiernos resaltaron a la hora de firmar el ‘Entendimiento Bicentenario’: el que la relación bilateral en materia de seguridad iba a dejar de estar enfocada en la captura de los líderes de los carteles de la droga, para concentrarse en atender las ‘causas de fondo’ de la inseguridad y la violencia.
El Gobierno estadounidense busca consolidar su presencia territorial en México con vistas a “combatir la producción, el transporte y el consumo de sustancias ilícitas”. En este sentido, la función de los agentes de la DEA consiste en realizar actividades de investigación, por ejemplo, recopilando información para dar con el paradero de los líderes de grupos transnacionales de la delincuencia y el crimen organizado.
La visión de la Administración de López Obrador, en cambio, prioriza la puesta en marcha de programas sociales para disuadir a la población de involucrarse en actividades ilícitas. De ahí la resistencia de su Gobierno a autorizar más visas a agentes de la DEA.
De hecho, las relaciones entre México y EE.UU. se tensaron a raíz de maniobras llevadas a cabo por esta agencia durante el Gobierno de Donald Trump. La detención del general Salvador Cienfuegos, en octubre de 2020 en el aeropuerto de los Ángeles, se ejecutó a partir de una indagatoria realizada por agentes de la DEA, de la cual el Gobierno mexicano no había sido informado.
El extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) fue acusado de narcotráfico y lavado de dinero, cargos de los que, a la postre, resultó exonerado por la Fiscalía General de la República después de investigar el expediente de más de 700 páginas enviado por la justicia estadounidense.
“(El general Salvador Cienfuegos) nunca tuvo encuentro alguno con los integrantes de la organización delictiva investigada por las autoridades norteamericanas; y tampoco sostuvo comunicación alguna con ellos, ni realizó actos tendientes a proteger o ayudar a dichos individuos”, sostuvo la Fiscalía en un comunicado de prensa.
La forma en que EE.UU. llevó a cabo la investigación generó desconfianza. El presidente López Obrador incluso llegó a afirmar en enero de este año que la investigación en contra del extitular de la Sedena había sido “fabricada” por agentes de la DEA y utilizada con “fines electorales”. Por tal motivo, buscó acotar el margen de maniobra de los agentes extranjeros.
Un mes antes, en diciembre de 2020, el Congreso mexicano aprobó una reforma para fortalecer la regulación sobre la operación y presencia de agentes extranjeros en territorio nacional. La reforma, evidentemente, estaba dedicada a los elementos de las agencias de EE.UU.
La reforma a la Ley de Seguridad Nacional, aprobada en diciembre de 2020, pone fin a la inmunidad de agentes extranjeros y exige que informen sus acciones, así como los hallazgos de sus investigaciones.
Antes de la reforma, la regulación estaba contemplada únicamente como parte de un acuerdo bilateral vigente desde 1992: el ‘Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América sobre cooperación para combatir el narcotráfico y la narcodependencia’.
La reforma a la Ley de Seguridad Nacional, una propuesta del presidente López Obrador, a la vez que pone fin a la inmunidad de agentes extranjeros en caso de cometer delitos o infracciones, o invadir funciones que competen únicamente a autoridades mexicanas, exige que informen sus acciones, así como los hallazgos de sus investigaciones.
“Divulgar información sobre la DEA dañaría las relaciones con EE.UU.”
Si bien es cierto que el Gobierno mexicano se ha negado a otorgar más visas, cabe puntualizar que esto no significa que no haya agentes de la DEA desplegados actualmente. La información relativa al número de agentes de la DEA que opera en México se encuentra clasificada como ‘reservada’ bajo el Gobierno de la denominada ‘Cuarta Transformación’.
La única ocasión que se informó fue en octubre de 2010, durante el Gobierno de Felipe Calderón. En respuesta a una solicitud de información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, con número de folio 0000500039110, la Secretaría de Relaciones Exteriores reveló en ese momento que el número de agentes de la DEA era de 62.
El Gobierno actual, sin embargo, se ha negado a ofrecer información sobre el número de agentes que opera en territorio nacional. Fue en octubre de 2019 cuando este reportero solicitó a la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Relaciones Exteriores que actualizara el dato sobre el número de elementos de esta agencia estadounidense.
La Dirección General de Asuntos Especiales (DGAE) de la dependencia federal encabezada por Marcelo Ebrard rechazó proporcionar el dato bajo el argumento de que la divulgación de esta información representaba un potencial “daño que compromete la seguridad nacional y la seguridad pública” y, en consecuencia, “afecta el interés público”.
En respuesta a la solicitud de información, precisó que su difusión “podría menoscabar las relaciones con EE.UU.”, dado que los datos emitidos por Washington son de “carácter confidencial” con el objetivo de “proteger al personal designado”.
Con todo, este reportero interpuso un recurso de revisión argumentando que en octubre de 2010 la Secretaría de Relaciones Exteriores ya había informado sobre el número de agentes de la DEA en México y, por lo tanto, su respuesta ante la solicitud presentada nueve años después no tenía fundamento.
La Secretaría de Relaciones Exteriores, además de volver a enfatizar el “perjuicio” que sería provocado al dar a conocer una cifra que, “no era simple información estadística” (sic), pues con el dato podía realizarse “un análisis de las fluctuaciones anuales de esta información”, lo que “refleja el estado y las variaciones de la colaboración en materia de seguridad entre ambos países”, y proporcionar “un indicio del énfasis que se pone a ciertos esquemas de colaboración”.
Si en 2010 la información se había difundido era porque, “estimaba”, la Subsecretaría para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores había comunicado “datos que en ese tiempo eran públicos a partir de fuentes abiertas estadounidenses”.
En octubre de 2010, durante el Gobierno de Felipe Calderón, la Secretaría de Relaciones Exteriores reveló que el número de agentes de la DEA era de 62. El Gobierno actual, sin embargo, se ha negado a ofrecer información al respecto.
“Sin embargo, dicha circunstancia no debe constituir un precedente para notificar la información actual de elementos de la DEA adscritos en territorio mexicano, lo que significaría un riesgo real a la seguridad nacional en este momento, pues ello permitiría conocer la capacidad actual de los agentes de la DEA en México”, apuntó en su argumentación.
Los alegatos presentados por la DGAE de la Secretaría de Relaciones Exteriores, no obstante, se contradicen, pues en uno de ellos puntualiza que el número de agentes de “cualquiera de las agencias” que opera en territorio mexicano “nunca había sido expresado” por Washington, con lo cual, su afirmación de que la información se hizo pública en 2010 “con base en fuentes abiertas estadounidenses” no se sostiene.
Como un último recurso, este reportero presentó una impugnación ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) en noviembre de 2019.
En su resolución, el Pleno del INAI consideró que, si bien la divulgación del dato relativo al número de agentes de la DEA de manera aislada “no representa un riesgo para la seguridad nacional”, tal como había argumentado la Cancillería, “podría dañar la conducción de las negociaciones y relaciones internacionales de México” con el Gobierno de EE.UU.
De esta manera, el Pleno del INAI se limitó a solicitar a la Secretaría de Relaciones Exteriores que modificara su argumentación sobre las causas de la reserva de la información misma que, apuntó, “careció de la debida fundamentación y motivación”.
Cabe destacar que, sobre la información divulgada en 2010, el Pleno del INAI defendió el mismo argumento que la Cancillería, esto es, señaló que la cifra había sido difundida por “fuentes estadounidenses, no así por el Estado mexicano”.
Sin embargo, la argumentación de la Secretaría de Relaciones Exteriores, además de contradictoria, no incluyó prueba documental alguna para justificar la divulgación de la información en el año 2010: de qué “fuentes abiertas estadounidenses” obtuvo que 62 agentes de la DEA se encontraban operando en México.
La cifra actualizada al 29 de octubre de 2019 finalmente fue clasificada como reservada por cinco años por el Comité de Transparencia de la Secretaría de Relaciones Exteriores, esto es, hasta 2024, cuando el presidente López Obrador concluye su mandato. Esta determinación fue ratificada por el Pleno del INAI en su resolución.
RT News
