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El excongresista es señalado de cuatro delitos, aunque su proceso fue anulado por una Sala de Apelaciones.
Oscar Armando Escribá llegó al Congreso en 2015 por el departamento de Jutiapa como diputado del desaparecido partido Lider, durante su paso por la Unidad de Conservación Vial (Covial) fue conocido como “Mister 20 por ciento”, en referencia a la cantidad que cobraba a los constructores para adjudicarles contratos. Con los fondos ilegales, el exfuncionario compró lanchas, un helicóptero, un avión y otras propiedades.
Pese a los señalamientos de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público, la Sala Segunda de Mayor Riesgo anuló el proceso contra Escribá y separó del caso a la jueza Ericka Aifán. El ente investigador prepara una apelación para dejar sin efecto el fallo de la Sala que ordenó levantar todas las medidas dictadas contra el excongresista.
El proceso contra Escribá se resume en que utilizó sus puestos de dirección en dependencias del CIV para adjudicar más de Q194 millones a empresas ligadas a él y a sus familiares.
La opulencia ha caracterizado al exdiputado, cuyos bienes serían producto de los cuestionados negocios que tuvo con el Estado durante las administraciones gubernamentales de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y Partido Patriota (PP), así como en las administraciones municipales de Villa Nueva y San Miguel Petapa.
El patrimonio de Escribá incluye bienes como una finca, ganado, chalés, apartamentos en zonas exclusivas de la capital, restaurantes, empresas de cable, gasolineras, litografías, constructoras que han hecho negocios con el Estado y una empresa de señalamiento vial, todas ellas habrían sido obtenidas por medio de coimas recibidas cuando fue funcionario de gobierno.
Propiedades y negocios
Las investigaciones por el caso Odebrecht y los pagos recibidos por un bufete dedicado a la legalización de aeronaves, helicópteros y yates en el país, llevaron a los investigadores de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) a otros bienes propiedad del excongresista y por lo cual fue señalado de lavado de dinero fraude, concusión y falsedad en la declaración patrimonial jurada.
Entre las propiedades de Escribá se encuentra una aeronave marca Beechcraft E90 King Air, cuyo precio en el mercado es superior a los US$500 mil, unos Q3 millones 500 mil. También un helicóptero marca Bell modelo 206-L-1 con un precio de alrededor de US$480 mil, equivalente a Q3 millones 360 mil, también adquirió dos lanchas de pesca.
Dentro de los documentos encontrados por los investigadores se encuentra también el referente al helicóptero TG-GOL, el cual era propiedad de la Constructora Jireh del empresario Jaime Aparicio -señalado en Guatemala por el caso Construcción y Corrupción y en El Salvador por entregar coimas al expresidente Mauricio Funes-.
Escribá, fue empleado de Aparicio y Edwin Escobar en la Inmobiliaria Japa, en donde fungió como representante legal y mandatario.
El restaurante La Plazuelita de la zona 9, también tiene relación Escribá. El negocio está a nombre de su socio y abogado de confianza, Edgar Leonel Polanco Mejía.
Además, el exlegislador está ligado a una finca en Poptún, Petén, con más de mil cabezas de ganado y presidió el Consejo de Administración de la sociedad Turbocom, dueño de una gasolinera ubicada en el kilómetro 169 en la entrada principal a Chiquimula.
Su cuñado, Luis Alberto Beltetón Carías, también le administró una empresa de cable llamada GEGG TV Cable, ubicada en Jutiapa. Además, figuró como administrador único de la sociedad Explotadora de Productos Minerales de Guatemala, encargada de una cantera de materiales para la construcción, situada en Bárcenas, Villa Nueva.
El proceso en su contra
La solicitud de antejuicio en contra de Escribá se planteó por los indicios encontrados por la FECI y la CICIG, por los delitos de Concusión y Fraude que habría cometido mientras era director de Covial y director del Fondo Social de Solidaridad, cuando adjudicó a sus empresas constructoras millonarios contratos entre 2008 y 2012.
Según las investigaciones, el exdiputado es propietario real de la empresa Montañas Nacionales, S.A., que entre 2011 y 2019 recibió contratos del Estado por Q255.3 millones, de los cuales Q169 millones fueron adjudicados durante el gobierno de la UNE, mientras fungía como funcionario de ese gobierno, y uno de los contratos con el Fondo Social de Solidaridad fue adjudicado por el propio Escribá cuando dirigió la institución.
La empresa Señalamiento Vial de Centroamérica, S.A. (Sevica) también está vinculada a Escribá. A través de esta, el exdiputado habría adjudicado tres contratos mientras fungía como director de Covial y otros más mientras fue director del FSS. Esta empresa continuó recibiendo contratos con el gobierno de Jimmy Morales; uno de los últimos fue adjudicado en mayo de 2019 por Q14.9 millones con el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV).
La información sobre los bienes de Escribá llegó a las autoridades tras los allanamientos a las oficinas del bufete Consultores Legales, propiedad del abogado Juan Manuel Molina Coronado, quien las investigaciones encontraron que habría recibido US$1.2 millones del Sector de Operaciones Estructuradas de la Constructora Norberto Odebrecht como pago de las coimas de la empresa brasileña a funcionarios del CIV.
Dentro de los documentos encontrados por la FECI y la CICIG en los correos electrónicos del bufete Consultores Legales, también se detalla cómo Escribá adquirió la empresa Inmobiliaria Centroamericana, S.A.
Retardo malicioso
En 2019, el exdiputado recusó al juez pesquisidor que conocía el antejuicio planteado en su contra. Antes de eso había sido citado cuatro veces para que presentara pruebas de descargo, pero envió a través de sus abogados diferentes excusas para no asistir.
Según fuentes consultadas, el excongresista mantenía estrecha relación con jueces, y durante su legislatura fue uno de los más activos negociadores para que los diputados eligieran a determinados candidatos.
“Un diputado de la anterior legislatura comentó que durante la elección de las pasadas cortes, Escribá Morales fue uno de los operadores más activos del partido al momento de negociar la elección de magistrados”, cita una investigación de elPeriódico.
Escribá llegó al Congreso con Lider y buscó su reelección con FCN-Nación, sin embargo, no logró los votos necesarios y perdió su inmunidad.
Narcotráfico
Brenda Izela Escribá Morales y Katelin Iliana Beltetón Escribá, hermana y sobrina del exdiputado Armando Escribá fueron detenidas en noviembre de 2015 junto a otras 12 personas y señaladas de lavado de dinero y otros activos. Las familiares de Escribá junto a los otros capturados habrían lavado recursos provenientes del narcotráfico, según las pesquisas de las autoridades.
Según el MP al menos 19 vehículos fueron adquiridos por la estructura criminal y pagaron en efectivo Q150 mil y Q900 mil. La hermana y la sobrina de Escribá fueron detenidas en residenciales Petapa 1, donde el congresista vivía antes de que su patrimonio se incrementara de manera exponencial.
Proceso anulado
La Sala Segunda de Mayor Riesgo anuló el proceso penal contra Escribá y separó del caso a la jueza Ericka Aifán. En varias ocasiones el parlamentario retrasó el retiro de inmunidad con múltiples recursos legales. Fue hasta el 13 de enero de 2020 que se presentó voluntariamente ante la justicia luego que el MP ejecutara varios allanamientos sin que fuera localizado. Finalmente, el 12 de marzo del mismo año fue ligado a proceso y enviado a prisión preventiva hasta que dicha sala emitió su fallo.
Familia
Óscar Armando, es hijo de Silvia de María Morales García y Armando Escribá Cordón, quien fue un trabajador bananero. Sus hermanos son Alfredo, Brenda, Ileana y Estuardo.
Los Escribá Morales son oriundos de Morales, Izabal, y crecieron en las colonias que la Empresa Bananera de Guatemala (Bandegua) construía para sus empleados.
Escribá llegó al partido de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) durante la campaña electoral de 2007 como enlace de financiamiento del empresario Jaime Ramón Aparicio Mejía, también conocido como Japa y hoy prófugo de la justicia por el caso Construcción y Corrupción, que involucra a constructores y exfuncionarios del CIV.
Fuente Elperiodico.
