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Militares colombianos retirados, que hablan ingl??s y poseen entrenamiento en armas sofisticadas, inteligencia y operaciones internacionales. Que fueron parte de unidades contraguerrilleras, muchas de ellas financiadas por Estados Unidos.
Ese es, en t??rminos generales, el perfil de los 26 colombianos ???15 detenidos, tres abatidos y ocho pr??fugos??? que, seg??n las autoridades haitianas, est??n implicados en el asesinato del presidente de ese pa??s Jovenel Mo??se.
El mandatario fue asesinado en su residencia en la madrugada del mi??rcoles. Sufri?? 12 tiros, uno de ellos en la cabeza. Supuestamente lo torturaron. Llevaba meses encerrado en su casa en medio de una crisis pol??tica que fue menguando cada vez m??s su legitimidad y haciendo que aumentaran las voces que ped??an su renuncia.
Hasta ahora se desconoce qui??n pag?? a los mercenarios colombianos para que mataran al mandatario.
Pero antes de que hubiese pasado un d??a desde que se supo el car??cter internacional del magnicidio, ya empezaron a conocerse los detalles de los exmilitares que lo llevaron a cabo
Detalles que ilustran una faceta clave de la guerra en Colombia: una industria de mercenarios que, salidos de los esquemas de lucha contra el narcotr??fico y el terrorismo financiados por Estados Unidos, se han involucrado en distintos conflictos internacionales debido a su gran habilidad militar y su disposici??n de cobrar salarios bajos.
??Qui??nes fueron?
En la ma??ana del viernes, los medios colombianos fueron publicando a cuentagotas los nombres, las trayectorias y las fotos de los militares retirados involucrados en el magnicidio.
La mayor??a de ellos rondan los 40 a??os, ejercieron de soldados y, como parte de una pr??ctica usual en el ej??rcito al no poder ascender, se retiraron j??venes, hace menos de dos o tres a??os.
La esposa de Eladio Uribe, al parecer detenido en Hait??, le dijo a la W Radio que el exmilitar fue soldado profesional durante 20 a??os, se retir?? en 2019 y recibi?? varios reconocimientos castrenses.
Seg??n ella, Uribe estuvo investigado por el caso de los falsos positivos, un esquema de cuotas que pasaba bajas civiles como bajas guerrilleras en combate, pero “fue absuelto”.
Y estaba, de acuerdo con el relato de su esposa, en Rep??blica Dominicana contratado por una supuesta empresa de seguridad que le pagar??a US$3.000 al mes.
“A ellos no les dijeron para d??nde se los iban a llevar exactamente (???) era una oportunidad laboral con una agencia para cuidar familias de jeques”, asegur??.
Los medios colombianos tambi??n hicieron hincapi?? en el caso de Manuel Antonio Grosso, un paracaidista y miembro de las fuerzas especiales antiguerrilla que public?? fotos en redes sociales hace una semana desde Rep??blica Dominicana.
Al parecer cruz?? la frontera a Hait?? el d??a antes del asesinato de Mo??se.
Los mercenarios colombianos, un bien de exportaci??n
No es la primera vez que mercenarios colombianos son noticia mundial debido a su participaci??n en operaciones militares que traspasan fronteras.
Durante las ??ltimas dos d??cadas, cientos de exmilitares colombianos han sido empleados por contratistas privados de pa??ses como Estados Unidos o Reino Unido para dar apoyo en las guerras de Afganist??n, Irak y Yemen.
Los salarios en el ej??rcito colombiano son, seg??n declaraciones de exministros de Defensa, entre 15% y 20% menores de lo que puede recibir un retirado en el exterior por operaciones contratadas de manera privada.
Expertos en seguridad explican que la industria de los mercenarios experiment?? un cambio despu??s de los atentados contra las Torres Gemelas en Nuevas York en 2001 y el inicio de la llamada “guerra global contra el terrorismo”, que fue parcialmente ejecutada por contratistas privados.
Tras la Guerra Fr??a, argumentan, Estados Unidos estaba interesado en tercerizar las intervenciones militares en pa??ses peque??os pero con conflictos complejos, para reducir el impacto pol??tico de sacrificar tropas estadounidenses.
“Las guerras en Irak y Afganist??n permitieron madurar a la industria militar privada, con redes de mercenarios establecidas y algunas pr??cticas ??ptimas”, escribe Sean McFate, un experto estadounidense en el sobre tema.
La industria dio con la creaci??n de empresas como Blackwater, una firma militar privada que, seg??n informes del Departamento de Estado, dio entrenamiento a militares y paramilitares colombianos en 2005.
McFate explica en uno de sus ensayos: “Otros (pa??ses) imitan el modelo estadounidense y cada d??a surgen nuevos grupos militares privados de pa??ses como Rusia, Uganda, Irak, Afganist??n y Colombia. Sus servicios son m??s robustos que los de Blackwater, ofrecen un mayor poder de combate y la voluntad de trabajar para el mejor postor con escasa consideraci??n por los derechos humanos. Son mercenarios en todos los sentidos de la palabra“.
Colombia lleg?? a la guerra contra el terrorismo, que fue secundada por el gobierno de ??lvaro Uribe, con una experiencia ya consolidada en el tema de contrataci??n y creaci??n de empresas privadas de seguridad.
En los a??os 90, el pa??s relaj?? las leyes para la creaci??n de este tipo de empresas, para fortalecer a los grupos que enfrentaban a las guerrillas en el campo.
“El dilema para el pa??s no es optar por tener cooperativas de seguridad rural o no”, dijo el entonces ministro de Defensa Fernando Botero Zea. “La verdadera elecci??n es entre permitir cooperativas supervisadas por el Estado o tener el desarrollo descontrolado de autodefensas y grupos paramilitares creados al margen de la ley”.
El resultado fue, sin embargo, una consolidaci??n de los ej??rcitos paramilitares.
Pero, adem??s, Colombia ya era el principal aliado de Estados Unidos en la lucha contra el narcotr??fico.
El famoso Plan Colombia, un multimillonario programa contra el narcotr??fico, convirti?? al pa??s en el mayor receptor de asistencia militar estadounidense en Am??rica Latina.
Y dispar?? la creaci??n de empresas privadas de seguridad en el pa??s.
Seg??n un informe de 2011 del Comit?? del Senado sobre Seguridad Nacional de EE.UU., entre 2005 y 2009 el gobierno federal gast?? US$3.100 millones en contratos privados para pol??ticas de antinarc??ticos en Am??rica Latina, un aumento del 32% en cuatro a??os.
Y la mayor??a de esas empresas estaban en Colombia.
BBC News
