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La situación política en Venezuela parece estar despertando de un largo letargo.
La designación este martes de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) integrado de forma más equilibrada por representantes del oficialismo y por dos personalidades de una parte de la oposición podría servir de punto de partida para la realización, por primera vez desde 2015, de comicios que sean reconocidos por la comunidad internacional y en los que participen las distintas fuerzas políticas que hacen vida en el país sudamericano.
Aunque de momento se trata de rendija más bien pequeña ya que el nombrambiento cuenta con el rechazo de Juan Guaidó, líder oposotir reconocido como presidente interino por gran parte de la comunidad interncional.
Aunque se trata solamente de un primer paso en un largo camino, los nombramientos de este martes se suman a otros eventos ocurridos durante las últimas semanas que parecen apuntar hacia una reactivación de la agenda política después de un 2020 en el que, aunque hubo unas controvertidas elecciones parlamentarias, la situación política permaneció inmóvil.
1. Un nuevo órgano electoral
El CNE ha sido una pieza fundamental en la crisis política en Venezuela desde al menos 2016, cuando fue abortado el proceso para realizar un referendo revocatorio en contra de Nicolás Maduro, tras denuncias de un presunto fraude en la recolección de firmas en cinco estados del país.
Mientras el oficialismo alegó que se había impedido la consumación de una convocatoria fraudulenta, la oposición acusó al chavismo de usar los tribunales para evitar la revocatoria de Maduro, quien aparecía en clara desventaja en las encuestas.
Luego hubo los comicios para la Asamblea Nacional Constituyente (2017), una elección presidencial (2018) y una elección de la Asamblea Nacional (2020), procesos en los que no participó la mayoría de las fuerzas de oposición y que no fueron reconocidos por gran parte de la comunidad internacional.
Tras las elecciones legislativas de 2020, la Unión Europea emitió un comunicado señalando que no iba a reconocer los resultados, señalando que esa votación se produjo sin un pacto nacional sobre las condiciones electorales, sin que se respetaran los criterios internacionales mínimos de un proceso digno de crédito y sin que hubiera una movilización del electorado.
Aunque la directiva del nuevo CNE fue designada este martes por esa misma Asamblea Nacional electa en 2020, los nombramientos son fruto de un proceso de negociación con sectores de la sociedad civil y una parte de la oposición, e incluyen a dos figuras con un perfil contrario al oficialismo: Roberto Picón y Enrique Márquez.
Picón es un experto electoral que fue asesor de la opositora y desaparecida Mesa de Unidad Democrática y que estuvo preso durante unos meses en 2017 acusado por el gobierno de traición a la patria, rebelión militar y sustracción de equipo militar.
Enrique Márquez fue vicepresidente de la Asamblea Nacional de mayoría opositora electa en 2015 y es exdirigente de Un Nuevo Tiempo, partido del que fue expulsado en 2018 tras haber apoyado los comicios presidenciales de ese año pese a que la mayoría de la oposición consideraba que no había condiciones para unas elecciones libres.
Esos nombramientos dejan al oficialismo con una mayoría de tres rectores (Tania D’Amelio, Pedro Calzadilla y Alexis Corredor), pero podrían abrir una rendija para contar con un órgano electoral reconocido tanto por el gobierno como por la oposición.
La tarea, sin embargo, no será fácil pues arranca con el rechazo de los sectores de la oposición que respaldan al líder opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por Estados Unidos y varias decenas de países.
El sector de Guaidó argumenta que la Asamblea Nacional de mayoría chavista, cuya elección no reconoce, no está facultada para nombrar a un nuevo CNE.
En Twitter, Guaidó consideró que “las consecuencias de querer imponer un árbitro electoral serán las mismas que en 2018 y 2020: arrastrar a Venezuela a un desastre mayor”.
Los rectores del CNE son escogidos para un periodo de siete años y, de acuerdo con el calendario electoral, este año tendrían la tarea de organizar elecciones regionales y municipales.
2. La mesa de la pandemia
Pese a la reacción de Guaidó a los nombramientos del CNE, la pandemia del coronavirus parece haber abierto un terreno de posible encuentro entre el gobierno de Maduro y la sección de la oposición que lidera.
Ante la emergencia sanitaria, el año pasado se creó una mesa técnica con la participación de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en la que, además del gobierno de Maduro, estaban representados otros sectores del país, incluida la oposición.
Como parte de ese proceso se comenzó a gestionar un plan para la adquisición de vacunas contra el covid-19 a través del mecanismo internacional Covax (Fondo de Acceso Global para Vacunas covid-19), que serían costeadas -al menos parcialmente- con los fondos de Venezuela congelados por el gobierno de Estados Unidos y puestos a la disposición de Guaidó.
El 13 de abril, al anunciar el pago inicial para la adquisición de un primer lote de vacunas, el presidente de la Asamblea Nacional oficialista, Jorge Rodríguez, dejó ver que contaban con el uso de esos recursos a disposición de Guaidó para hacer la compra.
“El presidente Maduro canceló la mitad de esos US$119 millones que se necesitaban para el mecanismo. Si por parte de los recursos secuestrados se aporta más dinero, bueno, será el dinero para comprarse a través de la OPS y la OMS las vacunas que se necesiten”, dijo Rodríguez.
El gobierno anunció que había pagado US$64 millones como inicial para adquirir vacunas suficientes para atender al 20% de la población. Se esperaba entonces que el resto de recursos procedería de los fondos que serían descongelados por Estados Unidos a petición de Guaidó.
Sin embargo, pocos días más tarde, Maduro afirmó que había pagado la parte restante de la factura.
El anuncio inesperado causó sorpresa, pero no parece haber puesto fin a la participación de la oposición en el financiamiento de las vacunas, pues pocos días después Guaidó aprobó el uso de US$100 millones de los fondos congelados en Estados Unidos para la adquisición de vacunas a través del Covax.
3. Arresto domiciliario para los exejecutivos de Citgo
El viernes 30 de abril fueron excarcelados y puestos bajo arresto domiciliario seis exejecutivos de Citgo, una filial de PDVSA en Estados Unidos.
Los exempleados de la petrolera venezolana -cinco de ellos con ciudadanía estadounidense y otro con permiso de residencia permanente en EE.UU.- pagan duras condenas de hasta 13 años de prisión tras ser condenados por corrupción, peculado y asociación para delinquir.
Ellos afirman ser inocentes y se consideran víctimas de una operación del gobierno de Maduro para lograr influencia en Washington.
Los exejecutivos vivían y trabajaban en Estados Unidos cuando fueron llamados a Caracas para una “reunión de emergencia”, en noviembre de 2017, donde fueron arrestados.
En diciembre de 2019, habían sido puestos bajo arresto domiciliario, pero fueron devueltos a prisión en enero de 2020, el mismo día en que el entonces presidente Donald Trump recibió en la Casa Blanca a Guaidó.
Que hayan sido puestos nuevamente bajo arresto domiciliario es un gesto que es visto como un guiño del gobierno de Maduro a la Casa Blanca de Joe Biden.
4. La inédita ayuda alimentaria de la ONU
La firma a mediados de abril de un inédito acuerdo entre el Programa Mundial de Alimentos de la ONU (WFA, por sus siglas en inglés) y el gobierno de Maduro para mitigar la crisis alimentaria que sufre Venezuela es otra de las señales de que algo parece estarse moviendo en el país sudamericano.
El director general del WFA, David Beasley, viajó a Caracas donde suscribió el acuerdo que prevé alimentar a 185.000 escolares para finales de este año e ir incrementando hasta alcanzar a 1,5 millones de estudiantes para el año 2023.
En diciembre de 2020, la agencia Bloomberg informó que las negociaciones para permitir el ingreso de la ayuda alimentaria en Venezuela habían durado ocho meses y que desde octubre existía un acuerdo tentativo que no lograba materializarse debido a que el gobierno de Maduro insistía en controlar la distribución de la ayuda.
Durante su visita a Venezuela, Beasley agradeció expresamente a Maduro por permitirles “ser independientes” y no dejar que nadie politice su trabajo.
En otro gesto inusual, la firma de este acuerdo fue celebrada tanto por el gobierno de Maduro como por Guaidó, con quien Beasley también se reunió en Caracas.
5. Imputaciones en casos emblemáticos de derechos humanos
El 1 de mayo, Tarek William Saab, fiscal general, dio un giro a la narrativa oficial sobre dos de los casos de violaciones de derechos humanos más sonados de los últimos años.
En el caso de Juan Pablo Pernalete, un joven de 20 años fallecido durante las protestas antigubernamentales en abril de 2017, Saab señaló que había muerto tras recibir el impacto de una bomba lacrimógena en el pecho y que 12 funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana habían sido imputados por homicidio.
Esa información contradice directamente la postura oficial ofrecida en su momento por el entonces ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas, quien había calificado como “alegre y ligera” la versión de la prensa internacional que atribuía la muerte al impacto de una bomba lacrimógena.
Villegas afirmaba, en cambio, que había una “aproximación policial que muestra con un alto grado de veracidad” la posibilidad de que el joven hubiera muerto por el impacto de una pistola de perno.
En los días siguientes a la muerte de Pernalete, el funcionario se haría eco en su cuenta de Twitter de videos y materiales que apuntaban en dirección a la posibilidad de que el joven hubiera muerto a manos de otros manifestantes opositores.
El fiscal general Saab también modificó la posición oficial en torno a la muerte del exconcejal Fernando Albán, fallecido bajo custodia de las autoridades venezolanas el 8 de octubre de 2018.
Albán se encontraba detenido en el piso 10 del edificio sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), cuando cayó al vacío por una ventana. La versión oficial ofrecida entonces por el propio Saab era que el opositor se había suicidado.
Sin embargo, en septiembre pasado, el informe de la misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela de la ONU manifestó “fuertes reservas” sobre la posibilidad de que Albán hubiera cometido un suicidio y dijo tener “motivos razonables para creer que funcionarios públicos estuvieron involucrados en su muerte”.
Este sábado, el fiscal general anunció que dos funcionarios del Sebin habían sido detenidos e imputados por varios cargos en el caso de Albán, incluyendo homicidio culposo.
¿Qué significa?
Pero, ¿qué lectura se puede dar a estos hechos recientes?
“Lo que hay es un claro interés de parte del gobierno de Maduro de ver si puede lograr alguna flexibilización en la política de Estados Unidos. Ellos buscan algún tipo de alivio ante las sanciones y la posibilidad de tener algún futuro político en un posible futuro poschavista”, dice a BBC Mundo Geoff Ramsey, director para Venezuela de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), un centro de estudios con sede en la capital estadounidense).
Señala que el gobierno del presidente Joe Biden no concibe las sanciones como un fin en sí mismo sino como un medio para lograr el objetivo final de tener una elecciones “libres y justas” para la presidencia y para la Asamblea Nacional.
“Si vemos la conformación de un CNE creíble con concesiones importantes en términos de condiciones electorales, quizá podríamos ver una respuesta parcial de parte de Estados Unidos con algún tipo de alivio a las sanciones, pero nunca va a haber un levantamiento total sin que antes haya elecciones presidenciales libres y creíbles en Venezuela”, afirma.
“El gran problema aquí es que la concesiones tienen que ser atractivas y creíbles para Washington porque hay incentivos políticos en Washington que favorecen la inercia”, agrega.
Este lunes, un funcionario de la Casa Blanca dijo a la agencia Reuters que Maduro estaba “enviando señales” pero que el gobierno de Biden no aliviará las sanciones si no hay pasos concretos hacia unas elecciones libres en Venezuela.
De acuerdo con esa agencia, el comentario parecía responder a las especulaciones sobre la posibilidad de que la Casa Blanca bajara la presión sobre Maduro en respuesta a gestos como el acuerdo con el Programa Mundial de Alimentos o a la excarcelación de los exejecutivos de Citgo.
Ramsey reconoce que el hecho de que sea justamente el sector de la oposición vinculado a Guaidó el que se esté oponiendo abiertamente a la designación del CNE significa una dificultad importante, pero apunta que lo que ocurra también depende de los otros partidos de oposición y de la comunidad internacional.
Desde su punto de vista, los otros partidos grandes de la oposición, como el que lidera el excandidato presidencial Henrique Capriles, tienen una estructura regional más grande que Voluntad Popular (el partido de Guaidó y de su mentor, Leopoldo López), por lo que son más proclives a participar en los comicios regionales de final de año. “Ellos entienden el valor de no perder esa relevancia en el interior del país”, apunta.
Explica que la actitud de rechazo al nuevo CNE y a la convocatoria de elecciones regionales este año -sin que antes haya comicios presidenciales y legislativos- dependerá también de la lectura que haga la comunidad internacional, cuyo apoyo da legitimidad y soporte a la oposición.
“Si la oposición decide buscar una salida que no sea un acuerdo político pactado con el apoyo internacional, va a perder mucho impulso”, asegura.
Aunque, claro, antes de que la oposición se enfrente a ese dilema, será necesario que el oficialismo venezolano esté dispuesto a ofrecer concesiones significativas en términos de condiciones y garantías electorales que cumplan con los estándares internacionales. Algo que la mayoría de la oposición y la comunidad internacional consideran que no ha ocurrido desde 2015.
BBC News
