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En 2013, cuando la Cicig anunci?? que investigar??a el financiamiento il??cito de las campa??as pol??ticas, pocos imaginaban que en 2019 tantos candidatos o funcionarios ser??an vinculados al narcotr??fico. Sin embargo, el nexo crimen organizado/pol??tica, por medio de las Redes Pol??tico Econ??micas Il??citas, cumple al menos medio siglo. En el actual proceso electoral, el v??nculo qued?? al desnudo una vez m??s.
En asunto de meses, al menos media docena de candidatos a alcald??as, diputaciones o la Presidencia, han sido vinculados al narcotr??fico. Algunos, detenidos con fines de extradici??n, y uno, capturado en abril pasado en EE.UU. de donde volver?? como un exconvicto: Mario Estrada Orellana, excandidato presidencial del partido Uni??n del Cambio Nacional (UCN).
No es que el narcotr??fico y la pol??tica en Guatemala se relacionaran repentina y vertiginosamente. Siempre estuvieron cerca, pero ahora es m??s obvio. El incremento de casos obedece al debilitamiento del Estado, a nivel nacional y local, lo cual facilita su cooptaci??n (m??s que a la captura) por parte de grupos criminales que buscan impunidad.
Carmen A??da Ibarra, activista del Movimiento Pro-Justicia, advierte que los narcotraficantes avanzan hacia una influencia mayor. ??Ya tienen un amplio control del sistema de partidos pol??ticos; ya tienen una alta penetraci??n en distintos estamentos de la sociedad, probablemente no tienen el control de todo el aparato del Estado, pero van camino a eso??, dice la activista.
Una vez que los intereses de estos grupos superan el ??mbito econ??mico, ocurre una cooptaci??n del Estado, que sucede en distintos niveles de gobierno, seg??n lo explican los acad??micos Luis Jorge Garay, Eduardo Salcedo-Albar??n e Isaac de Le??n-Beltr??n, en el??an??lisis??Desde la captura del Estado hacia la reconfiguraci??n de la cooptaci??n del Estado, publicado con Fundaci??n M??todo de Colombia, hace diez a??os.
Los autores propon??an el concepto de la reconfiguraci??n del Estado cooptado como ??la acci??n de organizaciones legales e ilegales que, por medio de pr??cticas ilegales, buscan sistem??ticamente modificar el r??gimen pol??tico desde adentro e influenciar la formaci??n, modificaci??n, interpretaci??n y aplicaci??n de las reglas del juego y las pol??ticas p??blicas, para lograr que sus intereses sean validados pol??tica y legalmente, y ganar legitimidad social a largo plazo??. Destaca en este caso el denominado ??Pacto de Corruptos?? en el Legislativo en Guatemala, que desde 2015 intenta favorecer a funcionarios y exfuncionarios acusados de corrupci??n, procur??ndoles castigos poco severos o impunidad.
Garay, Salcedo y De Le??n destacan que la cooptaci??n lleva a los actores o grupos ilegales a buscar alinear sus intereses con aquellos del Estado, los econ??micos, judiciales y otros, ??al manipular la formulaci??n de leyes para ganar beneficios a largo plazo e influir en las estructuras regulatorias de los estados??. Los autores explican que estos grupos pueden usar la coerci??n, y diferentes formas de infiltrar porciones del Estado para procurarse impunidad para sus actividades criminales, que van m??s all?? de sobornos o manipulaci??n del Legislativo, y pueden incluir violencia. Su influencia se concentra en el poder local (municipal, por ejemplo), por ser m??s d??bil o vulnerable. Basta observar los casos de alcaldes vinculados al narcotr??fico, y m??s recientemente el caso de Estrada.
??No se debe dudar que [Estrada] no es el primer caso, [aunque] hizo posible revelar p??blicamente la manera c??mo se construye el entramado de la corrupci??n??, se??ala David Mart??nez-Amador, acad??mico sinaloense especializado en investigar y analizar el crimen organizado.
El acad??mico est?? convencido de que las negociaciones que llevaron a Estrada a creer que recibir??a 12 millones de d??lares del Cartel de Sinaloa (por medio de miembros de las fuerzas de seguridad que fing??an ser narcotraficantes), han ocurrido antes con otros candidatos presidenciales. ??Esta din??mica ha estado enquistada siempre en el proceso de post-conflicto y construcci??n de la democracia??, se??ala.
Corrupci??n, un facilitador de la cooptaci??n
Mart??nez-Amador afirma que este tipo de acciones le pone precio a la campa??a pol??tica y al pa??s. Sin embargo, es un precio bajo en contraste con lo que se vende: el salvoconducto para el paso anual por Guatemala de al menos 1,400 toneladas de coca??na y otras drogas (un estimado de EE.UU.), e inmunidad para traficar con los respectivos efectos colaterales: violencia, corrupci??n, el est??mulo del narcomenudeo y el incremento del consumo de drogas. Por eso, en 2014, durante una conferencia sobre lavado de dinero en Per??, un funcionario de la Organizaci??n de las Naciones Unidas dec??a que el problema no es que los narcos compren a los pol??ticos, sino que ??los pol??ticos se vendan tan barato??.
Michael Vigil, exjefe de Operaciones Internacionales de la Agencia Federal Antidrogas de EE.UU. (DEA, por sus siglas en ingl??s), sostiene que ??el narcotr??fico no existir??a sin la corrupci??n??. El concepto encaja con la imagen que el soci??logo y polit??logo H??ctor Rosada??tiene??del crimen organizado como un banco de tres patas: los capos o estructuras extranjeras; los capos locales y las autoridades corruptas (entrantes, salientes, y por ser electas). El banco no se sostiene sin una de las tres.
??Qu?? le permite sostenerse y c??mo se explica el incremento actual de casos de funcionarios y candidatos pol??ticos ligados al narcotr??fico?
Es porque ??Hay m??s autoridades o candidatos corruptibles? ??Hay m??s coca??na que traficar porque la producci??n de ??sta en Sudam??rica aument?? un 20 % de 2016 para 2017, seg??n EE.UU., y por eso necesitan m??s protecci??n para traficar m??s producto? o ??Porque la Cicig investigaba el tema desde 2013 y la mayor disponibilidad de informaci??n permiti?? vincular a m??s funcionarios y candidatos?
Las tres razones aplican, pero el incremento de casos obedece principalmente al debilitamiento institucional del Estado, seg??n Eric Olson, director de la Plataforma Am??rica Central ??? D.C. en la Fundaci??n Internacional Seattle, en EE.UU. Es el mismo debilitamiento del que hablan Garay, Salcedo y De Le??n, que permite la infiltraci??n y cooptaci??n del Estado en varios niveles. ??Cuando el narcotr??fico puede infiltrar y capturar al Estado [hasta tocar a altos funcionarios], la democracia peligra m??s y a las instituciones les cuesta contrarrestar eso??, dice Olson, quien tambi??n es consultor para el Programa Latinoamericano y el Instituto M??xico del Woodrow Wilson Center en EE.UU. ??El crimen organizado se fortalece cuando el Estado es d??bil, y esto ha pasado en los ??ltimos a??os [en Guatemala]??.
El narco se acerca a las autoridades todo el tiempo: antes, durante y despu??s del per??odo electoral. Invierte en varios partidos pol??ticos, hasta que se perfile uno como ganador, o aborda a los funcionarios electos despu??s, con invitaciones o amenazas.
Sin embargo, la antesala de las elecciones ofrece una mayor oportunidad de infiltraci??n por cuanto est?? en juego: los millones de d??lares que ofrece el narcotr??fico para financiar campa??as, aunque los candidatos (sean funcionarios o no) est??n sujetos a un mayor escrutinio y por eso sus pecadillos est??n m??s susceptibles a ser descubiertos. Eso explica, en parte, casos como el del alcalde de Nueva Concepci??n, Escuintla, Ottoniel Lima Recinos, a quien el Ministerio P??blico pidi?? en diciembre pasado que se le retire la inmunidad para investigarle por narcotr??fico; o el del alcalde de Ayutla, San Marcos, Erick Salvador S????iga Rodr??guez, pedido en extradici??n por EE.UU., para que enfrente cargos por narcotr??fico en una corte de Texas.
Los narcotraficantes ofrecen al candidato o funcionario m??s dinero del que han visto en su vida, para garantizar el libre tr??nsito de la droga y asumir el costo del riesgo que correr?? cuando la cuerda se rompa en el extremo m??s d??bil: la pieza m??s expuesta al ojo p??blico, el candidato pol??tico. Los candidatos o funcionarios se vuelven desechables. Si caen, el narco busca a otro en las principales rutas de trasiego. Eso explica por qu?? los casos detectados est??n en departamentos fronterizos con Honduras o M??xico, o en la costa sur, con acceso al mar.
Son lugares donde el Estado es d??bil o est?? ausente, y que figuran en esas rutas claves para el narcotr??fico: en Zacapa hay dos casos; en Escuintla, tres; uno, en Retalhuleu, y uno en San Marcos. Los casos m??s recientes de decomisos incluyen??voluminosos cargamentos de coca??na??incautados el pasado 18 de mayo en Retalhuleu y San Marcos.
Algunos antecedentes
Carmen Aida Ibarra afirma que el problema del narcotr??fico en el pa??s es grave desde hace 30 a??os, y se percibe con mayor agudeza en las ??ltimas dos d??cadas. Sin embargo, algunas ra??ces son m??s antiguas a??n.
En los a??os 70, cuando se comenz?? a agudizar el conflicto armado, hubo un fuerte control militar sobre el territorio nacional. Entonces, la ??nica forma de traficar en Guatemala era con complicidad militar cuando el narcotr??fico en Colombia y M??xico comenz?? a operar con mayor presencia en Centroam??rica, y a mover m??s coca??na que mariguana, entre finales de los a??os 80 y principios de los 90 (porque la vigilancia de EE.UU. oblig?? a mover parte de las rutas del mar Caribe y el Oc??ano Atl??ntico hacia el istmo, por v??a terrestre, y v??a el Oc??ano Pac??fico).
En Guatemala, fue determinante la relaci??n entre el poder pol??tico del gobierno central y el del oriente del pa??s. La historiadora y soci??loga Matilde Gonz??lez-Iz??s explica, en??Territorio, actores armados y formaci??n del Estado, que los caudillos de esa regi??n fueron claves en movimientos pol??ticos regionales y nacionales entre los a??os 60 y 80. ??Tras cada guerra de secesi??n, golpes de Estado o cambio de gobierno, las instituciones estatales se reorganizaban para dar cabida a las demandas de la red de colaboradores del nuevo caudillo (financistas, finqueros, comerciantes, caciques) ???.con sus propias milicias y gobiernos territoriales??, escribe Gonz??lez-Iz??s.
??El reto del nuevo gobierno era asegurar la lealtad de los caciques de provincia y fuerzas militares, estatales y privadas a quienes deb??a su arribo al poder (???). De all?? [tambi??n] la necesidad de negociar, cooptar, o sobornar a quien fuera capaz de mover la fuerza armada opositora??, se??ala la historiadora. Adem??s, los hombres leales a las fuerzas armadas fueron premiados con tierras, ??o puestos en instituciones p??blicas, principalmente en su regi??n de influencia??. Personajes como Arnoldo Vargas Estrada y Waldemar Lorenzana Lima, caudillos del oriente, ??solicitaron puestos en las aduanas de las fronteras con Honduras y El Salvador desde donde pod??an controlar el flujo de mercanc??as??. Este tipo de infiltraci??n ocurr??a mucho antes que Garay, Salcedo y De Le??n propusieran el concepto de cooptaci??n del Estado.
Vargas, que fue??comisionado militar, y otros sujetos que pertenecieron al Ej??rcito, comenzaron a incursionar en pol??tica desde una postura privilegiada que el v??nculo militar les ofrec??a. En 1985, Vargas fue electo alcalde de Zacapa. ??Vargas era un h??roe para muchos oficiales militares asignados en Zacapa en esa ??poca??, dijo el coronel retirado Mario M??rida, exjefe de la Direcci??n de Inteligencia Militar, seg??n una??publicaci??n??del Woodrow Wilson Center de 2011. ????l llegaba al destacamento militar de Esquipulas (en Chiquimula), para invitar a los oficiales a almorzar??. Usualmente botellas de g??isqui acompa??aban las comidas, y tambi??n les daba dinero para sus gastos. ??As?? es como compr?? a mucha gente??, dijo M??rida.
Otro exfuncionario gubernamental, que pidi?? no ser citado, dijo que las t??cticas de Vargas explicaban c??mo se las arregl?? para lograr que aviones cargados de coca??na, que sal??an desde Sudam??rica, aterrizaran en la Zona Militar de Zacapa. Los aterrizajes tambi??n ocurr??an en pistas particulares que los narcos colombianos alquilaban a finqueros.
En diciembre de 1990, Vargas hab??a sido reelecto como alcalde, pero no hab??a tomado posesi??n, cuando fue detenido porque EE.UU. lo ped??a en extradici??n. El alcalde aleg?? que los cargos fueron infundados, pero fue extraditado en 1992. Volvi?? deportado en julio de 2017, despu??s de 25 a??os en una c??rcel estadounidense, y en 2019 se inscribi?? como candidato a alcalde por el comit?? c??vico Al Rescate de Zacapa, pero su candidatura fue rechazada por el Tribunal Supremo Electoral.
M??rida dec??a que, en zonas remotas era f??cil percibir cuando algunos oficiales estaban recibiendo dinero mal habido, dinero narco: se les ve??a aparecer en veh??culos que no podr??an haber comprado con el sueldo que recib??an. En 1993, hasta ??El Chapo?? Guzm??n dijo a las autoridades mexicanas que un teniente coronel guatemalteco (Carlos Humberto Rosales) le facilit?? la entrada a Guatemala s??lo para entregarlo a militares guatemaltecos, despu??s de robarle 1.5 millones de d??lares, seg??n lo documenta la periodista Anabel Hern??ndez en su libro Los se??ores del narco.
En 1992, otro teniente coronel, Carlos Ochoa Ruiz, traficaba coca??na que recib??a de un piloto colombiano en una pista de aterrizaje en Retalhuleu, y tuvo tanto poder que evadi?? la c??rcel despu??s que incautaron 2.8 toneladas de coca??na en una de sus propiedades en 1992; tambi??n evit?? la extradici??n a EE.UU. El asesinato del magistrado Epaminondas Gonz??lez Dub??n se atribuye a una vendetta porque la Corte de Constitucionalidad aprob?? la extradici??n, aunque luego del crimen revirti?? la decisi??n. Era un ejemplo de la violencia empleada para garantizarse impunidad, ???como lo explican Garay, Salcedo y De Le??n???, aunque Ochoa volvi?? a ser detenido en 1997 con 30 kilos de coca??na, y lo condenaron a 14 a??os de c??rcel en el pa??s, cuando EE.UU. hab??a desistido de extraditarle.
Lorenzana Lima no alcanz?? la visibilidad que a Vargas le dio su vida pol??tica, pero estaba bajo el radar de la DEA desde 1996. Un testigo que declar?? contra los Lorenzana dijo, en una corte de EE.UU., que en 1999 Lorenzana Lima hab??a pagado 40 mil d??lares a polic??as en Retalhuleu para que excarcelaran a sus dos hijos Eli?? y Ovaldino Lorenzana Cord??n, despu??s que fueron capturados con varios fusiles de asalto. El testigo tambi??n dijo que Lorenzana Lima se jactaba de contar con protecci??n policial y militar para sus cargamentos de coca??na. La DEA logr?? que una corte estadounidense pidiera su captura a Guatemala en 2009, y que las autoridades lo capturaran en 2011. Hasta entonces, Lorenzana hab??a conseguido, a punta de sobornos a autoridades locales, protecci??n para su familia y traficar con impunidad.
En 2014, Guatemala lo extradit?? a EE.UU. y Lorenzana Lima se declar?? culpable, pero la corte no le ha dictado sentencia debido a su estado de salud. Para entonces, era evidente que a Lorenzana la ausencia de vida pol??tica le permiti?? traficar otros 20 a??os m??s, mientras que la visibilidad de la vida pol??tica de Vargas torpedeo las actividades criminales que las autoridades le atribuyen.
Corrupci??n, el habilitador principal
El tri??ngulo entre el crimen organizado, las drogas prohibidas y la corrupci??n de las autoridades tiene un precedente hist??rico de hace casi un siglo: la era de la prohibici??n, cuando en los Estados Unidos se prohibi?? la venta y el consumo de licor entre 1920 y 1933. El historiador estadounidense??Michael Lerner??explica que producir y traficar licor de contrabando era tan lucrativo, que el dinero que generaba era una gran ??fuerza corruptora?? contra las autoridades.
En EE.UU., el trasiego ilegal y la corrupci??n no acabaron cuando se levant?? la prohibici??n. El escritor y periodista mexicano Ricardo Ravelo ha escrito (en sus libros del tema) que continuaron cuando el trasiego de drogas como la mariguana y la coca??na (desde los a??os 80) sustituy?? al del licor. Por ejemplo, entre 2012 y 2013, cuando Hillary Clinton era Secretaria de Estado, denunci?? que se investigaba a dos mil agentes de varias agencias (asignados a la frontera sur estadounidense), por posibles v??nculos con el crimen organizado, especialmente con el narcotr??fico.
Para finales de los a??os 90, cuando las autoridades identificaban a Byron Alcides Berganza Espina como el principal narcotraficante del pa??s, la DEA registraba en su expediente (en una corte de Nueva York) que era dif??cil capturarlo en Guatemala porque lo proteg??an oficiales militares, entre ellos, su cu??ado. Un expolic??a narra que en una ocasi??n lo capturaron por un cargo no relacionado con el narcotr??fico y Berganza mansamente acudi?? al juzgado (con escoltas militares en veh??culos coleros), donde el juez revoc?? la orden. Antes de marcharse, Berganza le entreg?? varios billetes de 100 quetzales a uno de los polic??as que lo llevaron al juzgado, para que fuera a comprar Pollo Campero para ??l y los dem??s polic??as.El narco se acerca a las autoridades todo el tiempo: antes, durante y despu??s del per??odo electoral. Invierte en varios partidos, hasta que se perfile uno como ganador
La DEA logr?? que la polic??a de El Salvador capturara a Berganza en 2003, y desde ese pa??s lo llev?? a EE.UU., donde fue condenado por narcotr??fico a 22 a??os de c??rcel.??Sali?? libre??en 2015, despu??s de 12 a??os. Una corte dio su sentencia por cumplida sin divulgar el motivo.
La relaci??n con algunos militares del Ej??rcito de Guatemala le garantiz?? al narcotr??fico desde los a??os 80 estar protegido por una hist??rica estructura de poder. Tambi??n alcanz?? importantes niveles de influencia entre autoridades civiles, como en las municipalidades y la Polic??a Nacional Civil, conforme el poder civil se independiz?? del control militar.
No obstante, en los gobiernos de ??lvaro Arz?? (1996-2000) y de Alfonso Portillo (2000-2004) hab??a una carta blanca para que los militares retuvieran un papel en asuntos de seguridad interna, con los comandos Antisecuestros y Antinarc??ticos de Arz??, formados por miembros del ya desaparecido Estado Mayor Presidencial, y cuando Portillo permiti?? que militares ocuparan algunos puestos en la polic??a. El Ej??rcito reten??a el control en parte del territorio, por lo que infiltrarlo era b??sico para cooptar los niveles m??s ??tiles del Estado para el narcotr??fico.
En ??poca de Arz??, hab??a fuertes se??alamientos de corrupci??n en el Ej??rcito y la polic??a, que s??lo aumentaron en los gobiernos siguientes ???en parte??? porque hab??a m??s acceso a la informaci??n. Datos extraoficiales indican c??mo los Lorenzana y Mendoza ten??an arreglos con contactos en los gobiernos de Portillo y ??scar Berger (2004-2008), que no necesariamente implican a los mandatarios, pero s?? a personajes con autoridad en sus administraciones. El expediente de los Lorenzana, en EE.UU., muestra que traficaron varias toneladas de coca??na durante esos gobiernos.
Todo tiene un precio
En ??poca de ??lvaro Colom (2008-2012), se descubri?? c??mo algunos miembros del Ej??rcito hab??an entrenado a fuerzas de seguridad en M??xico, que luego desertaron y conformaron el primer grupo de los Zetas, el brazo armado del mexicano Cartel del Golfo, del cual se separaron en 2010. As??, el sendero para una infiltraci??n estaba trazado. Otros exmilitares y expolic??as figuraban entre detenidos o asesinados por casos de narcotr??fico (dos guardaespaldas de Juan ??Juancho?? Le??n, acribillados junto a ??l en marzo de 2008, eran expolic??as de San Luis, Pet??n).
En diciembre de 2010, un grupo de Zetas tomaron tres estaciones de radio en Cob??n, Alta Verapaz, mientras el departamento permanec??a en Estado de Sitio (por violencia que generaba el narcotr??fico). Luego, obligaron a los locutores a leer un comunicado en el cual le reclamaban al gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza por la presencia policial y militar, capturas y decomisos, a pesar de que le hab??an pagado 11 millones de d??lares por protecci??n.
S??lo ocho meses antes, un exagente federal de los EE.UU. hab??a revelado que los Zetas le entregaron el dinero a un narcotraficante guatemalteco, que a su vez lo entreg?? a un funcionario del Ejecutivo, en los d??as cercanos a la toma de posesi??n de Colom en enero de 2008. Despu??s de difundida la noticia, el mandatario neg?? que su gobierno haya recibido dinero del narcotr??fico. El reclamo volvi?? a aparecer en diversas narco-mantas en el interior del pa??s en los meses siguientes.
Durante el curso de la administraci??n de la Unidad Nacional de la Esperanza, un funcionario del Ejecutivo dijo que despu??s que tom?? posesi??n, encontr?? en su despacho una m??quina para contar billetes. Se sorprendi?? porque su puesto no ten??a relaci??n con el manejo de dinero en efectivo. Se enter?? despu??s que lo visitaron dos agentes policiales, cada uno cargando una caja de cart??n grande. Le dijeron que ten??an instrucciones de dejar las cajas en su despacho. Se marcharon sin ofrecer m??s detalles.
Despu??s que el funcionario decidi?? espiar el interior de una de las cajas y levant?? un extremo de la tapa de cart??n, divis?? con claridad varios fajos de billetes. Minutos despu??s, son?? su tel??fono directo. Reci??n se coloc?? el auricular al o??do, y dijo ??Al????, escuch?? una voz que le dec??a: ??Que no se le alegre la vista, porque lo que le llevaron es m??o??. Reconoci?? la voz, colg??, y guard?? las cajas en un mueble.
Un hombre que aseguraba ser miembro de la seguridad de un narcotraficante en esa ??poca dijo que su jefe le pidi?? a ??l y a otro guardaespaldas, llevar un mill??n de d??lares en cajas de cart??n a la sede central de la polic??a. Ten??an instrucciones de entregarlas a un agente en particular, quien despu??s se encargar??a de llevarlas hasta la persona destinataria. Despu??s, un guardaespaldas de esa persona telefone?? al hombre desde su celular, pero la voz interlocutora era de la persona destinataria. Llamaba para acusar recibo. S??lo entonces, los sujetos que llevaron las cajas le confirmaron a su jefe que el encargo hab??a sido recibido. Aquel mill??n, dec??a, era parte de una colecta de 10 millones de d??lares de varios narcotraficantes.
En esos movimientos, los guardaespaldas facilitan la infiltraci??n. Como el personal de seguridad tiene un alto nivel de rotaci??n, y muchos se conocen entre s?? porque trabajaron juntos protegiendo a un narco o a un pol??tico, los v??nculos permanecen y se activan cuando un potencial narco financista quiere enviarle un mensaje a un candidato para ofrecerle dinero a cambio de inmunidad y protecci??n para cargamentos de droga.
En la administraci??n de la UNE, los nexos con el narcotr??fico tambi??n aparecieron de otra forma m??s obvia. En marzo de 2011, cuando las autoridades capturaron a Juan Ortiz L??pez, alias ??Chamal????, en Quetzaltenango (porque EE.UU. lo ped??a en extradici??n para enfrentar cargos de narcotr??fico en una corte de Florida), no le quitaron su tel??fono celular. Mientras estaba en custodia, Chamal?? hizo dos llamadas: una al ministro de la Defensa, Abraham Valenzuela, y otra a Gloria Torres, hermana de la primera dama, Sandra Torres, seg??n el entonces ministro de Gobernaci??n, Carlos Menocal. Valenzuela fue separado del cargo poco despu??s. Gloria Torres qued?? a salvo.
A??os despu??s,??reportes de prensa??divulgaron que el presidente Otto P??rez Molina y la vicepresidenta Roxana Baldetti (2012-2015), recibieron dos millones de d??lares para su campa??a pol??tica en 2011 con el Partido Patriota, de manos de los narcotraficantes Marllory Chac??n y su socio Hayron Borrayo Lasmibat; tanto Chac??n como Baldetti negaron tener ese grado de relaci??n.?? Borrayo fue capturado en Francia en 2013 y extraditado a EE.UU. para enfrentar cargos por narcotr??fico, y Chac??n se entreg?? en 2014 a las autoridades en EE.UU. para enfrentar cargos similares (ambos fueron excarcelados en febrero pasado).
El Departamento de Estado de los EE.UU.??revel????que el Partido Patriota tambi??n ten??a afiliaciones con los Zetas y que Baldetti us?? sus influencias para protegerlos y facilitarles el trasiego de drogas v??a Guatemala, a ra??z de un acuerdo con ellos en 2011, cuando todav??a era diputada. El acuerdo inclu??a que los Zetas la escoltaran durante la campa??a pol??tica, y le pagaran 250 mil d??lares (unos 1.8 millones de quetzales). Para 2013, un exoficial militar aseguraba que el Partido Patriota hab??a protegido a todos los carteles (principalmente Sinaloa y Zetas) para recibir dinero de todos, siempre que redujeran la violencia y respetaran las rutas de trasiego de los dem??s.??
En 2012, un exfuncionario del Ejecutivo se??al??, bajo la condici??n de anonimato, que un miembro de Los Huistas (socios del Cartel de Sinaloa en Huehuetenango) le hab??a asegurado esto: ??Ahora s?? vamos a estar bien, no como con la UNE??. Se refer??a a que recibir??an protecci??n del Partido Patriota. Sin embargo, nunca surgi?? evidencia que comprobara este extremo ni condujera a una acusaci??n formal. En 2015, informaci??n extraoficial tambi??n vinculaba a diputados de ese partido con Los Huistas, pero nadie fue acusado ni detenido por estos motivos.
Baldetti, quien renunci?? a la vicepresidencia en 2015 y fue capturada para enfrentar diversos cargos por corrupci??n en Guatemala, acept?? ser extraditada para enfrentar cargos por narcotr??fico en EE.UU., no obstante, la extradici??n no ocurrir?? hasta que cumpla cualquier condena de c??rcel dictada en Guatemala.
En 2015, la Comisi??n Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) revel?? que las organizaciones criminales, en cuenta las del narcotr??fico, prove??an financiamiento electoral a los partidos pol??ticos a nivel municipal, departamental y nacional, por medio de Redes Pol??tico-Econ??mico Il??citas (RPEI), redes que estaban en una transformaci??n constante, lo cual dificultaba su identificaci??n y rastreo para documentar los casos y judicializarlos. En ese mismo reporte, la Cicig y el comisionado Iv??n Vel??zquez alud??an al caso de Esduin Javier Javier, electo en 2015 como alcalde de Ipala, Chiquimula, y a quien asociaban con el narcotr??fico. Sin embargo, el Ministerio P??blico nunca lo acus?? y ese mismo a??o Javier viaj?? a EE.UU. sin problemas. Ahora, Javier buscar?? su reelecci??n.
Alcances de las redes criminales
Los operadores de las RPEI utilizan el financiamiento pol??tico para garantizarse posiciones en el Estado, que les permitan cooptar al Estado: controlar o influir en la institucionalidad de la seguridad y la justicia para favorecer los objetivos del crimen organizado.
Una fuente extraoficial se??ala que los operadores de estos grupos prefieren entregar dinero en efectivo a los candidatos (o a los funcionarios) porque es menos rastreable que pagos en especie, aunque estos tambi??n se emplean eventualmente. En ocasiones, el financiamiento il??cito que llega hasta los candidatos es reportado como ingresos de las empresas de diversa naturaleza que poseen los candidatos. Entonces, las empresas de fachada, los partidos pol??ticos, y las entidades del Estado (por medio de contratistas que son narcotraficantes, por ejemplo) acaban formando parte del entramado de las RPEI que facilita la canalizaci??n de dinero en efectivo de fuentes il??citas hacia las campa??as pol??ticas (o a funcionarios p??blicos) para patrocinar objetivos comunes o afines.https://www.google.com/maps/d/embed?mid=10kUoUiMgUDOYzPmnjads86old0CaqLh2
??Tenemos un problema de c??mo ciertos grupos de seguridad, expertos en armas y con capacidad de armarse, con capacidad econ??mica y de incidencia pol??tica, empezaron a organizarse alrededor del Estado, e incursionaron en los negocios del Estado??, afirma Carmen A??da Ibarra. ??Una vez tienen poder econ??mico, por derivaci??n de actividades criminales, tambi??n quieren tener poder pol??tico. Antes se hablaba de contrabando, migraci??n, como enclaves criminales; ahora es narcotr??fico. Una vez logran conseguir dinero por v??a de esas actividades criminales, generan poder econ??mico y cierto poder pol??tico, y empiezan a incursionar en los partidos pol??ticos; (luego) abarcan el poder local, o municipal, o consiguen llegar al Ejecutivo o al Congreso, donde pueden saltar a dictar hasta pol??ticas p??blicas??.
El narco infiltrado en la pol??tica, como financista o candidato, o hasta funcionario p??blico, puede incidir en pol??ticas p??blicas de seguridad, usando infraestructura del Estado, seg??n David Mart??nez-Amador. ??El Estado se pone, cual cliente, a su servicio??, se??ala. ??El narcotr??fico es el motor de financiamiento para las redes pol??tico-econ??mico ilegales porque es el nuevo socio capitalista que todos quieren tener?? (incluyendo el Estado). Por ejemplo, el guatemalteco Otoniel Turcios Marroqu??n, capturado en Belice a pedido de EE.UU., y enviado a ese pa??s para enfrentar cargos de narcotr??fico en 2010, fue contratista del Estado en la administraci??n de Colom. De hecho, la captura ocurri?? en Belice porque la DEA nunca logr?? que la polic??a guatemalteca lo capturara, como en el caso de Berganza, que debi?? ser capturado en El Salvador.
Si en los a??os 80 el Estado usaba al crimen organizado para delinquir, y ganar dinero de fuentes il??citas, ahora es al rev??s: el crimen organizado se sirve del Estado para avanzar sus objetivos.
Actualmente la investigaci??n de las RPEI en manos de la Cicig enfrenta??desaf??os??fuertes como la decisi??n del presidente Jimmy Morales de terminar con el mandato de la comisi??n, as?? como prohibir la entrada al pa??s del comisionado Vel??zquez y otros once funcionarios. La decisi??n del gobernante beneficio a miembros del Congreso a quienes la Cicig y la Fiscal??a hab??an acusado en casos de corrupci??n, y que se debilitaron con la disposici??n de Morales.
??Lamentablemente, el debilitamiento de la Cicig es un incentivo para el crimen organizado en el pa??s??, dice Eric Olson. ??Guatemala hab??a logrado dar pasos positivos: abrir casos, judicializarlos, llevar gente a la c??rcel y condenarla, pero temo que el pa??s retrocedi??, en parte, porque [la atenci??n de] EE.UU. est?? muy enfocada en la migraci??n y dej?? de lado la gobernabilidad democr??tica??.
Olson considera que Estados Unidos tiene un enfoque individualista: quiere capturar a los Lorenzana (dos de ellos condenados a cadena perpetua en EE.UU.), a Overdick (libre despu??s de siete a??os en una c??rcel estadounidense), pero no invierte en el fortalecimiento del Estado (en Guatemala) y el problema es que continuamente est?? teniendo que encarcelar gente. El analista explica que la captura y condena del jefe de un cartel bastan para acabar con el narcotr??fico ???como ocurri?? con ??El Chapo?? Guzm??n, cuya captura y condena no evitan que M??xico todav??a se quede corto en cuanto a gobernabilidad.
El problema tambi??n se observa desde la perspectiva equivocada. Hasta hace unos a??os, se cre??a que los pa??ses centroamericanos eran atacados desde afuera, con los buenos adentro y los malos afuera, pero la verdad es que todos est??n mezclados y el ataque es interno y externo. Otra vez, el concepto de la infiltraci??n del Estado en varios niveles. Olson lo compara al c??ncer. ??El c??ncer est?? dentro de uno, y no se puede disimular que es un problema. Tampoco se puede uno practicar una auto-cirug??a, y por eso apoyo la ayuda internacional???que no necesariamente debe venir de la ONU, (pero debe venir de alg??n lado)??, afirma.
Mentes y corazones, y amenazas
Grupos grandes de narcotraficantes se ganan las ??mentes y corazones?? o lealtades en regiones donde hay ausencia del Estado, donde tienen el monopolio de la violencia y logran control por medio de la promesa de la violencia; est??n hasta arriba en la escala de poder.
En este contexto, algunos narcotraficantes no tradicionales han roto la regla de la no visibilidad en ese negocio: se lanzan a la pol??tica, aunque han violado la ley, y se colocan en una posici??n vulnerable porque ser??n motivo de escrutinio por ser candidatos. Se exponen y acaban comprobando que no puede hacer las dos cosas: ser pol??ticos y narcos a la vez.
Lo sabe S????iga, en Ayutla, San Marcos, que podr??a perder su inmunidad y enfrentar la extradici??n si pierde la batalla ante el Ministerio P??blico y la DEA. Mientras tanto, busca la reelecci??n. Tambi??n lo sabe Lima Recinos, en Nueva Concepci??n, Escuintla, grabado en audio mientras discut??a operaciones de trasiego; as?? como el excandidato a diputado del partido Visi??n con Valores, por Retalhuleu, Julio Enrique Rosales Morales, detenido en abril pasado, quien acept?? la semana pasada ser extraditado a EE.UU. por narcotr??fico. Y lo sabe Estrada, el expresidenciable capturado en abril en Miami, por conspirar para traficar coca??na hacia EE.UU.
Un??cable diplom??tico??fechado en 2007 y filtrado por??Wikileaks, indicaba que el entonces embajador de los EE.UU. en Guatemala, James Derham, se??al?? que ??dado que Guatemala est?? inundada de narco-dinero, es improbable que no se infiltre en las campa??as??, haciendo referencia a las de P??rez Molina y Colom. El objetivo de los narcos: asegurarse impunidad y protecci??n para la droga. Otro cable de 2009, alud??a en particular a la nueva UCN (antes Uni??n del Centro Nacional), que describ??a como ??un peque??o partido (de cinco diputados) con bases en el este de Guatemala, y (???) v??nculos con narcotraficantes??. Mientras que describi?? que el Partido Patriota y la Unidad Nacional de la Esperanza eran de derecha y centro-izquierda, respectivamente, dijo que la UCN estaba en la categor??a ??narcos??.Los operadores de las RPEI utilizan el financiamiento pol??tico para garantizarse posiciones en el Estado, que les permitan cooptar al Estado
Hay otros candidatos como el coronel Edgar Ernesto Muralles Sol??rzano, candidato a alcalde en La Gomera, Escuinltla, cuyo rostro y nombre es m??s recordado porque apareci?? como uno de los invitados filmados en el??v??deo??de una carrera de caballos que los Zetas organizaron en Alta Verapaz en 2010, y que Univisi??n transmiti?? en 2011, que por su campa??a pol??tica. No obstante, nadie ha impugnado su candidatura, seg??n el vocero del Tribunal Supremo Electoral, Luis Ram??rez Pineda. Muralles, quien recibi?? sanciones disciplinarias del Ej??rcito, no enfrent?? problemas con la ley. Actualmente, una fuente del Ministerio P??blico se??ala que no se le puede perseguir penalmente por aparecer en el v??deo de los Zetas.
La candidatura de Arnoldo Vargas, en cambio, fue rechazada por el tribunal electoral el pasado 28 de mayo.
Eso le dej?? abierto el camino a Karen Xiomara Ovalle Madrid, candidata a alcald??a de Zacapa por el comit?? c??vico Por Amor a Zacapa, cuyo esposo, y exconcejal municipal, Sergio Fernando Cifuentes Sagastume, fue detenido en 2017 por un pedido de extradici??n de EE.UU. para que enfrente cargos por narcotr??fico en una corte de California. Ovalle est?? inscrita como candidata, aunque, en teor??a y por ley, el hecho de ser contratista de la comuna, deber??a impedirle participar.
Un residente de Zacapa revel?? que durante uno de los actos de proselitismo de Ovalle, la candidata regal?? camisetas con 200 quetzales envueltos en cada pieza de ropa, pero no hay evidencias de ello.
En 2016, un aspirante a candidato de alcalde en Zacapa para las actuales elecciones dijo que las estructuras de narcotr??fico que entregaban fondos a diversos partidos estaban renuentes a volver a financiar campa??as pol??ticas, debido a las investigaciones del financiamiento electoral il??cito que la Cicig anunciaba desde 2013. No obstante, en ese y otros departamentos del oriente, diversas fuentes extraoficiales coinciden en que el apoyo contin??a de forma m??s discreta, y a todo tipo de campa??a (para candidatos a alcalde, diputado, o hasta presidente).
Se desconoce el impacto a largo plazo de los casos descubiertos hasta ahora de narco candidatos o financistas. Al menos la extradici??n de una veintena de personajes claves, desde Vargas en 1992, no redujo el trasiego. El Departamento de Estado de los EE.UU. estima que la cantidad de coca??na traficada anualmente por el pa??s aument?? en al menos un 400 % desde 2009 a la fecha. ??Por eso no se trata s??lo de capturar al malo, sino de construir un Estado fuerte??, dice Olson. ??Si est?? infiltrado, comprado por narcos, seguir?? igual. Mientras el Estado no se fortalezca, siempre habr?? gente que pueda operar al margen de la ley??.
Ibarra agrega que los operadores de ese tipo de fuerzas criminales quieren corrupci??n e impunidad, un caldo de cultivo para el narcotr??fico y el crimen organizado en general. ??Estamos a tiempo de tomar medidas en materia de justicia, seguridad y r??gimen electoral para evitar que esto ocurra??, dice Ibarra. Sin embargo, Garay, Salcedo y De Le??n destacan que se omiten las implicaciones morales y culturales de la captura y cooptaci??n, llevando a la incapacidad para reconocer c??mo los grupos ilegales legitiman sus acciones y prop??sitos e institucionalizan sus acciones.
As?? que mientras haya autoridades y candidatos pol??ticos corruptibles, y redes criminales internacionales en contacto con grupos locales, el tr??pode del crimen organizado ???seg??n el concepto de Rosada??? seguir?? de pie y sin se??ales de tambalear.??
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