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“Enfrentamos una crisis mundial que nos afecta a todos, pero continuaremos trabajando para que en nuestro país el impacto sea menor”, publicó en redes sociales el presidente del órgano Legislativo, Ernesto Castro, tras finalizar una sesión extraordinaria.
El Gobierno de Nayib Bukele presentó el sábado varias reformas para “paliar” los efectos de la inflación, que en 2021 fue superior a los registros de los últimos 20 años, según medios locales.
Los legisladores, sin estudiar previamente las medidas, aprobaron suspender el cobro de los cargos para el Fondo de Estabilización para el Fomento Económico, conocido como impuesto de guerra, y la Contribución para la Estabilización de las Tarifas, utilizado para subsidiar en parte el transporte público.
Estos dos tributos reducirán en 26 centavos de dólar el precio del galón (3.8 litros) de gasolina.
También se aprobó la Ley Especial Transitoria para el Combate de la Inflación de Precios de Productos Básicos, que exoneraría de impuesto de importación a los alimentos.
Se espera que el Congreso se reúna nuevamente este domingo para aprobar otras medidas solicitadas por el Ejecutivo de Bukele.
El Salvador cerró enero pasado con una inflación acumulada del 0.62 %, superior en 0.35 puntos porcentuales al índice de enero de 2021, según cifras de la Dirección General de Estadísticas y Censos (Digestyc).
Según datos del Banco Central de Reserva (BCR), El Salvador registró en enero pasado una variación anual de la inflación de aproximadamente el 6.5 %, mientras que en 2021 cerró con 6.11 %.
Decomiso de transporte
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, advirtió este domingo que su Gobierno intervendrá más unidades del servicio de transporte colectivo si “se van a paro”, después de que un empresario fue detenido por incrementar el pasaje y sus unidades son manejadas por militares.
Sin citar directamente ninguna ley o artículo de la Constitución, el ministro de la Defensa, René Merino, publicó en Twitter que los autobuses y microbuses de la empresa a la que pertenece Miranda “serán operados por el Estado para darle servicio de transporte a toda la población”.
El presidente Bukele compartió un artículo de la Constitución que señala que “el Estado podrá tomar a su cargo los servicios públicos cuando los intereses sociales así lo exijan”.
Sin embargo, este fragmento de la Constitución no aclara si el Estado prestará el servicio con sus propios medios o podrá tomar los bienes privados de los concesionarios.
“Prepare más conductores Ministro (Merino), que si más transportistas se van a paro, habrá que intervenir todas esas unidades también. Ni una tan sola unidad se quedará sin brindar el servicio”, añadió Bukele en Twitter.
En la víspera, las autoridades del Viceministerio de Transporte anunciaron la suspensión de los permisos y de un subsidio a 293 unidades de la empresa encabezada por Miranda.
La detención de este empresario, que también es uno de los líderes sector del transporte público, se dio horas después de que el Gobierno enviara al Congreso un paquete de reformas que buscan paliar la inflación.
“Les dijimos a los transportistas: No jueguen con fuego. Pero no escucharon (…) solo tienen que respetar la ley cobrando el pasaje acordado y legal, solo eso”, publicó el presidente salvadoreño la noche del sábado en redes sociales.
Entre las medidas, según reportes de la prensa local, se encuentran penas de prisión por el aumento del precio del transporte público sin autorización del Gobierno.
También se busca la suspensión por tres meses de dos impuestos a los combustibles, que actualmente representan una carga de 16 y 10 centavos de dólar por cada galón (3,78 litros).
Además, se mantendrá el subsidio al gas propano y se verificará que el precio del pasaje del transporte colectivo público no se aumente.
Constitución prohíbe la confiscación
El presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) de El Salvador, Javier Simán, señaló este domingo que la Constitución del país centroamericano prohíbe la confiscación.
Simán publicó esto en redes sociales en momentos en que el Gobierno ha tomado el control de unidades del transporte colectivo tras la detención de un empresario por supuestamente incrementar las tarifas, pero que la Fiscalía acusa de “resistencia”.
De acuerdo con Simán, el artículo 110 de la Constitución “permite al Gobierno suspender el derecho de un privado a brindar un servicio público, pero no lo faculta a confiscar sus bienes para brindar el servicio. Eso es confiscación y lo prohíbe expresamente el artículo 106”.
