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Lo hizo Roxana Baldetti, Sandra Jovel, Sandra Torres y ahora Alejandra Carrillo. Al ser se??aladas por corrupci??n, deciden avocarse a juzgados de femicidio para obtener medidas de protecci??n a su favor.
La directora del Instituto de la V??ctima, Alejandra Carrillo, es se??alada de plazas fantasmas en la instituci??n que esta a su cargo. Su caso est?? lleno de se??alamientos de filtraciones de informaci??n que podr??a haberla advertido de posibles medidas legales en su contra y el diario La Hora ha sido quien ha publicado las investigaciones al respecto.
En respuesta a estas publicaciones, Carrillo decidi?? avocarse a la ley contra el femicidio que antes ha favorecido a otras pol??ticas se??aladas de corrupci??n, como la exvicepresidenta Roxana Baldetti, la excandidata presidencial Sandra Torres y la exministra de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel.
El 8 de diciembre, los magistrados de la Sala Primera de Apelaciones de la Rama de Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer, ordenaron Juzgado de Turno de Primera Instancia Penal de Delitos de Femicidio decretar medidas de seguridad a favor de Carrillo.
Estas medidas son la prohibici??n de que Oscar Clemente Marroqu??n y Pedro Pablo Marroqu??n, propietarios del Diario La Hora ???perturben o intimiden??? a Carrillo o a cualquier miembro de su familia. As?? como la prohibici??n de acceder a su domicilio, lugar de trabajo o estudio.
Sonia Acabal, del a Red de la No Violencia contra la Mujer, calific?? de estas medidas como risibles al asegurar que ni siquiera las v??ctimas reales de violencia las favorecen de esta forma.
???Lamentablemente hay mujeres en todo el territorio que est??n buscando justicia, las hacen llegar varias veces o ni siquiera las atienden. No hay celeridad, las mujeres siguen muriendo, cuando se busca justicia no hay y cuando se piden medidas de seguridad no se cumplen y muchas mujeres mueren con medidas de seguridad decretadas??? dijo Acabal.
Lo mismo indica Martha God??nez de la Alianza Pol??tica del Sector de Mujeres al mencionar que existen m??s de 53 mil denuncias de violencia en contra de las mujeres que no han sido atendidas de la misma manera eficaz y r??pida como ha pasado en el caso de Carrillo.
???Ella no est?? en condiciones desiguales de poder, tampoco tiene una relaci??n con los actores que ella dice que la est??n agrediendo o est??n ejerciendo alg??n tipo de violencia f??sica, psicol??gica o econ??mica para que le hayan decretado esas medidas???, menciona.
Aunque es evidente el uso pol??tico de esta legislaci??n, las entrevistadas explican que esto sucede porque la Corte Suprema de Justicia tampoco se ha preocupado por nombrar magistrados y jueces especializados en violencia de g??nero en las salas y juzgados que as?? lo requieran.
???Las personas que han estado ah?? han demostrado no ser id??neas del cargo, cuando se crean estos juzgados el objetivo es que conocieran la problem??tica de las mujeres, que tuvieran una formaci??n al respecto y no poner a cualquier persona???, alega Acabal.
Oswaldo Samayoa, abogado del Centro de Estudios de Guatemala, se??ala esta pr??ctica como algo que ha desvirtuado la ley y que, lamentablemente, en la actualidad son pr??cticas generalizadas llevadas a cabo por personas que se quieren blindar del escrutinio p??blico.
???Se est?? desvirtuando la ley contra el femicidio porque los trabajos period??sticos publicados en ning??n momento est??n orientados a generar ning??n tipo de violencia contra esta persona, sino van orientados a revelar informaci??n que debe ser p??blica???, menciona.
PrensaLibre
