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Autoridades de los Pueblos Indígenas informaron que la noche del 9 de abril presentaron una acción constitucional de amparo en contra de la Corte de Suprema de Justicia (CSJ), por la designación del magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad (CC), Roberto Molina Barreto, ya que consideran no cumple con el requisito de no estar afiliado a un partido político.
Lo anterior, señalan que es respaldado por una constancia emitida por el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral y añaden que no tiene idoneidad para el cargo como lo establece el artículo 113 de la Constitución.
Sobre el motivo de la acción, explican que la designación realizada por los magistrados interinos de la CSJ se hizo sin la observancia del requisito de presentar constancia de no estar afiliado a un partido político y que esto afecta su idoneidad para ser magistrado
El 28 de enero, la Corte Suprema de Justicia aclaró la convocatoria que había realizado para la recepción de candidatos a la CC, excluyendo ese requisito. Molina Barreto intentó, junto a Zury Ríos en las pasadas elecciones de 2019, participar como binomio presidencial por el partido Valor.
Las autoridades indígenas también manifestaron que, al concluirse el proceso de integración de la Corte, manifestarán su oposición a este, ya que “se vio altamente cooptado por el crimen organizado, las mafias, el tráfico de influencias y el denominado Pacto de Corruptos”.
INTERPRETAN A CONVENIENCIA EL ARTÍCULO 141
En su solicitud, aseguran que exigen que la designación cumpla con estándares internacionales en materia de independencia de los magistrados y abogados, y que la filiación política es una condición fundamental para el ejercicio de la jurisdicción constitucional, dada su importancia para la paz, democracia, Estado de Derecho, la defensa del orden constitucional y los derechos humanos.
“Al parecer los Magistrados Interinos de la más alta Corte de justicia ordinaria, interpreta a su conveniencia el artículo 141 de la Constitución Política de la República, que dice que la soberanía es del pueblo y delega a los organismos de Estado para su ejercicio, entre estos el Judicial”, explicaron en un comunicado.
La acción fue presentada por Autoridades Indígenas de los Pueblos Maya Ixil de Chajul, Cotzal y Nebaj, el Parlamento del Pueblo Xinka de Guatemala, el Consejo de Alcaldes Comunales de los 48 Cantones de Totonicapán, el Principal Cabecera del Pueblo Tz’utujil de Santiago Atitlán.
Además de las Autoridades Indígenas Ancestrales del Pueblo Maya Kaqchik’el de San Andrés Semetabaj, Autoridades Indígenas Ancestrales del Pueblo Maya Kaqchik’el de San Lucas Tolimán, así como las Autoridades Indígenas Ancestrales Rtun Tinamit del Pueblo Maya Kaqchik’el- Chajoma’ de Chuarrancho.
AR Y AEU YA HABÍAN ACCIONADO
Esta semana, Alianza por las Reformas (AR) y la Asociación de Estudiantes Universitarios de (AEU), de la Universidad de San Carlos de Guatemala, presentaron un amparo en contra de la designación de Molina Barreto, argumentando que no cumple con los criterios de imparcialidad, independencia e idoneidad para el cargo.
LaHoraGT
