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Gobierno de EE. UU. destinará US$4 mil millones al Triángulo Norte, para abordar las causas de la migración irregular, incluyendo la impunidad.
El funcionario estadounidense Hugo Rodríguez resalta que los magistrados no deben tener conflicto de intereses.
¿Por qué le interesa a Estados Unidos la elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad en Guatemala?
Empezar con la importancia que reconocemos a Guatemala como un socio internacional, como mercado, como productor, como aliado internacional; tenemos lazos profundos y de largo plazo con Guatemala y queremos seguir contando con nuestra amistad y alianza con Guatemala.
Pero para que Guatemala sea un aliado, un amigo, un socio productivo, contamos con que las instituciones guatemaltecas sean fuertes, que la democracia sea estable, que haya apoyo a los ciudadanos, con educación, salud, etcétera. Entonces, queremos resaltar la importancia que Estados Unidos otorga a apoyar a dirigentes comprometidos a la lucha contra la corrupción, promover los derechos humanos y poner fin a la impunidad.
Cualquier gobierno o dirigente que esté dispuesto a adoptar una agenda anticorrupción, a favor de servir a los ciudadanos que lo eligieron, tiene un aliado en Estados Unidos.
Anteriormente mencionó que los gobiernos deben tener una agenda anticorrupción comprometida para tener a EE. UU. de su lado. ¿Cómo se hace eso?
Vamos a seguir en nuestra interacción con Guatemala, enfatizando concretamente el apoyo nuestro a la buena gobernanza y a la transparencia, y prestamos apoyo a las personas en Guatemala que están combatiendo la corrupción.
Vamos a usar una gama de herramientas para disuadir a la corrupción y estamos abiertos a luchar lado a lado con el gobierno de Guatemala en contra de la corrupción y la impunidad.
No sé hasta dónde tiene información, pero el Congreso ya eligió a sus representantes ante la CC. ¿Cómo ve esta selección?
El gobierno de Estados Unidos no apoya a un candidato en específico para asumir en la CC. Son las autoridades guatemaltecas quienes deben escogerlos, pero apoyamos un proceso transparente, que se ajuste a la Constitución y legislación guatemalteca. Más bien son los candidatos independientes que pueden servir con la más eficiencia y efectividad en la Corte de Constitucionalidad.
La lucha contra la corrupción en Guatemala requiere que los candidatos demuestren integridad e imparcialidad, y que estén libres de influencias externas o de acusaciones formales no resueltas.
Aunque la ley no obliga al Organismo Ejecutivo a hacerlo, el vicepresidente —Guillermo Castillo— sugirió hacer un evento público. ¿Cree que debe hacerse público?
En realidad, no he pensado mucho en la forma; lo que queremos es un proceso que sea transparente y que se ajuste a la Constitución. Ahora, si el vicepresidente ve así, un tipo de elección pública o algo así mientras que se ajuste a la Constitución y Legislación, puede ser considerado.
Contamos con el Gobierno de ajustarse a las leyes pertinentes y a la Constitución para la elección de magistrados.
Estados Unidos hace constantes llamados a Guatemala, pero parecen no influir. ¿Podría pensarse en sanciones más severas, más allá de la cancelación de visas?
Vamos a considerar una gama larga de herramientas para disuadir a la corrupción; en realidad, la lucha contra la corrupción y la impunidad en la región, y Guatemala sigue siendo prioridad para Estados Unidos y para la administración Biden. Ahora exploramos todos los mecanismos posibles y disponibles para erradicar la corrupción.
¿Cuáles serían algunos ejemplos de esas herramientas?
Ha mencionado uno, que es la visa norteamericana, pero trabajamos y preferimos que los organismos guatemaltecos sean los encargados de la lucha contra la corrupción en Guatemala; por ejemplo, quiero destacar el trabajo de la Feci en sus investigaciones en contra de la corrupción. En realidad, debería ser la justicia guatemalteca, primero, la encargada de la lucha contra la corrupción.
Queremos seguir apoyando a la Feci, y siempre y cuando la corrupción guatemalteca tenga influencia en Estados Unidos para utilizar las leyes estadounidenses para combatir —el crimen— transnacional, pero en realidad son las leyes guatemaltecas y organismos guatemaltecos los que deben liderar la lucha contra la corrupción e impunidad.
¿Cuál debe ser el papel del sector privado en este asunto?
Debe tener un rol grande el sector privado, porque la corrupción los afecta casi más que a cualquier otro sector público. Deben demandar al Gobierno que sea transparente, que sean incorporados por elementos justos, libres de influencia externa y que luchan a favor del pueblo de Guatemala. O sea, la voz del sector privado es una de las voces más grandes, más altas, y deben seguir insistiendo en procesos libres y transparentes.
¿Qué será diferente con la administración de Joe Biden?
La administración Biden se ha comprometido con proporcionar US$4 mil millones a lo largo de cuatro años para Guatemala, Honduras y El Salvador, para abordar las causas de la migración irregular. Así, la parte de corrupción e impunidad formará la prioridad en el ramo de lo que queremos lograr con esa inversión.
Se habla de una lista de corruptos que trabajan los congresistas demócratas —lista Engel—. ¿Cómo va ese proceso?
Estamos trabajando con el señor Engel para entender bien el propósito de la legislación. Hasta el momento creemos que eso será otra herramienta dentro de nuestro esfuerzo contra la corrupción.
Exactamente cómo y cuándo, no tengo los detalles porque todavía estamos definiendo cómo funcionará y cómo podríamos usar esta herramienta. Será parte de una gama de herramientas que la administración Biden intentará usar en contra de la corrupción en Centroamérica.
PrensaLibre
