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A pesar de la sentencia de la Corte de Constitucionalidad, que prohíbe que sus magistrados sean perseguidos por sus resoluciones en el ejercicio del cargo, la alianza del oficialismo aprobó realizar la conformación de la Comisión Pesquisidora que se encargará de recomendar al pleno de diputados si es pertinente o no retirarles la inmunidad a los togados Gloria Porras y Francisco De Mata Vela.
Previo aprobar la agenda de la sesión plenaria de este martes, la bancada Semilla solicitó retirar de la agenda el punto para conformar la Pesquisidora, puesto que señalaron que era ilegal hacerlo, por la sentencia que emitió la CC, pero la petición no fue aprobada.
La Junta Directiva del Congreso le dio lectura al expediente del antejuicio en contra de Porras y De Mata Vela, por lo que procedió con la conformación de la Comisión Pesquisidora, a través de un sorteo entre los 160 diputados, la cual quedó integrada de la siguiente manera:
Presidente, Mario Taracena, Unidad Nacional de la Esperanza (UNE)
Secretario, Daysi Guzmán, VAMOS
Vocal I, Jaime Lucero, Unión del Cambio Nacional (UCN)
Vocal II, Oto Leonel Callejas, TODOS
Vocal III, Arnoldo Figueroa, de la facción de UNE, que apoya a la expresidenciable Sandra Torres, quien enfrenta un proceso penal por financiamiento electoral.
UNE SE PRONUNCIÓ
Horas antes de la sesión plenaria, la bancada UNE ofreció una conferencia de prensa, para dar a conocer que no participarían en la misma, por no estar de acuerdo con la conformación de la Pesquisidora, ya que señalaron que dicha acción era ilegal.
El diputado Oscar Argueta indicó, que de ser electo uno de los integrantes de la UNE para conformar la Pesquisidora, se inhibirían, sin embargo, esta decisión tendrá que ser avalada por el pleno de diputados, explicó.
“Si no es aceptada, entonces, nosotros entraríamos a razonar, a la hora de emitir el dictamen de la Pesquisidora, acerca de la legalidad o ilegalidad de esa Comisión”, detalló Argueta.
ANTECEDENTES
El 10 de octubre de 2019, el pleno de la CC integrado por los magistrados Dina Ochoa (reelecta por el mismo Congreso), Neftaly Aldana, María Cristina Fernández García, Mynor Par Usen y Henry Comte, dictó sentencia en los expedientes 162-2019 y acumulados, en donde se hizo acopio de la jurisprudencia del máximo Tribunal Constitucional sobre situaciones como estas.
Los togados otorgaron un amparo, haciendo referencia a que cualquier procedimiento iniciado que conlleve la persecución de los magistrados de la CC, por la emisión de fallos dictados en el ejercicio de su cargo, no procede debido a que no pueden ser perseguidos penalmente por las resoluciones emitidas.
En esa oportunidad, se le ordenó a la Corte Suprema de Justicia que, en futuras ocasiones, se abstuviera de admitir trámites de antejuicios contra los magistrados de la CC, relacionados con los fallos emitidos por dicha Corte. Es decir que este antejuicio, debió ser rechazado in limine, tal y como en otras ocasiones han dictado fallo los togados.
Sin embargo, el pleno de la CSJ se inhibió de conocer el antejuicio presentado por la Asociación de Dignatarios de la Nación de la Asamblea Nacional Constituyente, por una resolución que emitieron en 2019, cuando el entonces presidente, Jimmy Morales y su canciller, Sandra Jovel, intentaron expulsar del país al embajador de Reino de Suecia, Anders Kompass.
Esta acción proviene de la Asociación de Dignatarios que desde 2019, La Hora ha reportado existe un Convenio entre ellos y el Congreso de la República para su financiamiento incluyendo ese año un único aporte de Q600 mil e incluso se le ha considerado por parte de ese organismo para dotarlos de Q5 millones el año pasado, propuesta que no prosperó.
LaHoraGT
