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El 5 de noviembre la Policía Nacional Civil (PNC) informó el hallazgo de un jet en Retalhuleu durante un operativo antinarcótico. Según la información oficial, por órdenes del Ministerio Público este vehículo fue incinerado, ya que no era segura para emprender el vuelo. En seguimiento a este hecho, Haroldo Vásquez y Julio Prado cuestionaron la pertinencia de la decisión desde una perspectiva legal.
El cuerpo policial describió que la orden fue imperada por el Ministerio Público (MP) en asesoría de expertos militares. Según la vocería del MP, la acción se fundamenta en las regulaciones de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés). Además, distinguió que las aeronaves localizadas bajo operativos antinarcóticos no pueden ser rescatadas para su uso posterior, pues podrían estar alteradas y constituir un riesgo.
Por otro lado, el Ejército detalló que en este proceso siempre es competencia de los fiscales del MP autorizar la quema de las aeronaves en el punto de ubicación del ilícito.
HAROLDO VÁSQUEZ (AGJI): JUEZ EN NECESARIO EN EL PROCESO
En un reportaje radial de Con Criterio, Haroldo Vásquez Flores, presidente Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad (AGJI), opinó que es complejo determinar inmediatamente si la evidencia no es útil. Además, según la información brindada por las autoridades pone en duda si se recabaron todas las pruebas necesarias.
“Se tiene que poner a disposición del órgano jurisdiccional, en donde se vaya a eventualmente realizar la investigación correspondiente, toda evidencia o prueba que sea útil para la investigación y sea el juez contralor el que disponga en qué momento se puede destruir o no una evidencia”, sostuvo.
Posteriormente, en una entrevista del mismo medio radial, Julio Prado, exfiscal del MP y abogado penalista, concordó con el análisis de Vásquez y agregó que el simple hecho de encontrar una aeronave, de procedencia desconocida en territorio nacional es sujeto a una investigación por riesgos a la seguridad nacional. Lo anterior implica que deben ser resguardadas las evidencias para la pesquisa.
“Eso ya es parte de una investigación y, por lo tanto, debe ser resguardado como una evidencia. El Ministerio Público tiene el deber, como lo menciona también la normativa, de resguardar esa evidencia, de tal forma que pueda ser analizada”, refirió.
En esta investigación, formuló el experto, debe intervenir la Corte Suprema de Justicia (CSJ), a través de los jueces de primera instancia. “Cuando un hecho como este sucede en territorio guatemalteco es que se inicia una investigación que está a cargo del Ministerio Público. Se debe auxiliar de la Policía Nacional Civil para poder hacer esa investigación y resguardar la evidencia; esta es una escena del crimen”, describió.
UNA PRÁCTICA ACOSTUMBRADA NO SIGNIFICA QUE SEA LEGAL
Prado enfatizó que, si bien quemar las evidencias no es una práctica reciente, a su criterio, no es una acción pertinente a realizar. “No porque se acostumbre, es esto legal”, distinguió.
Según describió, solo existen dos maneras en las que el MP puede adquirir esa evidencia: una orden de secuestro, expedida por un juez de primera instancia; o a través del hallazgo de la PNC, como en este caso que, aunque no cuenta con una orden de secuestro, la notoriedad de una aparente comisión ilícita, faculta a la entidad para actuar inmediatamente y trasladar la información al juez.
“Esta evidencia debió ser resguardada por la PNC hasta que se pudiera trasladar al almacén del Ministerio Público, el almacén del Organismo Judicial o algún lugar donde se pudiera tener este tipo de aeronaves”, detalló.
¿QUÉ SUCEDERÍA SI SE HUBIERA LOCALIZADO AL DUEÑO?
El exfiscal expuso que la Ley de Extinción de Dominio indica que “si no se podía identificar al dueño (de la aeronave), era obligatorio iniciar el proceso de extinción de dominio”. Por el modelo de vehículo, consideró que venderla sería complicado, pero pudo ser útil para obtener repuestos y revenderlos.
Él cuestionó además qué hubiera pasado si la nave hubiera sido robada y se localizara posteriormente al dueño y el Estado ya haya elegido quemarla. “Eso es lo que no estamos viendo”, dijo y reiteró que por esta y las razones anteriormente expuestas, se debe conservar la evidencia hasta que no se pueda determinar si hay un propietario.
ESTA HA RESPUESTA HA DADO EL MP RESPECTO A LA QUEMA DE AERONAVES
El pasado sábado, La Hora publicó la nota “Jet con droga: ¿Podían las autoridades incinerarlo en el lugar? Esto argumenta el MP”, en la cual el ente investigador explicó que antes de incinerar la aeronave fue procesada en su totalidad y se recopilaron los datos necesarios para continuar con la investigación.
“Lo que se hace es inspeccionar en su totalidad la aeronave para obtener datos de identificación de esta. Se levantan todos los datos de registro e identificación que aportan a la investigación”, aseguró Juan Luis Pantaleón, jefe de Información y Prensa del MP.
Asimismo, afirmó que esa dinámica se fundamenta en regulaciones de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés). Añadió que no se pueden utilizar aeronaves localizadas bajo operativos antinarcóticos, ya que están alteradas y sería riesgoso movilizarlas.
A pesar de que la Ley contra la Narcoactividad y sus Reformas, establece en el Artículo 19 que el Juez Incinerador es quien ordena la “destrucción, eliminación o inutilización de la droga, estupefaciente, sustancia química prohibida o controlada, psicotrópico o precursor”, esto no aplica a los recursos de transporte que podrían estar vinculados a ese tipo de delitos, según el MP.
El domingo fue ubicada otra avioneta con ilícitos, pero en Sayaxché, Petén; también fue incinerada y al consultarle al MP si esto se trataba de una nueva disposición para el manejo de las aeronaves con ilícitos, la entidad remitió a las respuestas del sábado.
El 11 de junio de 2019, la PNC reportó en una finca ubicada en el kilómetro 145 de la aldea Pinula, Tiquisate, la localización de una avioneta con posibles ilícitos. En esa oportunidad, el vehículo también fue incinerado y la Fiscalía contra la Narcoactividad explicó al medio “Soy502” que presentaba daños, por lo que tomaron la decisión de hacerlo.
El 24 de febrero del 2020, incluso la PNC compartió un video de cómo utilizaba gasolina para incinerar una avioneta ubicada Sayaxché, Petén, “ante la imposibilidad” de trasladarla a otro lugar.
LaHoraGT
