0
0
La Justicia de El Salvador ha condenado al expresidente Elías Antonio Saca y a los empresarios Juan Wright Castro y Gerardo Balzaretti por el desvío de diez millones de dólares –unos 8.6 millones de euros– donados por Taiwán entre el 2003 y 2004.
Así, el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador ha culpado a los tres de los delitos de blanqueo de capitales y activos por la supuesta malversación de fondos públicos que cometió el expresidente Francisco Flores con cuatro cheques que recibió del Gobierno taiwanés destinados a la reconstrucción del país tras los terremotos de 2001.
Saca ha sido condenado ha pagar seis millones de dólares –casi 5,2 millones de euros–, mientras que los empresarios deberán abonar al Estado dos millones de dólares –en torno a 1,7 millones de euros– cada uno, recoge el diario salvadoreño ‘El Mundo’.
La jueza encargada del caso considera que Saca se benefició de este dinero para financiar su campaña electoral que le llevó a la Presidencia de El Salvador entre 2004 y 2009.
Por su parte, Wright Castro ha sido acusado de no haber intentado frenar las irregularidades del exmandatario y de Balzaretti, a quien ha culpado de ser el principal responsable de la apertura de la cuenta en Costa Rica de donde se sustrajeron los fondos públicos.
Asimismo, la jueza ha resaltado que el expresidente Flores fue quien destinó los fondos de Taiwán a una cuenta de ahorro en un banco costarricense para, más tarde, ser distribuidas a otras cuentas.
En este sentido, ha lamentado que la Fiscalía no haya investigado a más sospechosos, pues no son solo estos tres condenados los responsables de los delitos de blanqueo de capitales y malversación de fondos.
Además, ha detallado que de los nueve proyectos financiados por el Gobierno de la isla a El Salvador, solo se desarrollaron cuatro de ellos, y otros cinco se quedaron sin ejecutar pese a contar con la financiación para ello.
Por su parte, el abogado de Wright Castro, Baulenas Arnau, ha criticado que «el Estado de derecho cada vez parece menos Estado de derecho», pues considera que el fallo es «una auténtica aberración jurídica».
«En ningún país del mundo se puede determinar la responsabilidad de un muerto, más cuando el muerto ya fue juzgado y sus herederos fueron absueltos», ha señalado el abogado en alusión al expresidente Flores.
DPA
