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La detención de Leydi Santizo y la orden de captura confirmada contra Siomara Sosa ha trascendido fronteras guatemaltecas y ahora, sumado a otros actores, la Organización de Naciones Unidas (ONU), emitió su postura oficial. En síntesis, Stéphane Dujarric, portavoz del Secretario General de la ONU remarcó que los procesos judiciales deben ser justos y acatar el debido proceso.
Leydi Santizo, exmandataria de la otrora Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), fue capturada por la mañana del 10 de febrero de 2022 por “obstruir la justicia” en el caso Cooptación y Corrupción Judicial; mientras que Eva Siomara Sosa, quien laboró durante varios años en la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) se puso a disposición del juzgado al conocer una orden de aprehensión en su contra.
ONU: DEBE PREVALECER EL DEBIDO PROCESO
Así como otros tanques de pensamiento y actores internacionales, las Naciones Unidas enfatizó que los procesos judiciales en Guatemala deben ser imparciales, donde prevalezca el debido proceso.
“El Secretario General recuerda que los procesos judiciales deben cumplir con los requisitos de un juicio justo y del debido proceso, y que es deber de todas las instituciones nacionales respetar y observar la independencia del poder judicial”, expresó la ONU.
LA MISIÓN DE LA ONU CONTRA LA CORRUPCIÓN
El portavoz aseguró que el Secretario General de la ONU ha tenido conocimiento con preocupación de “la detención de al menos dos personas que cooperaron estrechamente con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, conocida como CICIG”.
Esta Comisión operó durante 12 años en Guatemala, hasta que fue disuelta el 3 de septiembre de 2019 en el Gobierno de Jimmy Morales.
La CICIG surgió en 2006, con base en un acuerdo entre las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala, tras la Opinión Consultiva favorable de la Corte de Constitucionalidad (CC) en mayo de 2007 y fue ratificado posteriormente por el Congreso de la República el 1 de agosto de 2007.
De esta manera, se estableció que la CICIG funcionaría como un órgano independiente de carácter internacional, con la finalidad de apoyar al Ministerio Publico (MP), la Policía Nacional Civil (PNC) y a otras instituciones del Estado tanto en la investigación de los delitos cometidos por integrantes de los cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad, como en general en las acciones que tiendan al desmantelamiento de estos grupos.
Asimismo, es importante recordar que la FECI fue creada como resultado de un convenio entre el MP y la CICIG. La instalación de la fiscalía fue aprobada por el Legislativo a través del decreto 35-2007 del Congreso de la República. Posteriormente fue incluida en la estructura organizacional del MP.
