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Pese a ser extranjeros, el juez les concedió arraigo como medida alterna a la prisión. El juzgador fue asesinado en octubre pasado.
El piloto mexicano Aaron Bello y el expolicía costarricense Gerardo Azofeifa, acusados en una Corte estadounidense por pertenecer a una organización de narcotráfico liderada por Federico Machado, pasaron siete meses en una cárcel de Petén, hasta que un juez los favoreció con una medida sustitutiva.
El juez de San Benito, Petén, dictó arraigo a favor de los detenidos pese a que son extranjeros, según la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad.
Las autoridades calificaron como un “duro golpe al narcotráfico”, la incautación de un jet Gulfstream III cargado con 2.5 toneladas de cocaína, el 16 de diciembre de 2019 en el Parque Nacional Laguna del Tigre, en San Andrés, Petén.
También informaron que luego de un enfrentamiento armado capturaron a seis hombres, algo inusual, ya que la mayoría de aeronaves fueron localizadas incineradas sin que se procese a los presuntos responsables del trasiego. A los detenidos se les incautaron siete fusiles, equipos de comunicación, un picop, un jeep y una cuatrimoto. Un séptimo implicado murió durante el choque armado. Entre los apresados se encontraba el director de Protección Civil del Ayuntamiento de Candelaria, Campeche, México, Miguel Acosta.
Presidios confirmó que los seis abandonaron la cárcel de Santa Elena, Petén, el 28 de julio de 2020.
El jet es lo único que quedó en Guatemala del operativo antidrogas de diciembre de 2019, mientras que en el proceso que abrió Estados Unidos contra la organización de Machado es uno de los casos que documenta cómo se ocultaba a los dueños de las aeronaves involucradas en actividades ilícitas.
De las avionetas vinculadas con la organización de Machado, cinco fueron localizadas con drogas o incineradas en Guatemala entre 2015 y 2020.
El proceso sigue abierto y el juez que dictó la medida a favor de los hombres que enfrentaban cargos por encubrimiento, tráfico y almacenamiento ilícito; tenencia ilegal de armas de fuego de uso exclusivo de las fuerzas de seguridad, fue asesinado en octubre del año pasado.
Un asesinato que consternó al gremio
Se trata del juez Waldo Alvizures Ruano, atacado a tiros por un hombre que irrumpió en el restaurante Arrecife, en la zona turística de San Benito, Petén. El atacante fue captado por las cámaras de seguridad del establecimiento, pero hasta la fecha no hay ningún presunto responsable procesado. El crimen consternó al gremio de abogados, al Organismo Judicial y al MP –donde la esposa de Alvizures se desempeña como fiscal Adjunta–.
Días después del atentado, la Policía Nacional Civil detuvo a un hombre que fue dejado en libertad por falta de mérito. La fiscalía anunció que apelaría al fallo pero no se logró confirmar qué rumbo tomó el caso, ya que al cierre de esta nota no se consiguió alguna respuesta del Ministerio Público (MP).
El ataque contra Alvizures ocurrió mientras departía con dos abogados capitalinos y la exintegrante de la comisión de postulación de Salas de Apelaciones, Jenniffer Dell’Acqua, detenida por el caso Comisiones Paralelas 2020.
Dell’Acqua y su esposo, Saúl Zenteno, dirigen un bufete jurídico que ha defendido a varios señalados por corrupción. Zenteno se postuló como candidato a magistrado suplente para la Corte de Constitucionalidad junto con el exrector Estuardo Gálvez, también detenido por el supuesto amaño en la nominación de candidatos a magistrados de Apelaciones.
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