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Una carretera en Santa Elena Barillas de 11.3 kilómetros que tendría un costo de Q26 millones terminó costando Q31 millones, pero no cumplió con los requerimientos del contrato.
Vecinos de Santa Elena Barillas, Villa Canales, lucharon por varios meses para que el Gobierno, la Contraloría General de Cuentas y el Ministerio Público (MP) les prestaran atención sobre las irregularidades que se daban en la construcción de una carretera que fue entregada en un acto oficial por el ex presidente Jimmy Morales, el 18 de julio del 2019.
Los comunitarios denunciaron que la empresa Construdam no cumplió con el contrato firmado con el Ministerio de Comunicaciones (Micivi). Ni tampoco la Dirección General de Caminos supervisó la obra que tiene deficiencias. Esto provocó que al menos 12 personas murieran atropelladas o sufrieran heridas de consideración desde el 2018 a la fecha.
LA OBRA
El 8 de junio de 2017 el Ministerio de Comunicación inició la licitación pública con el NOG 6363962 para la “reposición de carretera” que del kilómetro 25.6 de la carretera a El Salvador lleva a la aldea Santa Elena Barillas, Villa Canales. Un trayecto de 11.39 kilómetros.
Participaron dos empresas: Farex S.A. que ofertó la obra en Q24.3 millones y Construdam en Q26 millones justo en lo que el Micivi había valorado el costo de la carretera.
El 17 de agosto del 2017 las autoridades darían a conocer al ganador, pero el alcalde de Villa Canales, Julio Marroquín, les dijo a integrantes del Consejo Comunitario de Desarrollo (Cocode) que Construdam iba a construir la obra antes que se hiciera oficial.
Esto levantó la sospecha en los vecinos. Sin embargo, esperaron hasta enero del 2018 cuando comenzó la construcción de la carretera, que, según el contrato debía durar 18 meses. La empresa inició a levantar el asfalto en la segunda semana de enero del 2018 para colocar una base de carretera de 25 centímetros y una capa de asfalto de 7 centímetros.
Esto se respetó durante los primeros dos kilómetros, pero después dejaron abandonada la obra que llegó hasta la entrada a la Finca La Parga, propiedad de la familia Melgar Padilla. En un reportaje publicado por La Hora se indicó cómo el diputado Armando Melgar Padilla era señalado de estar tras la constructora Construdam y justo esta había asfaltado el ingreso a su propiedad.
Cuando los vecinos se enteraron que la empresa se había retirado 15 días después de haber comenzado, buscaron respuestas en el Micivi. Así que en abril tuvieron una reunión con representantes de Construdam, de la Dirección General de Caminos y la Municipalidad. Los ingenieros de Construdam explicaron que por el lugar pasaba demasiado transporte pesado y debían aumentar el tamaño de la base y el pavimento.
“Dijeron que debían colocar una base de 45 centímetros y el asfalto de 10 centímetros para que soportara el peso. Pero para eso debían pedir Q12 millones más”, explicó un ex integrante del Consejo Comunitario de Desarrollo (Cocode) de Santa Elena Barrillas.
Integrantes del Cocode llegaban a la obra de manera constante para medir si la empresa estaba colocando las medidas de base y asfalto a las que se había comprometido. Aunque lo respetaron en los primeros cinco kilómetros, en el sexto comenzó a disminuir hasta menos de la mitad.
Esto a pesar de que el Micivi aumentó Q4.3 millones en el pago para que continuara el proyecto. Los vecinos explicaron que la obra se detenía por un mes y medio para después continuar. Ellos medían el asfalto de forma constante, pero el conflicto estalló en agosto del 2018 cuando los comunitarios les exigieron que la carretera debería tener 6 metros de ancho y no 5.30 como había en algunos lugares.
“Les dijimos que debían respetar eso. Pero lo que más nos importaba eran las banquetas de 1.30 metros que no se construyeron en toda la obra. Esto es importante para nosotros porque por acá hay muchas fincas de café. Centenares de personas caminan todos los días y no hay espacio para hacerlo. Desde que se comenzó la carretera al menos 12 personas han muerto o quedaron heridas”, explicó otro integrante del Cocode.
Ese mismo mes solicitaron una reunión con el supervisor de la obra, el ingeniero Carlos Castro. A él le explicaron que la base la estaban haciendo de 15 centímetros y el asfalto de 5. “Cuando llegó la época de lluvia se hicieron agujeros en la carretera. Le dijimos al ingeniero Castro que no podía firmar ningún documento autorizando el pago, pero igual lo hizo”, explica un vecino.
La empresa volvió a retirarse y regresó hasta principios de octubre del 2018. En ese entonces llegó un representante de Construdam para decirles que dejaran de molestar. “Mario Caniz se llama el ingeniero de Construdam. Vino y nos dijo: “Dejen de chingar. La carretera está chula. Agradezcan que la vamos a terminar”. Nosotros continuamos en nuestra lucha”, explicó otro de los vecinos.
LA DENUNCIA
El 24 de agosto el Cocode de Santa Elena Barillas presentó una denuncia contra Construdam por irregularidades en la carretera. El expediente de investigación MP 001-2018-76458 se le asignó a la agencia fiscal número 2 de la Fiscalía Contra la Corrupción a cargo del agente fiscal Hugo Leonel Alonzo.
Además, escribieron una carta a la Fiscal General, Consuelo Porras, solicitando un proceso de investigación pronto y cumplido y que no fuera un caso más desestimado.
Ante los pocos avances los comunitarios citaron al fiscal del caso en enero del 2019 para llegar a la obra. Al lugar también llegó personal del Micivi.
“Fue una reunión rara. El fiscal nos dijo: “Acá pueden pasar dos cosas. O llegamos y se emite orden de captura, porque acá hay irregularidades o me llaman y me piden que el caso no avance”, nos dijo el fiscal”, indica otro de los vecinos que participó en la reunión.
El caso no avanzó. Se consultó al jefe de la Fiscalía Contra la Corrupción, Stuardo Campo, por el caso, pero no atendió las llamadas ni respondió los mensajes de WhatsApp. El MP informó que existen dos denuncias más contra Construdam por anomalías en construcción de carreteras en Jutiapa y Chimaltenango, pero evitaron dar más información sobre los procesos.
LaHoraGT
