0
0
Documentos desclasificados evidencian el descontrol del ICE en la aplicación de medidas de bioseguridad en los vuelos de retornados. También revela las presiones que hubo para que los vuelos no se cancelaran.
Las deportaciones fue la forma en que el gobierno del expresidente de Estados Unidos (EE. UU), Donald Trump contribuyó a esparcir, a una pequeña escala, el número de personas contagiadas de COVID-19 en Guatemala durante marzo y abril de 2020. Esta situación queda confirmada y revelada en los documentos y correos electrónicos del Departamento de Estado que fueron solicitados y publicados por la organización American Oversight hace 10 días.
Estos documentos registran el intercambio de comunicación que existió en el Departamento de Estado para controlar y conocer el desarrollo de la decisión del Gobierno estadounidense de continuar con las deportaciones, cuando Guatemala buscaba contener el aumento de enfermos. Esta documentación está desclasificada, sin embargo no todos los hechos eran públicos.
Los registros detallan acciones que indicaban que no se aplicaban medidas de bioseguridad en los vuelos de deportados que, pese a comprometerse a retornar personas con pruebas de COVID-19 negativas, esto no era aplicado por el ICE. Además de las presiones por parte de funcionarios estadounidenses, para no detener las deportaciones.
El 23 de marzo de 2020, un correo electrónico y un vuelo con 85 guatemaltecos retornados lanzó la primera advertencia sobre la falta de compromiso del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) para tomar medidas de bioseguridad en sus vuelos de retornados. En el mensaje, un oficial del Departamento de Estado en Guatemala informa sobre las actualizaciones del vuelo de ese día y menciona que dos menores de edad estaban muy enfermos. Debido al grave estado de salud en el que se encontraban, cuando bajaron del avión de retornados del ICE, estos fueron detectados de inmediato por las autoridades guatemaltecas.
Ambos dieron negativo a la prueba de COVID-19, pero con este hecho interno, que en ese momento solo los oficiales del Gobierno estadounidense y autoridades guatemaltecas sabían, se evidenció el poco control de bioseguridad en los vuelos del ICE.
Pese a esa clara advertencia, las autoridades de Guatemala y Estados Unidos decidieron continuar con las deportaciones sin hacer mayores cambios.
Estos correos electrónico registran las alertas sobre las pocas medidas de bioseguridad en los vuelos de deportados del ICE en 2020. Así como una conversación con un alto funcionario estadounidense hacía cambiar de opinión al Gobierno guatemalteco sobre la cancelación del ingreso de estos vuelos.
Los contagios que se pudieron prevenir
Tres días después, el 26 de marzo, Andrés, de 29 años, originario de San Vicente Buenabaj, Totonicapán, fue deportado por el ICE a Guatemala. Dos días después, cuando ya se encontraba en su pueblo, presentó síntomas de COVID-19 y dio positivo a la prueba que le realizaron en el Área de Salud de Totonicapán.
Andrés se convirtió en ese momento en el paciente número 36 de enfermos de COVID-19 en Guatemala y su contagio ocurrió en un centro de detención para migrantes del ICE en Estados Unidos. Según el relato de Andrés, el virus lo pudo haber obtenido en el centro de detención La Palma, ubicado en Arizona. Había estado en otros dos centros, pero cuando estuvo ahí no escuchó que hubiera personas contagiadas, como sí ocurrió en La Palma.
Aunque el ICE, de forma oficial, ya registraba que en La Palma había 69 personas detenidas que estaban enfermas de COVID-19, a Andrés nunca se le hizo una prueba para abordar el avión de retornados y tampoco para permitirle el ingreso a Guatemala.
El vuelo en el que se trasladó a Andrés ocasionó el contagio de otras 80 personas, según informó el presidente Alejandro
Giammattei. De estos, 30 se contagiaron en el avión del ICE. Los medios de comunicación conocieron sobre esta situación por el caso de Andrés, sin embargo, lo que no fue público es que ese día las autoridades de Guatemala activaron los protocolos de bioseguridad, porque un menor de edad que viajó en ese mismo vuelo llegó muy enfermo con tos. Pese a esa situación de alerta permitieron que Andrés se fuera a su pequeña comunidad en el occidente del país.
La respuesta de Guatemala fue suspender los vuelos de deportaciones. Pero con esa decisión, las presiones llegaron. Esto quedó registrado en el intercambio de comunicación de oficiales del Departamento de Estado. El 1 abril de 2020 Guatemala cancela los vuelos del ICE. Ese día oficiales indicaron que las conversaciones sobre este asunto se discutían a un nivel más alto, que el secretario interino del Departamento de Seguridad Interna de EE. UU., Chad Wolf, se comunicaría con el canciller Pedro Brolo para reactivar lo más pronto posible los vuelos de deportados.
Esto ocurrió, tal y como lo buscaba Wolf y el 2 de abril, Guatemala permitió el ingreso de más vuelos del ICE.
Esto dio paso a que aumentara el número de personas contagiadas que arribaron al país. El ICE continuaba sin aplicar pruebas para detectar el COVID-19, pese a que eso era parte de los acuerdos. Así lo evidencia un correo electrónico en donde se informa que el Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) detectó que en un vuelo del 13 de abril, 51 de 76 personas deportadas dieron positivo a COVID-19.
Esto derivó de nuevo en la cancelación de vuelos y el que se encargó de hacer las presiones para que se activaran lo más pronto posible fue Stephen Miller, el consejero del expresidente Donald Trump para asuntos migratorios. Miller fue el encargado de elaborar la política Tolerancia Cero, que separó a miles de familias migrantes centroamericanas y uno de los que impulsó que Guatemala firmara el Acuerdo de Cooperación de Asilo o Tercer País Seguro.
Eduardo Hernández, viceministro de Relaciones Exteriores, asegura que nunca hubo presiones. Dice que en ese momento el diálogo fue “amplio y con respeto” y que todas las discusiones que ocurrieron en ese momento fueron para modificar los procedimientos de ingreso para poder controlar la enfermedad. Cada vez que se cambiaban, los vuelos se suspendían, agregó Hernández sobre lo revelado en esta serie de documentos desclasificados.
La lección que nunca se aprendió
A pesar de que el ICE no cumplió con realizar pruebas de COVID-19 a las personas deportadas o de enviar de forma constante un certificado de que eran negativos a ese virus, las deportaciones no se detuvieron. En 2020, Estados Unidos deportó a 18 mil 240 adultos y a 2 mil 817 menores de edad. La mitad de estas personas fueron retornadas durante los meses que más restricciones se aplicaron en Guatemala para prevenir el aumento de contagios, según el reporte del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM).
No existe un registro del total de personas contagiadas de COVID-19 en los vuelos o centros de detención del ICE, ya que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) no hizo de forma correcta el registro de las pruebas aleatorias que realizó. Esto fue notificado durante una citación al MSPAS en la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso.
Actualmente el MSPAS continúa realizando pruebas de forma aleatoria a los retornados. Algunas de estas personas traen su certificado de que son negativas a COVID-19 y otras, hasta traen su constancia de vacunación contra este virus porque desde abril de este año la administración del presidente Joe Biden ordenó aplicar la inmunización de forma gratuita para todos en Estados Unidos.
El Periodico
