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El proveedor de insumos m??dicos, Vayron Rolando Rodr??guez L??pez, sonr??e en una pantalla gigante en una conferencia en Asia.
Pese a haber sido condenado en 2015 por vender insumos robados al IGSS, el propietario de la empresa ProdMedic se ha convertido en un fuerte proveedor del sistema p??blico de salud en Guatemala.
El??Ministerio de Salud P??blica y Asistencia Social??(MSPAS) y el??Instituto Guatemalteco de Seguridad Social??(IGSS), han entregado??contratos por m??s de 44.5 millones de quetzales al se??or??Vayron Ronaldo Rodr??guez L??pez, quien en 2015 confes?? ante el Juzgado Tercero de Instancia Penal que vendi?? medicamentos robados al Hospital de Ginecolog??a y Obstetricia del IGSS, hecho por el que condenado por tr??fico ilegal de f??rmacos en un procedimiento abreviado. La sanci??n impuesta por este il??cito fueron tres a??os de prisi??n conmutables y una multa de 5 mil quetzales.??
La sede central de Prod Medic se encuentra en la Colonia Roosevelt de la zona 11 capitalina.
Lejos de haber quedado inhabilitado para hacer negocios con el sistema p??blico de salud, Rodr??guez L??pez creci?? exponencialmente sus negocios con el MSPAS y el IGSS a partir de 2016, como se puede observar??en el portal de Guatecompras.
Los gobiernos de Jimmy Morales y Alejandro Giammattei corresponden al “boom” de crecimiento de la empresa Prod Medic. (Datos obtenidos de Guatecompras)
El primer registro en Guatecompras de Rodr??guez L??pez aparece en 2009, pero desde entonces hasta 2012, solo le vendi?? al Estado poco m??s de 150 mil quetzales. El peor a??o fue, 2015, justo despu??s de su problema con la ley: solo registr?? una compra directa con la Municipalidad de San Lucas Sacatep??quez, por 700 quetzales. Sin embargo, de 2016 a 2021, la cosa cambi??: los contratos de Rodr??guez L??pez con el Estado se catapultaron hasta sumar 44.7 millones de quetzales. El mejor a??o fue el primero de la pandemia de Covid19, donde vendi?? m??s de 25.7 millones de quetzales.
Se consult?? a la empresa ProdMedic para obtener su versi??n, la cual prometieron contactar con la persona encargada. Una semana despu??s, Soy502 no recibi?? la respuesta prometida.
El a??o pasado, el portal noticioso??Agencia Ocote??report?? que la empresa ProdMedic vendi?? mascarillas N95 a 75 quetzales la unidad, mientras los precios reportados por la Diaco y otros proveedores, oscilaban entre 19 y 25 quetzales la unidad.
En el anterior reportaje, Rodr??guez L??pez coment??: ???Muchos diputados, muchos funcionarios, muchos empresarios que han sido condenados tienen empresas que siguen operando. El asunto es personal, eso quiere decir que aunque yo est?? en la c??rcel, mis empresas pueden seguir trabajando y vendiendo??????, asegura.
Sanciones arbitrarias
La Ley de Compras y Contrataciones??contiene un cap??tulo sobre sanciones y prohibiciones, en su t??tulo VII. Ah??,??el art??culo 80, literal segundo)??especifica que “no podr??n cotizar, licitar ni celebrar contratos con el Estado” las personas que se encuentren “privadas, por sentencia firme, del goce de sus derechos civiles”.
El art??culo 80 de la Ley de Compras y Contrataciones se aplica con discrecionalidad. A unos contratistas s?? los ponen en lista negra, a otros no.
“Esa ley la aplican con arbitrariedad”, indic?? el activista de Acci??n Ciudadana,??Manfredo Marroqu??n. “Hay contratistas, especialmente constructores, a quienes ya no les adjudican contratos, amparados en ese art??culo, pero es obvio que a otros proveedores que han sido condenados por corrupci??n no los miden con la misma vara. La forma en que est?? redactado ese art??culo les permite aplicarlo como quieren, para favorecer a quienes ellos quieren”.
Soy502
