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El Departamento de Justicia de EE. UU. habilitó una línea para que cualquier persona denuncie a actores corruptos, cuyo modo de operar ataña a esa nación; sin embargo, esta fue una medida unilateral de Washington y no se requirió la intervención del Ministerio Público (PM) de Guatemala, lo que a criterio de expertos en justicia, eso evidencia la desconfianza hacia la gestión de la fiscal general Consuelo Porras.
La Fuerza de Tarea nace como parte de las preocupaciones de EE. UU. sobre las oleadas migrantes provenientes de Guatemala, Honduras y El Salvador que intentan ingresar de forma irregular a dicho país en busca de oportunidades que no encontraron en sus comunidades de origen.
A cuatro meses de la visita de la vicepresidenta de EE. UU., Kamala Harris, a Guatemala se informó de la activación de la Fuerza de Tarea Anticorrupción. En un comunicado, el Departamento de Justicia explicó que cualquier ciudadano que tenga conocimiento de actores corruptos que muevan capital por o a través de los EE. UU. podrán presentar sus denuncias al correo combatiendocorrupción@fbi.gov.
“Denuncias sobre posibles actos de corrupción o movimientos de capitales mal habidos que hayan sido recibidas a través de la dirección de correo electrónico serán examinadas por la Fuerza de Tarea del Departamento de Justicia”, informaron.
Esta fue una medida unilateral de EE. UU. y, según informó el vocero del MP, Juan Luis Pantaleón, el ente investigador no recibió ninguna comunicación oficial para apoyar esta fuerza. No obstante, aseguró que para que la fuerza de tarea valga jurídicamente, debe participar el MP, ya que es la entidad que tiene la exclusividad de la persecución penal en Guatemala
“El Ministerio Público no ha recibido comunicación oficial en la que pueda determinar cómo se pretende que funcione esta Fuerza de Tarea para la realización de investigaciones, no obstante la Constitución Política de la República de Guatemala otorga esa potestad con exclusividad al Ministerio Público, por lo que para que esta Fuerza Tarea sea jurídicamente viable es necesario la participación del ente investigador y, en ese sentido, se estará a la espera de las comunicaciones correspondientes”, dijo el portavoz.
Cabe recordar que recientemente el Departamento de Estado de EE. UU. incluyó a la fiscal general Consuelo Porras en la Lista Engel. Este listado incorpora a aquellas personas corruptas o que socavan la democracia en los países del norte de Centroamérica.
El Gobierno de Guatemala también emitió un comunicado donde expresa que es “fundamental el trabajo conjunto con las instituciones del Sector de Seguridad y Justicia de Guatemala para el éxito de un proyecto de amplias proporciones, como es detectar, inmovilizar y extinguir grandes flujos de capital ilícito que se mueven en la región y socavan la institucionalidad de las naciones, en detrimento del desarrollo de los pueblos”
Distanciamiento
Gabriel Orellana, constitucionalista y excanciller, considera que EE. UU. puede adoptar medidas propias para combatir la corrupción sin requerir un aval jurídico de las instituciones guatemaltecas. Por ejemplo, la cancelación de visas.
“Se cuidan de no necesitar jurídicamente de Guatemala porque ellos disponen de medidas jurídicas e instrumentales, como la cancelación de visas o activos en EE. UU. Entonces la postura del Ministerio Público es demasiado teórica”, dijo Orellana.
No obstante, Orellana dijo que esto evidencia que EE. UU. no requiere la cooperación del MP porque no lo considera una institución confiable.
Édgar Celada, experto en seguridad, dijo que el modo de proceder de EE. UU. es un reflejo del grado de distanciamiento entre los dos Estados.
“Hay un nivel de distanciamiento entre el Estado guatemalteco por las razones que ya conocemos. La lectura que hace Estados Unidos es que el Gobierno de Guatemala no coopera en la lucha contra la corrupción, al punto que pone a la fiscal general e la lista de quienes no colaboran con la justicia, lo cual es embarazoso para relaciones entra ambos países”, dijo Celada.
Celada prevé que el impacto que tenga esta fuerza será limitado, ya que hay estructuras criminales en Guatemala con capacidad de generar impunidad.
“La vicepresidenta de EE. UU. y su equipo de asesores no encontraron en el Gobierno de Guatemala la colaboración que esperaban. Ellos no leyeron el grado de compromiso que tiene la estructura de poder guatemalteca con la impunidad, el crimen organizado e incluso el narcotráfico. Ahora tienen que salir con una medida edulcorada que tendrá pocos efectos”, advirtió Celada.
PrensaLibre
