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Destitución de magistrados, blindaje a funcionarios que participen en operaciones de compra de insumos para gestionar la pandemia; impuestos a los periódicos y la posibilidad de restituir el voto en el exterior.
El presidente Nayib Bukele dice estar “limpiando la casa” en El Salvador, y esto con el apoyo del parlamento.
Destitución de magistrados; blindaje a funcionarios que participen en operaciones de compra de insumos para gestionar la pandemia; impuestos a los periódicos y la posibilidad de restituir el voto en el exterior.
A continuación, algunas claves para entender la avanzada esta semana del mandatario, que afianza su poder en medio de críticas internacionales.
Control del parlamento
Apenas se instaló el 1 de mayo, la Asamblea Legislativa, donde los aliados de Bukele tienen 61 de 84 escaños, destituyó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema, nombrados por sus antecesores. La justificación fue que adoptaron decisiones “arbitrarias” que bloquearon varias medidas presidenciales para atender la pandemia.
También fue destituido el fiscal general por sus vínculos con un partido de oposición. En ambos casos, los nombres de los reemplazantes ya estaban listos.
“Las cosas que están sucediendo en El Salvador son básicamente un producto de las elecciones del 28 de febrero”, cuando su partido Nuevas Ideas (NI) arrasó en los comicios parlamentarios y dejó a los partidos tradicionales Arena (derecha) y la exguerrilla izquierdista Farabundo Martí Para la Liberación Nacional (FMLN) convertidos en minoría, tras décadas de supremacía.
“El pueblo no nos mandó a negociar: se van, todos”, dijo el presidente. “Esta Asamblea está haciendo lo que prometió, está cumpliendo, por eso es que ustedes no ven manifestaciones (de rechazo) grandes en la calle (…) el pueblo está contento”, señaló Bukele en una reunión con el cuerpo diplomático al deplorar la condena internacional contra su gobierno.
En defensa de sus acciones, el gobernante aseguró que fue Arena el que puso al ahora destituido fiscal general, mientras que el FMLN designó al procurador de Derechos Humanos, por un acuerdo.
Ante ello, defendió el derecho a que el gobierno nombre en esos puestos a personas de su confianza, aunque no detalló si destituiría al procurador.
Poder absoluto
El mandatario, un millennial de 39 años que asumió el poder en 2019, ha capitalizado el descontento ciudadano contra los partidos tradicionales. Sus decisiones son ampliamente celebradas en redes sociales, mientras que en las calles las manifestaciones en contra son minoritarias.
“Vamos rumbo a un estado autoritario, a un estado donde los derechos humanos y las libertades fundamentales no se respetan, y esa concentración de poder a lo único que nos lleva es lamentablemente a una dictadura”, advirtió el legislador opositor René Portillo.
Según el vicerrector de la Universidad Centroamericana (UCA), Omar Serrano, las decisiones de la Asamblea marcan “signos inequívocos del rumbo” que ha tomado el gobierno y que apunta “en la dirección de concentración del poder absoluto en manos de una persona o de un grupo que rodea al presidente”.
Blindajes en compras e impuesto diarios
El miércoles, el Parlamento le concedió al gobierno una ley que otorga “inmunidad ante demandas y denuncias judiciales o administrativas” a quienes participen de la adquisición de productos o servicios para enfrentar la pandemia de covid-19.
“La aprobaron como una ley de orden público, para que sea retroactiva y queden impunes demandas de malos manejos de la pandemia en los hospitales públicos”, indicó Portillo.
El ministro de Salud, Francisco Alabí, aseguró sin embargo que las críticas a la ley son por “una mala interpretación mediática”.
El mismo día, la Asamblea también eliminó los beneficios tributarios a los periódicos, la mayoría de ellos críticos del mandatario.
“No era justo que el arroz y los frijoles pagaran impuestos y los periódicos, no. Disfrutaban de beneficios para desinformar a la población”, dijo el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez.
Voto en el exterior
La Nueva Sala de lo Constitucional pidió a la Asamblea legislar para permitir que la diáspora salvadoreña -más de 2.5 millones- pueda votar en las elecciones, algo que actualmente solo está permitido en presidenciales.
La mayoría huyó de la crisis económica en décadas anteriores. Sus remesas representan el 22 por ciento del PIB salvadoreño.
“Para ellos (los gobernantes anteriores) la diáspora nunca fue prioridad. Siempre la tuvieron olvidada y se acordaban de ellos sólo en tiempos de campaña”, dijo la diputada oficialista Ana Figueroa.
Sanciones
La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, dijo que su país “debe responder” ante la destitución de magistrados en El Salvador.
El país centroamericano tiene una economía dolarizada que se contrajo 7.9 por ciento en 2020, con una deuda externa que ronda el 90 por ciento del PIB. La pobreza alcanza al 35 por ciento de la población.
“No me cabe duda que sanciones van a haber”, dijo el diputado Portillo.
El Salvador está en medio de una negociación para recibir un financiamiento de 1, 300 millones de dólares del FMI para enfrentar las consecuencias de la pandemia. El gobierno dijo que esta sigue en marcha y que han dialogado con otros organismos multilaterales.
AFP
