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Luego de dos intentos, el Ministerio de Gobernación (Mingob) adjudicó un millonario contrato para la adquisición del servicio de brazaletes para el control telemático de privados de libertad, pero este podría ser ilegal.
La licitación pública fue otorgada este viernes 4 de junio a la sociedad anónima Innova Outsourcing, por un total de más de 244 millones de quetzales (Q244,138,310), en un concurso en el cual participaron tres empresas.
Aunque la Junta de Licitación aseguró que la empresa ganadora cumplió con todos los requisitos de ley para recibir la adjudicación, esto no sería del todo cierto, ya que entre los documentos se presentó uno que está desfasado.
Uno de los requisitos para concursar en una licitación pública es contar con el Registro General de Adquisiciones del Estado (RGAE) vigente, constancia que es proporcionada por una dependencia del Ministerio de Finanzas Públicas (MFP) e Innova Outsorcing la presentó.
Sin embargo, esta data del 12 de julio de 2019 y tenía vigencia hasta el 12 de julio del 2020, tal como consta en la misma constancia que se habría presentado durante el evento creado por el Mingob.
(Fuente: Guatecompras)
Además, en el herramienta de consulta en línea del RGAE la empresa que ganó la licitación millonaria aparece como “anulada“.
(Fuente: Herramienta de consulta RGAE)
Pese a ello, la Junta de Licitación otorgó el contrato a la empresa Innova Outsorcing, que tiene como representante legal a Mayra Marlen Deras Guzmán de García, quien ha firmado más de 120 contratos en los últimos dos años por más de 277 millones de quetzales con entidades como el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, los ministerios de Comunicaciones y Desarrollo Social, y la Universidad de San Carlos.
(Fuente: Guatecompras)
Habría ilegalidad
Ricardo Barrientos, consultor del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), explica que la empresa, al no contar con la constancia, la sociedad anónima “no debería poder participar” en una licitación pública por tener anulado el registro. De acuerdo con este experto, hay diferentes razones por las cuales este registro puede ser anulado. “El RGAE debería informar la razón por la que la sociedad anónima está anulada, pero usualmente sucede cuando violó alguna prohibición o se desintegró”, señala.
“En resumen y rigor legal, con una constancia de 2019 no puede participar en un concurso de licitación y mucho menos se le puede adjudicar. Es anómalo“, manifestó Barrientos.
Marvin Flores, de Acción Ciudadana, aseguró que “ese contrato es totalmente ilegal. De hecho podría pensarse que hay un tema hasta penal, no es sólo administrativo”.
Pese a que en el RGAE esta empresa aparece que el registro está anulado, en Guatecompras se muestra vigente. Esto es porque en Guatecompras podría participar en los procesos de compra directa, de menos de Q90 quetzales. Sin embargo, se le impide participar en licitaciones, especialmente si son millonarias.
“Regularmente las compras menores de 90 mil quetzales puede hacerse con empresas que no están registradas en el RGAE, pero la Ley de Contrataciones lo que busca es establecer mayores controles para los contratos más grandes y así resguardar los recursos del Estado. Con esa lógica, un contrato pequeño puede tener justificación, pero un contrato de esta magnitud es totalmente ilegal, porque para eso existe el Registro”, explicó Flores.
Flores explicó que es raro que la junta de licitación haya podido adjudicar a la empresa, porque el mismo sistema alerta roja sobre las entidades que tienen algún problema. “Da dos alertas previas, el problema es que a la tercera el sistema lo deja pasar. Este es un problema legal para el Mingob y la Contraloría General de Cuentas y el Ministerio Público debieran actuar de inmediato”, dijo.
Según el artículo 15 del Reglamento de RGAE, las empresas pueden tener suspensiones temporales, inhabilitaciones y cancelaciones. Esto ocurre por solicitud de cualquiera de las partes o derivado del incumplimiento de obligaciones de los proveedores del Estado o por orden judicial y sólo podrán deshacer esta situación si desvanecen las acciones iniciales.
Descalificadas
Además de la empresa ganadora, en el evento participaron otras dos sociedades anónima que, incluso, presentaron ofertas más bajas.
Una de ellas fue la sociedad anónima Tactical Group, la cual ofertó el servicio por 225.1 millones de quetzales (Q225,083,510), pero fue descalificada porque presentó una constancia de inscripción y precalificación como proveedor del Estado que no cumplía con, por lo menos, dos especialidades requeridas en la licitación; y porque en su oferta no desglosó y detalló los costos” de los servicios que ofertaba.
}(Fuente: Guatecompras)
Soluciones de Centroamérica también presentó una oferta, incluso, fue la más baja por casi 48 millones de quetzales (Q47,968,292), pero también se le rechazó porque “no presentó la documentación firmada y sellada” y porque la solvencia fiscal emitida por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) no tenía sello digital de autenticidad.
Plazo de reserva
Pablo Castillo, portavoz del Mingob, aseguró que, si bien la Junta de Licitación otorgó el evento a una empresa en particular, aún se debe esperar cinco días hábiles para que la adjudicación quede firme, pues podrían recibir impugnaciones por parte de los otros participantes.
“Todas las impugnaciones son analizadas y si están fundamentadas, podrían tener efecto en la decisión de la junta y traerse el evento”, detalló.
Soy502 trató de contactar con la empresa que ganó la licitación, pero no logró comunicación.
La licitación
Este es el segundo intento del Mingob por implementar el servicio de control telemático para los privados de libertad y así darle cumplimiento al Decreto 49-2016, aprobado por el Congreso en 2016 con el apoyo de más de 100 diputados.
La primera licitación se realizó en 2018, pero no se continúo debido a que en el lugar donde funcionaría el Centro de Monitoreo se instalaría una nueva cárcel.
En esta oportunidad, el Mingob pretendía la adquisición del servicio completo. La empresa debe de otorgar 3 mil brazaletes, pero también debía dotar de equipo de cómputo, mobiliario, infraestructura de red, equipo de seguridad física y cualquier otro necesario para el funcionamiento del Centro.
Al mismo tiempo, tenía que acondicionar e instalar la unidad donde funcionaría el centro de monitoreo, así como darle mantenimiento preventivo y correctivo a los brazaletes. Esto significa que cada brazalete tendría un costo de 81 mil quetzales (Q81,379), según la oferta de la empresa ganadora.
(Fuente: Licitación)
La propuesta de ley fue presentada por el exdiputado Leonel Lira, quien en su momento explicó que la intención era reducir la sobrepoblación en los diferentes centros de rehabilitación y carcelarios.
La Ley permite el uso de brazaletes electrónicos de control telemático para los privados de libertad. No se establece en qué delitos debe ser o no autorizado, pero se presentó como una alternativa y sólo se estableció como excepción los delitos que no gocen de medida sustitutiva.
Soy502
