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Agentes de la CIA habrían recurrido a la tortura como método de interrogatorio de prisioneros afganos, en una práctica presuntamente extendida durante buena parte de la presencia estadounidense en Afganistán y que derivó en la muerte documentada de al menos un preso. Aunque la denuncia del uso de tales métodos ha sido reiterada en el tiempo, adquiere ahora otro cariz al publicar el portal BuzzFeed cientos de páginas de documentos desclasificados de la propia agencia.
Se trata de papeles relacionados con investigaciones adelantadas por el inspector general de la CIA sobre el abuso contra menores por parte de integrantes y contratistas de ese organismo. En particular, las indagaciones incluyeron una revisión especial del instructivo de detención e interrogatorio de la CIA, realizada en 2004, esto es, 18 meses después de la muerte del ciudadano afgano Gul Rahman en la prisión clandestina de Salt Pit, ubicada en Kabul.
Humillaciones para quebrar la resiliencia
En el archivo filtrado se precisa que a Rahman, más allá de maltratos continuos, se le privaba del sueño hasta por 48 horas seguidas, lo sometían a duchas gélidas y, para además “inflingirle una humillación cultural“, se le impedía llevar ropa.
Pese a ello, señala el reporte, el preso se negó a cooperar y solo admitió su nombre luego de pasar varias jornadas “en condiciones frías, con mínima comida y sueño”. Un día, incluso, lanzó una botella de agua junto con su cubo de defecación hacia los guardias, amenazando con matarlos y asegurando que recordaba sus rostros. Tras ello, a Rahman lo ataron de pies y manos al suelo. El 20 de noviembre de 2002 fue hallado muerto.
Una pesquisa posterior determinó que el personal carcelario de Salt Pit había recurrido a “acciones improvisadas” para lograr sacarle a los presos alguna información válida. Se trataría de técnicas de interrogatorio no aprobadas ni por el Departamento de Justicia de EE.UU. ni por la CIA.
Bruce Jessen, quien se desempeñó como psicólogo en dicho centro de detención clandestino, anotó en sus observaciones que Rahman “dejaba ver las primeras etapas de la hipotermia” tras una de las duchas heladas. Mientras, otro contratista precisó que tal práctica era “una técnica de deprivación” que se usaba no por “razones higiénicas”, sino por la resistencia del preso a cooperar.
Pese al fallecimiento de Rahman, ningún efectivo de la CIA fue objeto de sanciones disciplinarias. Por el contrario, el administrador de Salt Pit, que ya antes había evidenciado problemas de conducta, fue recomendado cuatro meses después para recibir un premio de 2.500 dólares en efectivo por realizar “un trabajo sistemáticamente superior”.
No es el único caso
Aunque un resumen del Comité de Inteligencia del Senado de EE.UU. (todavía no desclasificado) nombra a Rahman como el único prisionero muerto bajo custodia de la CIA, en la indagación del inspector general de la agencia se sostiene que hubo más fallecimientos.
Así, por ejemplo, en junio de 2003 un afgano, supuestamente implicado en ataques con misiles contra una posición conjunta del Ejército estadounidense y la CIA, se presentó en la base de Asadabad, al noreste del país, “a instancias del gobernador local”. Detenido de inmediato, murió allí cuatro días después.
En el documento se revela que durante los interrogatorios un contratista de la CIA lo habría pateado y golpeado con una linterna metálica de gran tamaño, lo que provocó su muerte.
El cadáver fue entregado a los familiares del preso sin que se le hubiera practicado una autopsia. Apunta el reporte que ni el contratista ni su supervisor estaban entrenados o autorizados para realizar interrogatorios. La única consecuencia fue la no renovación del contrato del primero de ellos.
Panorama incompleto
Aunque el informe del inspector general refiere otros casos de prácticas similares por parte de integrantes de la CIA, no puede considerarse “exhaustivo”. Eso señala el periodista de investigación Kit Klarenberg en un artículo para RT en inglés, al recordar que esa agencia no estuvo obligada hasta junio de 2003 a documentar la captura y detención de cada persona o sospechoso.
De hecho, en el documento respectivo se confirma que el inspector general fue “incapaz de determinar con certeza el número o la situación actual de los individuos que han sido capturados y detenidos”.
