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El juez Miguel Ángel Gálvez hizo público que lo han seguido en dos vehículos sin placas.
En el caso del Diario Militar, donde se ligó a proceso a un grupo de militares retirados, se conocieron denuncias publicas respecto a seguimientos, en vehículos sin placas, hacia fiscales del Ministerio Público, abogados de la PDH y al juez Miguel Ángel Gálvez.
El juez Gálvez hizo público que le han dado seguimiento en dos vehículos, sin que se haya percatado que tenga placas de identificación. “Con mucha pena también siento que me han dado seguimiento”, expresó el juez.
Además, Gálvez declaró que tiene medidas precautorias de parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y sería de notificar lo ocurrido.
“No hay ningún tema de ideologías. Si en determinado momento he hecho comentarios en relación al ejército, he entendido que lo que pasó fue que al Ejército lo instrumentalizaron”, expresó.
El juez Gálvez también hizo público denuncias hacia la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), entidad que actúa como querellante adhesivo en la causa judicial.
“Voy a remitir un oficio a la PNC para que se le dé la protección a la PDH, o al menos que haya un control directo para que cuando ocurra eso se pueda llamar a la PNC”. La denuncia de los abogados es que vehículos sin placas rondan las instalaciones de la procuraduría.
Mientras el fiscal del caso Erick de León denunció: “Los fiscales hemos sido perseguidos han llegado a entrevistar a investigadores a la DICRI”, señaló. “Se harán las denuncias correspondientes del seguimiento y persecución que hemos tenido ”Erick de León, fiscal del caso Diario Militar
El 10 de junio el juez Gálvez concluyó la audiencia de primera declaración donde ligó a proceso penal a los primeros implicados en el caso del Diario Militar.
Entre ellos a Jacobo Salán Sánchez quien fue subjefe del grupo de adiestramiento y operaciones especiales kaibiles del Estado Mayor de la Defensa Nacional entre septiembre de 1983 a marzo de 1985.
Fue asesor de seguridad cuando Alfonso Portillo fungió como presidente de Guatemala. Figura en otro proceso penal donde se le acusó de trasladar junto a otra personas, diez millones de quetzales en efectivo sustraídos del banco Crédito Hipotecario Nacional, por órdenes de Portillo.
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