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Autoridades realizan 33 allanamientos en seis departamentos de Guatemala para desarticular una red criminal dedicada al tráfico de drogas, entre la que hay militares que son señalados de aportar información privilegiada a la organización delictiva.
La Fiscalía de Delitos de Narcoactividad del Ministerio Público (MP), realiza un operativo denominado “Triángulo Criminal” en coordinación con diversas unidades de la Policía Nacional Civil (PNC); Ministerio de Gobernación y Ministerio de la Defensa Nacional, con el objeto de desarticular una red criminal que se dedica al tráfico internacional de droga.
El informe del MP revela que las diligencias son desarrolladas en Guatemala, Petén, Retalhuleu, Escuintla, Sacatepéquez y Alta Verapaz.
El operativo “Triángulo Criminal”, según el MP, se deriva de una investigación realizada desde el 2018 y que se ha dividido en diversas fases.
Para las diligencias de este martes 14 de diciembre, la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad requirió ante juez competente 21 órdenes de aprehensión por los delitos de asociaciones delictivas, comercio, tráfico y almacenamiento ilícito, conspiración para el asesinato, entre otros.
Militares vinculados
El Ejército de Guatemala emitió un comunicado en el que reveló los nombres de los militares vinculados al caso, a los cuales puso a disposición de las autoridades.
- Carlos Enrique Durán Cáceres, mayor de Aviación
- Ángel Eliberto Vargas Urizar, capitán segundo de Material de Guerra
- Walter Vinicio Contreras Munguía, teniente de Infantería
Agrega que estas personas tienen cargos por supuesto involucramiento con grupos dedicados a actividades ilícitas, por lo que deberán resolver su situación jurídica de manera individual.
El MP informó que los tres elementos del Ejército de Guatemala habrían colaborado con dicha organización criminal dedicada al narcotráfico.
Según el MP, los militare se encargaban de asegurar la comisión de los hechos delictivos concertados.
Agrega que estos miembros del Ejército aprovechaban la información privilegiada a la que tenían acceso para orientar las acciones de la organización criminal o retrasar los movimientos para la interdicción de las aeronaves ilegales.
Uno de los militares operaba desde el Comando Aéreo de la Fuerza Aérea, otro desde una de las bases de Petén, en donde se da la mayor cantidad de trazas ilícitas aéreas, y el tercero desde una de las bases de Retalhuleu y otras áreas del sur del país.
