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La renuncia de Claudia Escobar Mejía como magistrada de la Corte de Apelaciones representó una de las primeras denuncias que interpelaba el funcionamiento de las comisiones de postulación, en 2014.
Desde su casa en Estados Unidos, la exmagistrada de la Corte de Apelaciones, Claudia Escobar Mejía, sigue de cerca los procesos de elección en altos cargos del sistema de justicia.
Escobar renunció a su cargo en octubre de 2014, hace siete años, luego de señalar cómo la elección de cortes estaba viciada y trabajaba bajo la injerencia del poder Ejecutivo y Legislativo que presididos por el Partido Patriota.
Desde el exilio, trabaja como profesora investigadora del Centro contra el Terrorismo, Crimen Organizado y Corrupción de la Universidad de George Mason, en Virginia.
La misma corte que usted denunció por haber llegado bajo un proceso viciado, es la que se mantiene en el poder dos años después de haber terminado su periodo porque el Congreso no elige magistrados ¿Cuáles son las reflexiones sobre esto?
Creo que hay un proceso de intereses de grupos de impunidad. Sabemos que la Corte fue electa por dos partidos políticos con graves señalamientos de corrupción como fueron el Partido Patriota y el partido Líder. Ante estas circunstancias se inició un proceso para determinar cómo habían sido electas estas cortes y en esa investigación se logró establecer que había injerencias de parte del abogado Roberto Villatoro y este es el caso de Comisiones Paralelas donde se señala que hubo pagos a los integrantes de las comisiones de postulación que eligen al a CSJ para favorecer a quienes llegaran. Hay unos intereses espurios que saltan a la vista desde distintos ámbitos.
Incluso, varios magistrados de esa corte tuvieron que renunciar unos meses después de haber sido nombrados por estar vinculados a otros casos de corrupción. Ante estas circunstancias vemos que el Congreso tiene una corte a su medida, porque también se han señalado a varios líderes de partidos políticos por sus vínculos con el crimen organizado, pero ellos saben que la corte los va a proteger como ha protegido a Felipe Alejos en los distintos antejuicios planteados en su contra, por ejemplo. La fiscalía presentó un amparo haciendo ver que en ese proceso se favoreció a personas que tenían relación con uno de los individuos con mayores casos de corrupción como es Gustavo Alejos.
La CC resuelve que para elegir cortes tienen que cumplir con valorar las investigaciones que el Ministerio Público está llevando a cabo contra los candidatos que tuvieron acercamientos con Gustavos Alejos. El retraso es porque están incumpliendo con su función y esto conlleva una responsabilidad en el ejercicio del cargo y se deben entablar acciones para que los congresistas cumplan con esa función. Ellos no pueden dejar esta corte a etéreo en su cargo, estamos viendo que lo están atrasando porque les conviene la corte actual y porque no quieren obedecer los parámetros de la Corte de Constitucionalidad.
¿Cree que habrá tiempo para elegir cortes aunque ya pasaron dos años y se acercan procesos de elección importantes?
Aquí hay unos intereses de sectores que se benefician de la impunidad y no quieren rendir cuentas a la ciudadanía por sus acciones. Cuando en el 2014 se discutía que la elección de esta Corte y de Apelaciones había estado viciada, con más de 70 impugnaciones presentadas en el proceso y todas las denuncias a la vista. Uno de los argumentos de quienes se oponían a que hubiese una revisión del proceso era que no se podían ampliar los plazos, que la corte tenía que dejar su función el 13 de octubre y que estábamos en contra del tiempo para revisar el proceso.
Sin embargo, vemos que ahora se extendió el plazo y les conviene. Es cierto que los plazos se pueden prorrogar en circunstancias específicas, pero ya no hay circunstancias que justifique que la Corte continúe en su poder y esto es una anomalía que se debe corregir y los responsables son los congresistas. Pero los ciudadanos tenemos una obligación de exigir que cumplan con su función y si no lo están haciendo, aunque se haya perdido la confianza de la justicia que es una consecuencia grave de esta situación, hay que agotar todos los mecanismos legales y se debe entablar un proceso para exigir que se lleve a cabo esta elección. Creo que se deben plantear las acciones que correspondan, ya sea ante la vía penal o la vía civil sobre la junta directiva del Congreso, por ahí se podría empezar.
Estamos cerca de entrar a una etapa de elecciones de Procurador de los Derechos Humanos, Contralor General y Fiscal General ¿Cómo tendrían que funcionar unas comisiones de postulación para evitar estos vicios desde la elección?
Creo que se hace falta un ente técnico que sea capaz de evaluar a los aspirantes a un cargo de forma objetiva y que pueda valor las capacidades de quienes están aplicando, las competencias que tienen, pero también el conflicto de interés que pueda existir porque una persona puede tener el perfil para ser candidato a magistrado, pero puede haber grandes problemas de conflicto de interés y este es un tema que en Guatemala no se ha discutido.
Hay personas que no pueden ocupar el cargo porque tienen cercanía con los otros poderes del Estado o con sectores que tienen interés dentro del propio sistema. Eso se tiene que evaluar con un ente técnico que haga una preselección de estos candidatos porque las comisiones de postulación no tienen esta capacidad ni la van a tener porque son temporales, se forman durante el transcurso de 4 o 6 meses para llevar a cabo todo ese proceso de valoración.
En Apelaciones se presentan a veces hasta más de dos mil currículos y son solo abogados que no tienen esa capacidad de evaluar un perfil de una persona que quiere ocupar un cargo en las altas cortes. Es como si una empresa no tenga un departamento de recursos humanos, para esto se necesitan herramientas diseñadas para establecer quienes son los mejores cuadros para ocupar estas magistraturas, de lo contrario vamos a tener el mismo problema de siempre porque quienes están sentados en las comisiones tienen un interés evidente. También debe haber sanciones para quienes han manipulado estos procesos, si lo hicieron de manera ilícita.
Su renuncia fue parte de los primeros señalamientos contra las comisiones de postulación. Siete años después, en lugar de haberse fortalecido el sistema, este parece estar cooptado.
Creo que en procesos democráticos siempre hay etapas de avances y retrocesos. Ahorita estamos en uno de retrocesos muy grande. entre las cosas que más preocupa actualmente es el hecho de quién está sentada al frente de la Fiscalía General, que es una persona que utilizó el proceso de forma fraudulenta y que a nivel internacional es reconocida como alguien que utiliza el cargo para la obstrucción de justicia, que ha plagiado una tesis, que no investiga a quienes debe investigar y que inicia procesos espurios en contra de quien quiere perjudicar.
Cómo confiar en el sistema de justicia cuando estos procesos de designación han permitido que lleguen al poder personajes de esta naturaleza. Todas las instituciones de justicia están pasando por una crisis enorme de falta de legitimidad. El sentimiento para los ciudadanos guatemaltecos que comprenden la importancia de las instituciones de justicia es desalentadora, pero creo que dentro de las grandes crisis siempre hay oportunidades de cambios y reformas.about:blank
Vemos que nuestro país está siendo objeto de la influencia del crimen organizado y esto está llamando la atención de la comunidad internacional y que en algún momento determinado tendrán que ayudar para que se rescaten las instituciones de justicia. Hay que pensar en diseñar mecanismos distintos para la transformación de instituciones si queremos caminar por la senda democrática, en cambio, si seguimos en este camino vamos hacia un estado fallido con un congreso que no cumple sus funciones, unas cortes que están vinculadas a alianzas criminales y una fiscalía en manos de una persona internacionalmente conocida como corrupta. Un país funcional jamás permitiría que una situación así se sostuviera.
PrensaLibre
