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El 22 enero de 2021, 16 migrantes guatemaltecos fueron masacrados en Camargo, Tamaulipas, México, mientras viajaban con rumbo a Estados Unidos, para cumplir con el Sueño Americano. En el lugar también murieron otras tres personas mexicanas, que se supone llevaban al grupo de migrantes.
La investigación del caso determinó que 12 agentes de la Policía el Estado estuvieron involucrados en la masacre de los guatemaltecos y por eso siguen en proceso judicial.
Vice, medio de Estados Unidos, publicó este miércoles 4 de agosto que obtuvo imágenes exclusivas de las audiencias previas al juicio contra los 12 oficiales acusados de los asesinatos, que un juez ordenó mantener en secreto debido a la naturaleza delicada del caso.
Según el medio de comunicación, la evidencia presentada por los fiscales del caso muestra un panorama “escalofriante”, pues los migrantes intentaban desesperadamente escapar mientras un convoy de policías los perseguía, les disparaban una gran cantidad de balas y luego les prendían fuego.
Vice también reveló nuevos detalles sobre el alcance de la capacitación estadounidense recibida por varios de los oficiales acusados de la masacre, y según ese medio, eso arroja dudas sobre los esfuerzos estadounidenses que han invertido miles de millones de dólares para limpiar las agencias de seguridad mexicanas, que tienen una larga historia de corrupción.
Los 12 agentes están acusados de homicidio agravado, abuso de poder y obstrucción a la justicia y no se han declarado inocentes o culpables, pero e inicialmente afirmaron que llegaron a la escena del crimen después de la masacre.
Sin embargo, una serie de pruebas, como herramientas de geolocalización y teléfonos celulares, coloca a los agentes en el lugar de la masacre y los testimonios de tres testigos, que no han declarado, señalan que fueron los policías los que mataron a los migrantes.
Además, llamadas y mensajes de texto que algunas de las víctimas enviaron a sus familiares el día de la masacre, confirman que ellos denunciaron que eran atacados por la policía.
Según el informe periodístico, las 19 víctimas sufrieron extensas quemaduras de cuarto grado, algunas en el 100 por ciento de su cuerpo, según los informes de autopsia presentados por la fiscalía. Los informes dejaron abierta la posibilidad de que varias de las víctimas murieran como consecuencia de sus quemaduras, no de heridas de bala.
Los agentes habría usado vehículos blindados e incluso buscaron a posibles sobrevivientes en casas aledañas a la zona del crimen. Testigos han declarado sobre el momento de la persecución y balacera.
Entrenamiento de Estados Unidos
Según Vice, “la masacre ha despertado la preocupación de los miembros del Congreso en Washington debido a sus conexiones con Estados Unidos. La mayoría de los oficiales involucrados en el asesinato masivo pertenecían a una unidad de fuerzas especiales de Tamaulipas cuyos miembros han recibido entrenamiento por parte de Estados Unidos. En los últimos años, la unidad ha sido acusada de abusos contra los derechos humanos, incluidos secuestros, desapariciones forzadas y torturas”, dice el reporte.
Agrega que el Departamento de Estado de Estados Unidos capacitó a tres de los 12 policías acusados de la masacre, por medio de un programas destinado a fortalecer y modernizar la fuerza policial y sistema de justicia en México.
Mayra Elizabeth Vásquez Santillana, la comandante de la policía regional vinculada al caso habría ido de casa en casa en Camargo, para preguntar si alguno de los migrantes se había escondido en alguna vivienda.
Vásquez, según Vice, tomó clases de una semana sobre derechos humanos y ética policial en 2016 y 2017. El Departamento de Estado de EE. UU. diseñó dichos cursos para compensar la falta de formación académica de policías mexicanos.
Otro acusado de la masacre tomó clases para brindar habilidades de liderazgo a la policía mexicana.
Una investigación separada del caso, también había evidenciado que 9 agentes federales de inmigración y policías locales habían sido arrestados por alteración de pruebas.
Vice refiere que En julio, el Comité de Asignaciones del Congreso de la Cámara de Representantes redactó un informe en el que señalaba su preocupación por la “participación de agentes policiales mexicanos capacitados en Estados Unidos ” en los asesinatos y solicitó al Departamento de Estado una evaluación detallada de su programa de capacitación en el norte de México.
El informe agregaba que el “Comité está preocupado por el deterioro de las condiciones de derechos humanos en la frontera de los Estados Unidos y México debido a los flujos migratorios y está preocupado por los informes de que agentes de la Agencia Nacional de Migración de México han cometido violaciones de derechos humanos y no han sido detenidos explicable.”
Los abogados defensores
La información periodística de Vice, detalla que los abogados de los 12 policías vinculados a la masacre de los guatemaltecos sugirieron que sus clientes eran víctimas de una carrera nefasta por lograr justicia y que habían sido incriminados.
Además, el defensor de Eduardo Govea, dijo que los testigos de la masacre eran analfabetas y cuestionó el cambio inusualmente rápido en las necropsias de las víctimas.
También alegó que los fiscales de la investigación obtuvieron los teléfonos de los agentes sin ordenes judiciales, pero eso lo desestimó un juez.
Algunos de los policías ya subieron al estrado judicial para señalar a los investigadores del caso. La comandante Vásquez testificó, entre lágrimas, que a ella la intimidaron y nunca le dijeron que era sospechosa.
Además, que cuando los relatos de los policías no coincidían con el que ella daba, los investigadores cambiaron su declaración para que sí fueran iguales a las de sus colegas, señaló Vásquez.
El juez dictaminó que sí había pruebas suficientes contra los policías y le dio a la fiscalía y la defensa hasta el 8 de agosto para completar la investigación.
Ángel Escalante, un abogado que representa a los familiares de las víctimas guatemaltecas, dijo a Vice que las autoridades mexicanas los han mantenidos en la oscuridad con respecto a la investigación.
“Cuando preguntamos al respecto, todo lo que dicen es: ‘Tenemos 12 oficiales bajo custodia’”, dijo Escalante. “Se hará justicia cuando revelen cómo las autoridades son cómplices de las redes de tráfico ilícito, cómo se benefician de los migrantes y quién ordenó la masacre, no solo procesando y sentenciando a los 12 oficiales”.
PrensaLibre – AP
