0
0
Los abogados defensores de los señalados de corrupción en el caso La Línea dijeron que no hay suficientes argumentos de la Fiscalía para culpar a sus clientes.
Este miércoles 19 de enero, en el comienzo de esta fase, fue el turno de los abogados defensores de 30 acusados en exponer sus argumentos como un alegato ante la acusación del Ministerio Público (MP).
Todos estaban presentes y muy atentos a cada una de las posturas que iban planteando los abogados ante los jueces del Tribunal de Mayor Riesgo “B”.
La mayoría de los defensores coincide en que no hay pruebas de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) y que no se lograrán condenas en el debate.
El abogado Mario Cuevas, defensor de Giovanni Marroquín Navas, extrabajador de la Superintendencia de Administración Tributaria, fue uno de los que reprochó la investigación de la Feci.
“Siete años después de haber empezado el proceso del caso La Línea, él (Marroquín Navas) continúa gozando del estado de inocencia porque no se le ha acreditado su intervención o cuáles fueron los planes de los que participó ni cómo se planificaron los delitos, con quién o en dónde se planificaron”, criticó Cuevas.
Jorge Godoy, abogado defensor de Carlos Muñoz, exsuperintendente de Administración Tributaria, dijo: “El Ministerio Público acusa de ingresar contenedores y mercadería cuando en ninguna de estas se puede demostrar que se solicita ingreso de mercaderías o que mi patrocinado haya recibido algún beneficio.
La exvicepresidenta Roxana Baldetti, también en el banquillo de los acusados, llamó a una guardia del Sistema Penitenciario y le pidió favor de comprarle un refresco de sábila. Primero dio el dinero y luego vino la bebida.
El exmandatario Otto Pérez Molina conversó con su abogado, César Calderón; el resto de los sindicados hizo lo mismo.
Las próximas audiencias del debate serán lunes, martes y miércoles, según la programación que definió el Tribunal.
El caso fue destapado por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un órgano de las Naciones Unidas que buscaba desmantelar estructuras criminales paralelas dentro del Estado.
Pérez Molina, Baldetti y otros exfuncionarios de la agrupación política Partido Patriota se habrían beneficiado de millones de dólares en sobornos por la defraudación aduanera que les generaba “La Línea”, descubierta por la Cicig y el Ministerio Público con base en escuchas telefónicas.
La investigación de esta estructura derivó el descubrimiento de otros casos de corrupción del gobierno del Partido Patriota, conocidos como TCQ, Agua Mágica, la Cooperacha, Cooptación del Estado y Tráfico de Influencias.
