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La Guardia Costera de EE. UU. realiza una evaluación de los puertos del país esta semana. El no cumplir con los requisitos de la Organización Marítima Internacional, podría poner en riesgo las relaciones comerciales del país.
A partir de hoy y durante toda la semana, autoridades de la Guardia Costera de EE. UU. estarán en el país realizando una preevaluación del funcionamiento de los dos puertos, el de Santo Tomás de Castilla y Quetzal.
Esta primera evaluación antecede a una que se llevará a cabo en julio, y si Guatemala no logra demostrar sus avances en la seguridad portuaria, podría entrar a una lista de países que no ofrecen seguridad en sus puertos, un ranking en el que actualmente están naciones como Nigeria y Yemen.
Esta lista, denominada Aviso de Seguridad Portuaria, que elabora la Guardia Costera, no significa una descertificación y sanción, pero estar incluido sí podría significar impactos graves para las actividades comerciales del país con el mundo, ya que cada buque que salga o pase por un puerto que esté en esta lista será sometido a más inspecciones intrusivas, lo que redunda en más tramites, tiempo de traslado y costos.
Los requisitos que Guatemala debe cumplir en la administración de sus dos puertos son compromisos adquiridos para ser miembros de la Organización Marítima Internacional (OIM), y que la Guardia Costera supervisa cada dos años.
La última vez que el país fue evaluado fue en 2018 y ahí determinó que faltaba una autoridad portuaria con la suficiente fuerza para mantener el control y hace cumplir las normas internacionales de seguridad. Por la pandemia la visita bienal se trasladó para este año.
La evaluación tampoco significa que la Guardia Costera obligue a un país a realizar cambios en el manejo de sus puertos, ya que, por ser naciones soberanas y actividades autónomas, solo elaboran un informe que elevan a la DHS (Departamento de Seguridad Nacional, en inglés).
¿Qué hay que cumplir?
La última evaluación que la Guardia Costera hizo a los puertos de Guatemala terminó en un informe que señalaba la necesidad de tener una entidad nacional para la administración de los puertos, lo que se convirtió finalmente en una iniciativa de ley que se presentó en febrero del 2019 al Congreso y, desde entonces, no se ha aprobado.
Tampoco se ha aprobado la normativa relacionada con el Código de Protección de Buques e Instalaciones Portuarias (PIBP), la cual solo falta que la sanción por parte del Organismo Ejecutivo.
El no atender las recomendaciones de la última evaluación significaría el ingreso a esta lista de Aviso de Seguridad Portuaria, de hecho, se tiene conocimiento que Guatemala estuvo a punto de ser incluida el año pasado, pero, por los efectos de la pandemia en el mundo y la crisis económica que representaba, se aplazó y ahora depende de la evaluación que comenzará hoy.
Incluso puede afectar de manera directa las relaciones de negocios por no ser un país seguro.
Relevancia económica
La relevancia para Guatemala es que Estados Unidos es el principal socio comercial, por lo que representantes de varios sectores consideran la necesidad de agilizar la emisión de la normativa PIBP por parte del Ejecutivo, lineamiento que permitirá ejercer mayores controles como ente regulador y capacidad sancionatoria a los puertos.
Las autoridades del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) informaron recientemente que la normativa relacionada al PIBP se encuentra en consulta legal y solo se está a la espera de la revisión para su sanción por parte del Organismo Ejecutivo y posterior implementación.
Para brindar una idea del comercio, las exportaciones hacia Estados Unidos fueron US$3 mil 528.1 millones con una participación del 30% en la estructura, mientras que las importaciones, US$6 mil 275 millones o sea 34.5% de peso en 2020.
Se espera que al finalizar la preevaluación de esta semana se conozcan resultados preliminares sobre la implementación de PIBP, pero miembros del sector privado organizado, expresaron agilizar el acuerdo legal y reducir la incertidumbre.
Calificación
Juan Pablo Carrasco, presidente de la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana (AmCham), afirmó que la Guardia Costera viene a calificar a los puertos guatemaltecos si son seguros o no con la implementación de las disposiciones planteadas en la última revisión del 2018.
Aunque aclaró que desconoce si se implementaron las relacionadas a las de infraestructura y temas técnicos. También hay una iniciativa de ley que crea una autoridad regulatoria portuaria que no se ha implementado, y “no se sabe si incidirá en una determinación definitiva sobre la seguridad de los puertos”.
“En general, hay avances en los puertos desde la implementación de los rayos X y medidas técnicas y de infraestructura para hacerlos más seguros, y que resulten en una evaluación positiva; pero el pendiente más grande será el tema Legislativo”, remarcó el presidente de AmCham al brindar un diagnóstico de lo que puedan auditar la Guardia Costera.
Recordó que los sistemas no intrusivos se instalaron en la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás, y Puerto Barrios, en Izabal; y la Empresa Portuaria Quetzal y APM Terminals en Escuintla procesos que quedaron concluidos en 2021.
Revisión recurrente de seguridad
Amador Carballido, director general de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), aseveró que hay una cierta revisión recurrente de la Guardia Costera para validar el PIBP, que es una exigencia que se hacen a los puertos guatemaltecos en temas asociados a seguridad.
Al igual que Carrasco, Carballido manifestó que hay avances en los últimos años, derivado de esa supervisión en las cadenas de capacidades de los puertos, sin embargo, el único riesgo que se pueda correr es que una de las recomendaciones implica una autoridad portuaria que coordine los esfuerzos integrados de las terminales y que no esté dispersa.
Contó que esa coordinación se está trabajando en un reglamento, que saldrá a través de un Acuerdo Gubernativo firmado por el presidente -Alejandro Giammattei-, que sería el único factor que está pendiente, y se espera que se pueda sancionar antes que la Guardia Costera venga al país para que ese elemento se pueda superar.
“El reglamento es, sin duda, el factor de mayor riesgo, y es lo más importante que se pueda superar, y luego hay otros temas menores; el Acuerdo Gubernativo con el reglamento es un elemento que la Guardia Costera exigió el PIBP en años anteriores”, destacó el directivo de Agexport.
Añadió que hay voluntad de firmar el documento y que pueda ser superado, porque si no, siempre la amenaza al final del día de una descertificación de los puertos que implicaría “tramites complicadísimos” para que cualquier contenedor con destino hacia EE. UU., pueda ser despachado, y es el mayor riesgo.
La expectativa ahora es que ese Acuerdo Gubernativo con el reglamento para la administración integrada de los puertos se pueda suscribir, y que consolide todas practicas operacionales, pero sería un tema de semanas, insistió Carballido.
Recordó que, en los últimos años, se han superado las demandas de la Guardia Costera, como por ejemplo la instalación de los circuitos cerrados de televisión, rayos X y, ahora, la normativa que ya está consensuada.
Terminales estratégicas
Para Julio Mérida, director ejecutivo de la Asociación de Productores Independientes de Banano (Apib), el funcionamiento efectivo de los puertos es indispensable para que la fruta llegue a los mercados del destino, sobre todo hacia EE. UU.
El 90% de la producción de fruta en Guatemala tiene como destino final consumidores de Estados Unidos, y ha existido un proceso de intercambio de opiniones y posturas de los compromisos que se tenían que atender y la ilusión es que las acciones tratadas sean bien recibidas en este pre visita de la Guardia Costera.
En un escenario contrario, en la cual los puertos reciban reparos pondría un panorama sombrío y difícil para todas las exportaciones.
Dependiendo la temporada de producción, entre tres a cuatro barcos zarpan desde Guatemala con fruta hacia los puertos de EE. UU.
PrensaLibre
