La jefa del Gabinete, Mirtha V??squez, confirm?? que se efectuar??a el cierre de varias empresas del sector que han sido responsables de la contaminaci??n de las cabeceras de los r??os de esa zona.
El anuncio de la jefa de gabinete de Per??, Mirtha V??squez, sobre el “cierre” de cuatro minas en el pa??s suramericano ha desatado una controversia de proporciones may??sculas debido a los intereses que giran en torno al sector.
El viernes, durante una actividad en Coracora, Ayacucho, V??squez anunci?? que se efectuar??a el cierre de varias empresas mineras que han sido responsables de la contaminaci??n de las cabeceras de los r??os de esa zona. “Lo m??s preciado es el agua“, apunt??.
Si bien la noticia fue celebrada por las comunidades, no fue bien recibida por las mineras y mucho menos por los empresarios, que el fin de semana arremetieron contra la premier por considerar que se ha tomado atribuciones que no le corresponden. El Gobierno, mientras tanto, emiti?? un comunicado para asegurar que se mantendr??n las actividades de las empresas, “respetando estrictamente el marco legal vigente”, aunque este lunes el desplome de las acciones de una de las principales compa????as levant?? las alertas ante un posible pleito legal. ??Y ahora qu???
Desplome en la bolsa
Las minas con fecha de cierre son Inmaculada, Pallancata, Apumayo y Breapampa, que est??n ubicadas en las cabeceras de la cuenca del sur de Ayacucho. Pese a que los gremios empresariales aseguran que se trata de una decisi??n “arbitraria” por parte del Gobierno, desde el despacho de V??squez aclaran que esas instalaciones ya ten??an pautados planes de cierre, incluso desde hace dos a??os.
Mediante una comunicaci??n oficial, el Ejecutivo precis????que el acuerdo suscrito con las comunidades del sur de Ayacucho para hacer seguimiento al plan de cierre, se circunscribe al cronograma previamente establecido para ese proceso. “Por lo tanto,??descartamos que estas medidas sean arbitrarias, ilegales o que contravengan la estabilidad jur??dica, como han referido representantes de los gremios empresariales”, detalla el texto.
Sin embargo, una de las empresas que deber??a aplicar un??cierre asegur?? que no estaba al tanto de la decisi??n. Se trata de??Hochschild, una minera de Reino Unido que ha adelantado que “defender?? en??rgicamente” sus proyectos de extracci??n de oro y plata de Pallancata e Inmaculada, luego de un lunes sombr??o, con acciones que se??desplomaron??m??s de??un 50 % por el anuncio del Gobierno peruano.
La compa????a alega que opera bajo “los m??s altos est??ndares ambientales”, ofreciendo 5.000 empleos directos y unos 40.000 indirectos. El director ejecutivo de Hochschild, Ignacio Bustamante, mostr?? su sorpresa ante el anuncio del Gobierno y tach?? de “ilegal” la acci??n planificada en ese yacimiento, del cual la empresa extrae m??s de dos tercios del oro y la plata.
“Estamos dispuestos a entablar un di??logo con el gobierno??para resolver cualquier malentendido con respecto a nuestras operaciones mineras. Sin embargo, dada la naturaleza ilegal de la acci??n propuesta, la empresa defender?? en??rgicamente sus derechos para operar estas minas utilizando todas las v??as legales disponibles”, sostuvo??Bustamante, en declaraciones a??The Guardian.????
??Qu?? hay detr??s del cierre?
Las autoridades peruanas tienen en la mira la protecci??n del agua y los ecosistemas en las provincias de Parinacochas, Lucanas y P??ucar del Sara Sara, que est??n en peligro por la intensa actividad minera que existe actualmente en las cabeceras de la cuenca sur de Ayacucho.
Para ello, el Ejecutivo ha creado una comisi??n negociadora que afine los detalles para el cierre de las cuatro unidades mineras, se re??na con las empresas involucradas y haga una evaluaci??n ambiental “para identificar las fuentes de contaminaci??n”, en atenci??n a la demanda hist??rica de las comunidades que defienden su derecho al agua, al territorio y a un ecosistema libre de la miner??a.
“Si estoy ac?? como presidenta del Consejo de Ministros, con los representantes de ministerios, es porque reconocemos que sus demandas son leg??timas y justas“, afirm?? V??squez el viernes, tras recalcar el abandono hist??rico de esas comunidades por “la indiferencia de un Estado que pensaba que era suficiente el crecimiento econ??mico”.

En su intervenci??n en Ayacucho, la premier fue enf??tica en que el objetivo es que no se extienda el plazo de concesiones de exploraci??n ni exploraci??n para las empresas, sino que terminen y cierren la actividad minera “lo m??s inmediato posible”. Al d??a siguiente, debido a la controversia generada,??matiz????sus declaraciones.
“Las operaciones mineras que ya tienen fecha de cierre prevista deben hacerlo de forma adecuada y cumpliendo los est??ndares y plazos de ley. La recuperaci??n de la cuenca es nuestro compromiso firmado con el sur de Ayacucho. No significa cierre unilateral”, sostuvo.
Controversia en puertas
Con cronograma pautado o no, la jugada anunciada por V??squez llega en un momento de relativa turbulencia dentro del Gobierno peruano, que ha tenido que sortear los primeros 100 d??as de gesti??n en medio de esc??ndalos, renuncias de ministros y una pugna viva con la oposici??n en el Congreso.
Sin embargo, no es una medida espont??nea. La decisi??n se produce despu??s de meses de protestas por parte de las comunidades de las zonas mineras de Per??, que no solo denuncian la contaminaci??n del medioambiente, sino que se??alan a las compa????as a cargo de los yacimientos de ser responsables de conflictos territoriales, violencia, desplazamiento, deforestaci??n y persecuci??n a los l??deres y defensores ambientales.
Bloqueos, cierres de v??as y confrontaciones con la polic??a fueron la expresi??n m??s visible de los diferentes conflictos mineros, como el de las Bambas (Apur??mac) y de Aruntani Tucari, (Moquegua). En ese contexto, la ministra decidi?? acudir a la zona junto a otros funcionarios para establecer un “di??logo activo” con la poblaci??n y dar respuesta a sus demandas. El problema es que las peticiones de la poblaci??n chocan con los intereses econ??micos de las mineras, en un pa??s que es el segundo productor de cobre en el mundo y cuyas finanzas dependen, en buena medida, de los impuestos a esa actividad.
“La primera ministra est?? pasando por encima del Estado de Derecho, atribuy??ndose poderes que no tiene por ley y asumiendo funciones que corresponden a otras instancias del Estado“, acus?? el presidente de la Confederaci??n Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP), Oscar Caipo. Esa gremio, que agrupa a las corporaciones mineras m??s grandes del pa??s, reconoci?? que si bien se han establecido cronogramas de cierre, ten??an previsto extender esos plazos.
La ley peruana, aunque contempla el cumplimiento de los plazos de cierre, tambi??n deja la ventana abierta a la modificaci??n de los cronogramas, en caso de que as?? lo determinen los reguladores, una cuesti??n que las multinacionales parec??an dar por sentado.
De momento, la Comisi??n de Energ??a y Minas del Congreso ha pedido a V??squez una comparecencia este mi??rcoles para explicar el alcance del acuerdo con las comunidades en Ayacucho y los criterios t??cnicos para el cierre de los yacimientos.
Entretanto, el Ministerio de Energ??a y Minas emiti?? un??comunicado??para insistir que Per?? es un pa??s “netamente minero” y est?? dispuesto a ofrecer garant??as a los inversores del sector, que participa en “13,5% del PBI y con el 62% de las exportaciones”, siempre que las empresas est??n “dentro de un enfoque??de desarrollo integral y sostenible, y de relaci??n arm??nica con los pueblos y comunidades colindantes a los proyectos mineros, orientado al beneficio del desarrollo de las grandes mayor??as”.
RT