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La organización Cristosal presentó este viernes (10.09.2021) una denuncia ante la Corte de Cuentas de la República (CCR) de El Salvador por el posible manejo irregular de fondos estatales para la puesta en marcha del bitcóin como moneda de curso legal.
El Salvador se convirtió el pasado 7 de septiembre en el primer país del mundo en tener al bitcóin como moneda de pago, junto al dólar. Para promover el uso de este criptoactivo en el intercambio de bienes y servicios, se lanzó la billetera gubernamental ChivoWallet y se instaló una red de cajeros automáticos manejados por una empresa privada constituida con fondo públicos, según la denuncia.
De acuerdo con Cristosal, se dio un “fraude de ley para evitar la fiscalización” cuando la Empresa Transmisora de El Salvador (ETESAL), subsidiaria de la autónoma Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), creó la empresa denominada Chivo. Este mecanismo, de acuerdo con la denuncia, “ha servido para evadir el control y la fiscalización de la ejecución de fondos públicos”. Según investigaciones periodísticas, un mecanismo similar fue utilizado para fundar el medio gubernamental Diario El Salvador.
Otra de las presuntas irregularidades para Cristosal es “la opacidad en el origen de los fondos para la construcción de las cabinas” en las que se colocaron los cajeros Chivo y en las que se da orientación para el uso de la criptomoneda. El documento presentado a la CCR señala que estas se construyeron antes de la entrada en vigencia del decreto legislativo que crea un fideicomiso por 150 millones de dólares para la puesta en marcha del proyecto.
En el escrito presentado por Cristosal se pide realizar un examen especial para determinar si las cabinas se construyeron con fondos estatales y verificar el proceso de licitación. El mismo uso de los fondos asignados al citado fideicomiso antes de su entrada en vigor es otro de los puntos que Cristosal pidió investigar.
La organización humanitaria solicitó a la CCR que, de “existir alguna conducta ilegal”, esta se certifique a la Fiscalía General de la República (FGR) para que “inicie los respectivos procesos penales”.
ama (efe, teleprensa, yskl)
