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La Articulaci??n de los Pueblos Ind??genas de Brasil (APIB) pidi?? este lunes a la Corte Penal Internacional (CPI) que investigue al presidente Jair Bolsonaro por su “pol??tica anti-ind??gena”, a la que califican de “genocidio” y “ecocidio”.
Los ind??genas brasile??os ya han interpuesto otras denuncias contra Bolsonaro en la CPI, pero esta es la primera vez que lo hacen con abogados ind??genas, explica en un comunicado la APIB, que re??ne a varias organizaciones que defienden los derechos de los pueblos originarios.
“Creemos que est??n en curso en Brasil actos que configuran cr??menes contra la humanidad, genocidio y ecocidio. Dada la incapacidad del actual sistema de justicia en Brasil de investigar, procesar y juzgar esas conductas, denunciamos esos actos ante la comunidad internacional, movilizando a la CPI”, declar?? Eloy Terena, coordinador jur??dico de la APIB.
Relatos, documentos e investigaciones
La denuncia est?? basada en relatos de l??deres y organizaciones ind??genas, documentos oficiales, investigaciones acad??micas e informes t??cnicos que, seg??n la APIB, “muestran el planeamiento y la ejecuci??n de una pol??tica anti-ind??gena expl??cita, sistem??tica e intencional encabezada por Bolsonaro” desde que lleg?? al poder en enero de 2019 y, en especial, durante el per??odo de la pandemia.
Los ind??genas brasile??os denuncian que la presencia de mineros y madereros ilegales en las reservas son uno de los principales factores de contagio del coronavirus en las comunidades. El coronavirus ha dejado 1.166 muertos y m??s de 57.000 contagios entre los casi 900.000 ind??genas que viven en Brasil.
Desde que lleg?? al poder, Bolsonaro ha defendido la apertura de tierras ind??genas y ??reas protegidas de la Amazon??a, muy golpeadas por la deforestaci??n y la miner??a ilegal, para la explotaci??n de recursos, lo que le ha valido cr??ticas dentro y fuera de Brasil.
En los ??ltimos meses, la poderosa bancada del agronegocio y otros aliados oficialistas en el Congreso han acelerado la tramitaci??n de varios proyectos de ley vistos como amenaza para los ind??genas, que representan 0,5% de los 212 millones de brasile??os y cuyas reservas ocupan el 13% del vasto territorio brasile??o.
La CPI, creada en 2002 para juzgar las peores atrocidades en el mundo, no est?? obligada a dar curso a las miles de denuncias presentadas ante su fiscal, que decide de manera independiente qu?? asuntos son abordados.
jc (afp, lusa)
